El tufo de la judicialización de las restricciones de la pandemia por la caída del estado de alarma no ha tardado en manifestarse. El TSJC tumbaba ayer el toque de queda, una de las medidas que más afecta al libre albedrío ciudadano, y el Gobierno de Canarias recurría la decisión ante el Supremo. Y todo durante un domingo, día de guardar en la «invicta», dice el auto urgentísimo, de la muy leal y noble Plaza de Santa Cruz de Santiago de Tenerife, donde en jornada dominical no se menea ni una mosca. Los magistrados poco menos que llaman al Ejecutivo regional a militarizar las calles para impedir el placer de la nocturnidad, pues disfruta de medios para corregir conductas dispersas mejores que el manoseo de un derecho tan fundamental como el de la libertad. No sé si hay agentes y soldados suficientes para vigilar cada una de las esquinas del mapa urbano y funcionarios para tramitar las multas disuasorias. Pero son asuntos que se las trae al pairo a los excelentísimos, pues «no se aprecia ningún motivo en cuya virtud pueda defenderse razonablemente» que las conductas de riesgo resulten aún más peligrosas si se ejecutan en horario nocturno. La elucubración parece de gente que no frecuenta el horario nocturno ni ha estado al corriente del mayor nicho de las indisciplinas contra el toque de queda: en su mayoría fiestas en viviendas privadas. El conflicto entre el derecho a la libertad y el derecho a la salud es patente, y el auto se decanta por el primero al considerar que el Gobierno canario dispone de medios menos lesivos que el toque de queda para proteger la integridad de los ciudadanos. El Supremo tendrá la última palabra, pero mientras no estaría mal que Torres y CIA reflexionasen sobre cuáles son los instrumentos a los que se refieren los magistrados. Y además, asombro y perplejidad sobre tanta pulcritud doctrinal frente a una de las grandes crisis del planeta, una auténtica guerra sin cuartel. Pero ellos en su mundo y los ciudadanos a protegerse.
