Rueda de prensa del presidente Pedro Sánchez. Enseguida lo deja claro: no, ni volverá el estado de alarma ni el Gobierno emprenderá ninguna acción o modificación legal ni – esto no lo dijo pero fue bastante evidente – considera siquiera que la presente situación merezca un mísero debate parlamentario. Y luego la frase que repitió tres o cuatro veces: “las comunidades autónomas tienen las suficientes herramientas legales para luchar contra la propagación del virus”. El presidente, sin duda para no ser pesado, no concretó jamás tales herramientas, por más que se pueda suponer que se refiere al real decreto por el que se modificó la ley de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, cuya lectura convierte en prosa cristalina cualquier novela de Julián Ríos. De inmediato añadió Sánchez que en tres meses –es decir, a mediados de agosto – el 70% de la población española estaría vacunada. Así que, ¿qué problema hay?
El problema es bastante sencillo si apartamos las hojas del cinismo camastrón de Sánchez y los gurús de la factoría de Iván Redondo, que son los que están tomando las decisiones estratégicas según la coherencia de un relato reescrito continuamente. Los gobiernos autonómicos pueden dictar normas regulativas en materia de sanidad y en espacios cerrados. Todo lo demás, salvo en el caso de reuniones de personas no convivientes en encuentros sociales, y cae estrictamente fuera de su capacidad normativa, con o sin la puñetera reforma de la LJCA. Sin embargo, el empecinamiento del Ejecutivo regional en mantener el toque de queda tiene causas básicamente logísticas y económicas. Los magistrados del TSJC observan, “a título meramente ejemplificador”, que el control de los que deambulan en horas nocturnas se puede realizar con la aplicación de la Ley de las Actividades Clasificadas o la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Sin duda. Pero eso exige una vigilancia policial más intensa y extensa – más agentes y patrullas en la calle durante las madrugadas -- y augura una elevada conflictividad en los juzgados. El toque de queda es inequívoco y su coste –denuncia, multa, horas perdidas para el infractor – acojona a cualquiera. La Ley de Actividades Clasificadas no. Por esa razón, por su mayor eficiencia y eficacia, porque simplificaba mucho las cosas organizativa y logísticamente en términos policiales, y porque era relativamente más barato, ya son muchos jefes y jefecillos autonómicos los que añoran el estado de alarma.
El presidente Torres preguntó algo cuya respuesta ya conocía de antemano – si el recurso al Tribunal Supremo le permitía seguir instrumentando el toque de queda – y el TSJC no ha dejado lugar a dudas: no. Así que el Gobierno regional ha suspendido la medida. Lo realmente preocupante es que los mismos ciudadanos a los que les importó un higo pico un semestre ininterrumpido de estado de alarma ahora están dispuestos a encadenar bonchos hasta el fin del mundo: los wasap de miles y miles de adolescentes canarios han estado echando humo todo el día. Hasta que el Supremo se pronuncie – se le presiona para que lo haga antes del próximo domingo – puede dispararse la tasa de contagios. Los ciudadanos son los que tienen la palabra. ¿Son los canarios lo suficientemente adultos y responsables para afrontar los tres o cuatro próximos meses sin la restricción que supone un estado de alarma? ¿Admitirán en su vida cotidiana la responsabilidad como correlato de la libertad? Como un servidor tiene sus dudas quizás no sería superfluo, en esta penúltima fase de la pandemia, una comparecencia de todos los dirigentes políticos de los partidos con representación parlamentaria pidiendo a sus conciudadanos, con una sola voz, la libertad dignificada por la responsabilidad, la responsabilidad que exige toda libertad.
