En nuestras élites políticas (nacionales y autonómicas) los taimados lo ocultan y los tontos lo ignoran placenteramente, pero está bastante claro y por pura responsabilidad debería asumirse explícitamente: los gigantescos paquetes de ayuda que ha diseñado y consensuado la Unión Europea no son a cambio de nada. Es inevitable quedarse pasmado cuando en el Parlamento de Canarias escucha uno simplezas espeluznantes en boca de ciertos portavoces del PSOE y Podemos, según las cuales a los eurócratas se les descongeló el alma y se dieron cuenta repentinamente que solo se puede ser socialdemócrata en la vida. Uno ha llegado a escuchar que Bruselas –es decir un denso entramado institucional y jurídico de ámbito continental que funciona hace más de medio siglo– ha venido a coincidir con la filosofía política de Podemos, menos mal que se han espabilado estos tipos lluviosos y de cerebro gris marengo. El nivel de soplapolleces de la izquierdita mesiánica ha llegado a ser asfixiante. La UE ha definido su modelo político y económico y uno de sus frentes de combate es la armonización fiscal en toda la Unión. Ese modelo ni se ha eliminado ni se ha modificado esencialmente: solo se han suspendido coyunturalmente mecanismos como la regla de gasto y se ha sacrificado excepcionalmente la contención del gasto público. Los que aplauden con las orejas el río de miles de millones de euros para ayudas directas y los fondos NG para la modernización de la economía española deberán defender ante su electorado el cumplimiento estricto de las contrapartidas exigidas por Bruselas. Para empezar, y haciendo gala de su habitual cinismo buenrrollista, el Gobierno de Pedro Sánchez hizo público 24 horas después de las elecciones de la Comunidad de Madrid la última actualización (lleva unas cuantas) del Plan de Recuperación y Resilencia, que incluye una ristra impresionantes de incrementos fiscales para este año pero, sobre todo, para 2022 y 2023, sin excluir el pago por la utilización de autovías. Cabe esperar que Canarias no se vea afectada por esta última medida. Atención: si el presidente Ángel Víctor Torres visita tres veces seguidas Madrid para impedirlo es que lo harán.
Por supuesto que hay más: un plan de ajuste presupuestario a medio plazo (lo deberá hacer quien gobierne a partir de 2024) para comenzar a embridar el déficit y regresar al objetivo de una deuda inferior al 60% del PIB, la imprescindible reforma de las pensiones públicas y la recuperación del factor de la sostenibilidad financiera para garantizar la continuidad del sistema, combatir el desempleo estructural y la altísima tasa de temporalidad laboral, quieras o no, a través de una reforma del mercado de trabajo, potenciar la unidad de mercado y alcanzar un consenso básico sobre el modelo educativo del país, entre otras muchas cosas. Por ejemplo, las españas no avanzarán si no se produce una reforma de la gobernanza y la gestión de las universidades públicas y se intensifica la colaboración de las mismas en proyectos público-privados reorganizando el sistema español de I+D+i. ¿Cuál será el papel de las universidades canarias, por ejemplo, en los proyectos de inversión en las islas que pretendan optar a la selección para los fondos New Generation?
Casi todas las reformas y cambios deberán enfrentarse con importantes incentivos en su contra, con intereses corporativos furibundos, con pegajosas inercias ideológicas. Pero sobre todo con los temores y reservas de un Gobierno que ha anunciado un maná financiero casi inagotable sin musitar una palabra sobre las transformaciones estructurales – y no solo los beneficios tintineantes– que implican las ayudas europeas.
