La avalancha de miles de jóvenes, con o sin familia, que llegan a la costa de Ceuta va más allá del contencioso sobre el Sáhara Occidental o de las ambiciones expansionistas de Marruecos, que sin ambages de ningún tipo alcanzan a las Islas Canarias como bien ha demostrado el reino con su cartografía marina posesiva.
Todo ello está ahí. Pero también la existencia de un régimen semifeudal, sin estima por la libertad y los derechos de las personas, que haciendo valer su condición de aliado amigo en la zona recibe importantes compensaciones económicas de la UE y de España sin que hasta ahora hayan servido para el progreso socieconómico del país. Una prueba de ello es el éxodo de miles de personas pobres que aspiran a un paraíso, y que se han tirado al mar a la desesperada nada más recibir el visto bueno de los gendarmes de Marruecos. La avalancha desde las barriadas miserables de Castillejos explica, por sí sola, la complicidad y la doble moral del orbe más demócrata, dedicado a nutrir a una monarquía autoritaria capaz de utilizar a su pueblo como moneda de cambio cada vez que el trono se siente molesto. España ha sido uno de los estados más beligerantes en el seno de la UE para que Marruecos reciba un trato de favor con ayudas económicas, un empeño, a la vista está, que es un arma de doble filo: no es un socio preferente, sino una víctima del despotismo diplomático que se cuece en Rabat. La sucesivas advertencias al gobierno de Sánchez sobre las «consecuencias» que tendría el ingreso hospitalario del líder polisario Brahim Ghali han desprestigiado a la soberanía. Pero ha sido el desenlace de la tensión lo que debería dar lugar a un punto de inflexión en las relaciones: ya nada puede volver a ser como antes, sobre todo porque el pueblo marroquí se merece un futuro democrático, mayor bienestar social y económico, y no a un autócrata que lo utiliza para sus desmedidas ambiciones personales. Lo tiene que tener claro España, pero también la UE, Estados Unidos y la ONU.
