Para un primer párrafo corto, claro y taxativo: la potestad del indulto corresponde al Gobierno y no a los tribunales, el informe que en su caso emite el Tribunal Supremo no es vinculante y la ley no exige que para merecer el perdón y la suspensión total o parcial de la pena impuesta sea requisito previo proclamar arrepentimiento alguno. Por eso los indultos que practicará en los próximos días el Gobierno presidido por Pedro Sánchez serán perfectamente legales y legítimos. Pero que estas circunstancias queden claras no es suficiente para mariachis y corifeos que respaldan la decisión del Ejecutivo de indultar a los condenados por diversas actividades delictivas como impulsores del procés: la ruptura del orden constitucional, la abrogación del Estatuto de Autonomía, el desfalco para financiar un referéndum ilegal, el uso de la violencia coercitiva. Porque los apologetas más jacarandosos, irresponsables y/o cantamañanas del indulto gubernativo siempre evitar recordar, siquiera brevemente, por qué delitos están en prisión –por cierto, en un régimen carcelario singularmente benévolo en la mayoría de los casos-- Oriol Junqueras y sus amigos y compañeros. No lo hace, solo por poner un ejemplo, Santiago Pérez, senador, concejal de Urbanismo y hasta penene jubilado en un reciente artículo titulado “La explicación que nos debe el Tribunal Supremo”.
No, lo interesante no son ni las condenas ni los argumentos (esencialmente políticos) para justificar los indultos, sino el Supremo, que Pérez (como tantos otros hermeneutas en los últimos meses) dibuja entre líneas como un aprisco de reaccionarios que mugen contradicciones a placer y cuando se les antoja. Es tan escandalosa la contradicción del Tribunal Supremo, apunta el señor Pérez, que urge una explicación. Por desgracia, las contradicciones que detecta el senador y penene son harto discutibles, no obviedades técnico-jurídicas, y su análisis (por llamarlo de algún modo) solo se sostendría si, en idénticos delitos e idénticas circunstancias, el Supremo hubiera cambiado arbitrariamente su criterio. También es delicioso que el articulista cite los indultos de Barrionuevo y Vera en 1998 desde una evidente actitud negativa. En 1998 Pérez era senador socialista por Tenerife y miembro de la dirección del PSC-PSOE y no pronunció ni media palabra crítica sobre el perdón concedido al exministro y al exsecretario de Estado. Si las críticas se centran una y otra vez en el Tribunal Supremo – el artículo al que me he referido no es el único, ni siquiera el más ácido, entre muchos del mismo jaez – es porque el auténtico objetivo es deslegitimar la cúspide del poder judicial español, fortaleciendo así la legitimidad del Gobierno a la hora de ejercer la gracia del indulto, cuya discrecionalidad sustancial siempre resulta incómoda.
El mismo Pedro Sánchez, hace un par de años se mostraba contrario a indultar, ahora vende la decisión contraria como un acto casi heroico que sanará las relaciones entre el independentismo catalán y el Estado español. La única diferencia entre el Pedro Sánchez de 2019 y el de 2021 es que el segundo necesita los votos de ERC en el Congreso de los Diputados para continuar gobernando. Y solo hay que detenerse en las declaraciones y reacciones de los futuros indultados y de sus fuerzas políticas (despectivas hacia el Gobierno y su hipotética voluntad de diálogo) para calibrar el efecto constructivo de los indultos que se preparan. Y ese el verdadero debate que necesita explicaciones: las supuestas virtudes de unos indultos muy cuestionables y más relacionados con la debilidad parlamentaria del Ejecutivo que con una vía de solución del conflicto catalán. No, no es el TS quien debe una explicación a los ciudadanos españoles, sino Pedro Sánchez, incluidos, por supuesto, los límites negociadores entre el Gobierno y Govern.
