El camarero o el dueño se acercan casi en plan confidencial y te reclaman al oído, con vergüenza, el nombre, apellidos y móvil. Quedas fichado entre el montón de papeles que hay al lado de la cafetera por si explota en el local un brote de coronavirus. La acción de desvelar la identidad fortalece un vínculo de cercanía: no es el miedo a entregar la privacidad a una multinacional que agobia a los ciudadanos con cientos de mensajes sobre sus productos, y que los persigue a través del celular para ver en qué comercio se han metido y qué marca de lavadora se van a comprar. En el bareto o la cafetería hay un favor mutuo: ellos tienen que abrir para subsistir y el cliente necesita reponerse. No conozco todavía ningún caso de rebeldía, donde el encargado pague el pato por la normativa del gobierno, aunque hay mayores a los que hay que explicarles más de una vez el asunto para que no se crean que están siendo víctimas de una estafa. Desvelar la identidad conlleva un control riguroso, que sería un auténtico caramelo para un régimen político vigilante de los actos revolucionarios. El personal de restauración y hostelería, dada la cantidad de información acumulada, vendría a ser un brazo armado del ministerio del interior. Pero no es el caso. Los que vamos siempre al mismo sitio fantaseamos con los añadidos que se le pueden hacer a la ficha: toma cortado; pide media baguette con queso y aguacate; unas veces zumo de pera y piña de bote; otras agua; no se contenta con una sola servilleta; le ha subido el colesterol y rechaza la base de mayonesa en la tostada; ahora tiene azúcar y pide todo amargo... Total, una base de datos cuya finalidad sería el acercamiento entre propietario (o camarero) y consumidor, útil para combinar un diagnóstico de coronavirus con el comentario habitual: «era un tipo sano que se cuidaba mucho. Seguro que dentro de una semana está de nuevo por aquí y le volveremos a abrir ficha. O no, nunca se sabe, aunque hasta ahora no ha pasado nada».
