La ocurrencia de celebrar un consejo de gobierno extraordinario para aprobar el decreto que regulará el reparto a pymes y autónomos de los 1.114 millones de euros que se han recibido por el Gobierno central partió (me cuentan) del viceconsejero de Comunicación del Ejecutivo regional, Ricardo Pérez. El señor Pérez es un profesional experimentado que no tiene rapajolera idea de comunicación política –y se nota y a todos les da igual– pero sabe de publicidad (caramba, qué déjà vu más curioso me acaba de estremecer). No existe, por supuesto, ninguna justificación para reunir al Gobierno – y poner en marcha la maquinaria administrativa y logística indispensable para ello –a fin de mandar al Boletín Oficial un decreto-ley. O más cómicamente todavía, para que el presidente y el vicepresidente les expliquen alborozados el contenido del decreto a los consejeros, como en una amistosa masterclass, con algún comentario sonriente de Elena Máñez, quien siempre tiene una sonrisa para un comentario y viceversa. Una vez terminada la conversa Torres Rodríguez y Mañez ofrecieron una rueda de prensa, que era de lo que se trataba y para lo que estaban presentes. Estoy seguro que no será la última sobre la materia. Rodríguez es perfectamente capaz de convocar a los medios de comunicación cada vez que se agoten cincuenta millones del montante global, de la misma forma que Pedro Sánchez monotoriza los vacunados y los anuncia como los niños de San Ildefonso cantan las pedreas. A esos 1.114 millones de euros hay que sacarles hasta la última gota de impacto mediático.
Sí, es un pastón. Un pastón imprescindible que, aunque llega tarde, todavía puede salvar cientos de empresas y de trabajadores autónomos después del cierre de tantos pequeños negocios y comercios de Canarias durante el último y terrible año. Los ERTE y los créditos ICO no son suficientes. El objetivo central es reducir todo lo posible cierres empresariales, deudas inasumibles y creación de desempleados. El periodo de solicitudes, eso sí, no se abrirá pasado mañana, sino el 15 de junio. El Gobierno de Canarias –en colaboración con las cámaras de comercio -- va a disponer de poco más de seis meses para gestionar la asignación de los recursos: un plazo ligeramente estremecedor. Es un poco incomprensible la metodología empleada por el Gobierno central y aceptada – casi con entusiasmo, como era de prever – por sus homólogos autonómicos. Las ayudas habrían sido más rápidas y eficaces en países en las que se han ingresado por el gobierno central –que tiene a su disposición la información tributaria de los interesados – y cuando se han formulado como indemnizaciones, no como subvenciones. Pero es lo que tiene la feliz cogobernanza autonómica: si hace falta que empresas y ciudadanos esperen un ratito más, que esperen. Un detalle: esos 1.114 millones de euros no han llegado todavía a Canarias. No han llegado aún a ninguna comunidad autonómica. Cabe esperar que en antes de 45 días, cuando ya estén decididos los beneficiarios, el dinero esté ya en manos de la Consejería de Hacienda.
Que haya llegado tarde, pero que no lleguen (excesivamente) mal y que las prisas –que las hay – no sirvan de excusa para eludir la transparencia en los procedimientos. Y que se recuerde que esto es para salvar el pescuezo, para pagar los alquileres, abonarle a los proveedores, atender a los gastos estructurales del negocio: agua, energía eléctrica, limpieza, maquinaria en su caso. Es un flotador imprescindible, pero limitado, para llegar vivos a la incierta playa de la recuperación, que no será de arena blanda y dorada, sino de callaos duros y puntiagudos.
