El pasado 1 de junio entró en vigor la nueva estructura de la factura de la luz. En paralelo, el precio mayorista de la electricidad (que repercute sobre el 35% de la factura) ha escalado hasta cifras históricas. Se trata de dos circunstancias diferenciadas, sin conexión de causa y efecto. O así debería ser: la vicepresidenta Teresa Ribera ha reclamado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que vele porque no se produzca algún «comportamiento irregular o mala práctica de mercado» para incrementar el precio final de la luz justo ahora. Esta comunicación puede tener como motivo que haya sospechas por parte de la Administración, o bien se trate de un gesto para rebajar el coste político de la inquietud generada en las últimas semanas. En ninguno de los dos casos ayuda a disipar las dudas ni los recelos que cunden justo en el momento en que el nuevo modelo de facturación debía ser un paso adelante para aclarar la opacidad de este mercado para el consumidor.
Dos ministros de Unidas Podemos, la de Derechos Sociales, Ione Belarra, y el de Consumo, Alberto Garzón (Izquierda Unida), se han sumado a las diversas asociaciones de consumidores y sindicatos que han instado a meditar sobre los efectos que la nueva facturación tiene para los ciudadanos. Entre las demandas se cuenta adelantar el tramo valle nocturno (el más barato de lunes a viernes) dos horas, desde las 00.00, cuando buena parte de la población está durmiendo, a las 22.00. El portavoz de la formación morada en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, se mostró partidario de atender a las protestas y rectificar como, en su opinión, corresponde a “un gobierno progresista”.
La nueva factura divide en tres franjas horarias los precios con mucha distancia entre las denominadas punta y las valle y llanas. Este modelo tiene como objetivo redistribuir el consumo de forma más uniforme a lo largo del día para racionalizar la generación de energía, algo que tendría beneficios tanto económicos como ambientales. Y el sobrecoste para el usuario, dependiendo de que ajuste o no sus hábitos de consumo, debería ser de unos pocos euros al mes a favor o en contra, o incluso neutro, sin necesidad de prácticas extemporáneas como centrifugar la colada durante la madrugada, si el consumo se traslada al fin de semana o a las horas llanas. La diferencia de precio sería, en este diseño, más bien una «señal» para racionalizar el consumo.
Sin embargo, hasta que las facturas empiecen a llegar no se comprobará si el resultado final es este, o si bien los consumidores -millones de ellos aún en un régimen de teletrabajo imposible de compatibilizar temporalmente con los cambios horarios que se quieren estimular- se toparán con un encarecimiento del suministro especialmente sangrante en el contexto económico actual: de ser así, quizá se podría concluir, por ejemplo, que la distancia entre las horas de mayor y menor coste quizá podría haber sido no tan radical como se ha definido.
Pero tras este hipotético encarecimiento de las próximas facturas de la luz influye otro factor. El precio mayorista de la luz se ha disparado por el impacto que ha tenido en él el de las centrales de gas de ciclo combinado. Este tipo de generación está penalizada por los derechos de emisión de CO2, cuyo coste se ha disparado tanto por la misma naturaleza de esta carga (una medida destinada a redirigir el sistema eléctrico hacia las renovables, con sólidas razones ambientales y que no tiene marcha atrás) como por movimientos especulativos en este mercado. Que entre ellos no figure la oportunidad de enriquecimiento espurio creada por el hecho de que el consumo en horas punta pueda llegar a encarecerse más que notablemente por el efecto combinado de la nueva facturación y la situación del mercado debería ser el objetivo de las averiguaciones de la CNMC. La confusión generada exige transparencia, especialmente cuando sean datos reales, y no vaticinios, los resultados de esta confluencia de una metamorfosis estructural del mercado de la energía y la situación coyuntural del mercado.
El mercado de futuros del CO2 no trae buenas noticias. La presión sobre las fuentes de generación contaminantes se intensifica, como marcan las políticas que ponen coto al cambio climático. Cada vez será más caro producir electricidad en las centrales de ciclo combinado y eso es mala noticia para el sistema eléctrico canario; seis subsistemas, uno en cada isla y el que comparten Lanzarote y Fuerteventura. Según Red Eléctrica de España (REE), el pasado año se atendió el 17,5% de la demanda eléctrica del Archipiélago con fuentes renovables, un gran salto adelante en comparación con el 7,7% de 2013. Esta lectura positiva es tan justa como necesaria, pero aún queda un 82,5% obtenido con tecnología convencional, léase mediante la combustión de hidrocarburos en esos ciclos combinados. Traer el fuel a las Islas y asumir el paulatino incremento de precios de los derechos de emisión de CO2 es mucho más caro que aprovechar el viento y el sol.
En la medida en que los parques eólicos y fotovoltaicos proliferen, y con ellos los elementos que permitan el almacenamiento de los excedentes (baterías, Chira-Soria...), se abaratará el extracoste que supone Canarias (y Baleares, Ceuta y Melilla) para el sistema eléctrico estatal y que asumen solidariamente todos los ciudadanos del país. La reducción de la diferencia entre el coste del megavatio hora peninsular y el canario es uno -entre muchos otros- de los elementos que pueden abaratar la factura y lograrlo pasa por reducir la dependencia del petróleo.
