El botellón ha pasado a ser el principal oponente del orden que se trata de suturar tras la caída del estado de alarma y el fin del toque de queda por la gracia bendita de los magistrados. Tanto es así, que Torres y CIA han estirado hasta las doce de la noche el cierre de locales para ver si con ello frenan estas reuniones frenéticas en torno al alcohol, donde no se teme a la muerte sino a que se acabe la bebida y nadie la reponga.
El psicoanalista Enrique Cortés decía el otro día en este periódico: «Hay que entender los botellones de adolescentes porque perder el contacto es perder la vida». Desde este punto de vista, el poder político y policial tiene todas las de perder frente al ritual alcohólico, puesto que no hay ningún local que ofrezca una sensación similar a una confraternización masiva por la rebeldía y contra la norma.
No hay literatura ni magisterio que frene lo que en principio puede empezar como un botellón y acabar en una jornada de violencia callejera extrema. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), desde la «invicta» Isla, chamuscó el toque de queda e invitó a Torres y CIA a utilizar herramientas menos invasivas con la libertad. Contra un botellón alcoholizado sólo se conocen dos sutilezas válidas: meter en ambulancias a los que están en coma etílico y, en cuanto al resto, pedirles por megafonía que vuelvan a sus casas a vomitar. En caso de desobediencia, pues repartir leña a diestro y siniestro. Nadie se debe rasgar las vestiduras por ello, la opción está amparada por los jueces excelentísimos, y nada es más épico en los años adrenalínicos del amanecer adolescente que correr delante de un policía. Ya irán los padres de las criaturas a la comisaría a poner la denuncia por llenar a sus retoños de moretones. Pierde un tiempo valioso el Gobierno ofreciendo la cháchara sobre el antibotellón como si esto tuviese que ver con la Institución Libre de la Enseñanza (ILE). Hay que recuperar la normalidad, y una parte superlativa de la misma es aplicar opciones frente al conflicto.
