A Fermín Delgado, viceconsejero de Hacienda que le traduce al kikirikí las gráficas y estadísticas a don Román Rodríguez, le ha salido un informe de lo más aparente, en el que evita cuidadosamente molestar a nadie del PSOE (ni a la ministra Montero, ni al Presidente Torres, ni al Ratoncito Pérez) en la vulneración del REF por cargarse el diferencial fiscal en el pago del Impuesto de Sociedades de las producciones audiovisuale realizadas en Canarias, Lo gracioso es que la presidenta del Senado solo informó al respecto al Parlamento de Canarias en el penúltimo minuto, y se olvidó, además, de consultar otras dos modificaciones que se habían introducido en el proyecto de ley contra el fraude fiscal cuyo trámite culminaba en la Cámara Alta. El informe de la Consejería de Hacienda, solicitado por la Mesa del Parlamento de Canarias, también se pronuncia sobre esas dos alteraciones, pero en ningún momento menciona siquiera que lo hace pese a que el Senado no se lo pida. Los dos cambios mencionados son informados «de forma favorable»; lo de las producciones audiovisuales «se informa desfavorablemente». Es realmente sorprendente que Delgado no precise explícitamente que se informa desfavorablemente porque se vulnera concretos artículos del Régimen Económico y Fiscal, pero que es se trata de un texto que Rodríguez y Delgado remitieron previamente al presidente Ángel Víctor Torres y a Antonio Olivera, el arquitecto del Matrix presidencial. Y un incumplimiento del REF es una anomalía sistémica que Olivera debe no corregir –por supuesto: nadie corrige aquí abajo a una ministra– sino borrar de la memoria. Así que lo mejor es un informe muy técnico y aséptico que no precise gran cosa sobre las razones para aceptar o rechazar una modificación.
Por supuesto esto no es el informe que se remitirá al Senado. El informe preceptivo, aunque no vinculante será el que elabore y apruebe la Cámara regional. Con los cinco folios de Delgado el Gobierno cree que tiene garantizada los dos tercios de los diputados, pero se me antoja muy improbable que la consiga. Especialmente porque ayer la ministra de Hacienda tomó una decisión que ha llevado de nuevo a Torres a prepararse una tortilla de paracetamoles: ha firmado un decreto ley que será publicado hoy y que no consiste en otra cosa que en extraer lo que los socialistas habían incluido en la ley contra el fraude fiscal y decretalizarlo. Como no es admisible la reiteración de un mismo contenido de dos normas legales distintas, cuando la ley antifraude regrese al Congreso de Diputados para su aprobación final le será amputado ese apartado sobre las nuevas exenciones fiscales a las películas en territorio nacional. Pero en su trámite en el Congreso –los decretos leyes deben ser avalados por la Cámara Baja– se deberá solicitar un nuevo informe al Parlamento de Canarias. Es un ordeno y mando inapelable de la ministra Montoro, decidida a cargarse el 80% en la desgravación del cine rodado y producido en el archipiélago para beneficiar a otros territorios y a productoras establecidas en los mismos.
Lo más preocupante de esta situación es, obviamente, el olímpico desprecio del Gobierno español, y muy concretamente de una ministra, hacia el acervo fiscal y económico de Canarias. El REF es una institución jurídica identificada en el bloque de la constitucionalidad de Canarias. Forma parte de la identidad política, institucional y normativa del país y la economía regional no podría desarrollarse fuera del mismo. Que se consienta su vulneración por cualquier gobierno es alarmante y vergonzoso que se pretenda justificarlo con tecniquerías y distracciones, sobre todo, entre aquellos que se proclaman nacionalistas.
