Nunca hemos tenido tanta y tal incesantemente actualizada información sobre lo que está pasando y menos capacidad analítica para digerirla interpretativamente. El asfixiante presente tiende a ser incomprensible y el futuro amenaza por sorprendernos por la espalda, porque todos sabemos, con la probable excepción de los diputados del Parlamento de Canarias, que ya nada será igual en el mundo poscovid. Se me antoja que se multiplican las esperanzas erróneas y los harakiris ideológicos.
Por ejemplo, toda esa buena gente, a la izquierda, a la que les ha dado por solemnizar que la Comisión Europea se ha vuelto neokeneysiana y que vamos embalados hacia una hegemonía progresista en occidente. Ya los podemitas proclamaron en su momento que la UE venía a coincidir con los postulados del gran Gobierno español, hace muy poco la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló que Joe Biden estaba haciendo lo mismo que Pedro Sánchez y su equipo. Todo esto es un error a la vez gigantesco, narciso e infantiloide. Lo que están intentando las élites política europeas no es la transformación social hacia un capitalismo con rostro humano y corazón redestribuidor, sino evitar el desplome del sistema o la cronificación de sus disfunciones más graves. Y en ese esfuerzo, tal y como lo ha descrito Esteban Hernández, pueden detectarse fuerzas contradictorias entre los intereses políticos, financieros y empresariales mejor brindados: los que apuestan por la continuidad de una economía básicamente financierizada y los partidarios de un escenario futuro en el que necesariamente debe reconfigurarse el sistema: límites legales efectivos a las grandes plataformas tecnológicas, reconstrucción de una base industrial para Europa reduciendo la externalización de actividades industriales, fortalecimiento de los sistemas públicos de I+D+i, avance hacia una fiscalidad transnacional. Sin embargo, ambos lados comparten objetivos fundamentales: es necesaria una administración pública más eficaz y ligera, un mercado de trabajo más elástico y abierto, unas condiciones laborales más competitivas, unos sistemas de pensiones públicas menos generosos, pero más sostenibles. La expansión del gasto público a gran escala es una técnica para reactivar la economía privilegiando lo verde y lo digital –lo que le gusta a la izquierda– y desarrollar reformas a favor de una mayor competitividad y un estado de bienestar limitado –lo que rechaza–. Sin embargo es lo que la UE ha decidido para sí misma: dos caras de una única moneda.
Si se suman los fondos extraordinarios y los fondos estructurales del presupuesto plurianual España recibirá de la Unión entre 2021 y 2027 unos 170.000 millones de euros. Alrededor del 12% del PIB español de 2019. Es muy difícil gastar eficazmente esa cantidad. De los modestos 12.300 millones de fondos estructurales del periodo 2014-2020 los gobiernos españoles solo pudieron gastar el 65%. Específicamente el reto de Canarias es muy delicado. Es muy improbable que volvamos a ver por aquí diez o doce millones de turistas anuales, así que, sencillamente, nos jugamos un futuro viable en el próximo lustro. Sin una visión estratégica global e integral de proyectos e inversiones –y esa visión ha de ser política, aunque el modelo debe basarse en la colaboración público-privada– fracasaremos miserablemente: energías renovables, impulso e innovación en el sector agropecuario, economía azul, exportación de know how a África. No está mal si se saben gestionar sinergias y complementariedades, pero persiste un problema central: no habrá durante varios años un sector tan catalizador como el turismo para incentivar una agricultura y una industria renovadas y renovadoras. Un problema poco manejable y muy amenazador.
