No desde anteayer sino desde hace ya semanas una tropa de tuiteros emboscados –pero cuya relación con el PSOE es bastante obvia– acusa a José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, de convertirse en un Ayuso. Cuando Bermúdez (y luego otros dirigentes de la CC tinerfeña) han criticado la decisión de llevar a la isla de nuevo a la fase 3 (o más exactamente, de incluir en la fase 3 medidas que, a su juicio, son económicamente destructivas sin ser sanitariamente incontrovertibles) ya la divertida acusación se ha generalizado, y después se ha adobado con otros epítetos más tradicionales, como el de insularistas. Pero aquí de lo que se trata, como siempre ocurre con este PSOE, es de construir un relato y elevarlo a condición hegemónica, no a discutir y refutar (si cabe) los argumentos críticos. Pedro Martín, el presidente del Cabildo tinerfeño, incurrió en las mismas críticas y reservas hasta que le mandaron a callar, lo que tampoco, seamos sinceros, le suele costar demasiado.
El mayor rechazo de CC ha estado en la medida de cerrar el interior de restaurantes y bares, que han sufrido lo indecible a lo largo del último año: son muchos los que han cerrado para no volver a abrir y no menos los restauradores endeudados hasta el cuello con los bancos, los proveedores o los propietarios del local. El control higiénico-sanitario y la aplicación estricta de medidas de seguridad anticovid en la gran mayoría de los locales ha sido evidente y las mismas estadísticas de la Consejería de Sanidad indican que los contagios rastreados se han producido mayoritariamente en fiestas improvisadas, en reuniones familiares y en ceremonias como bautizos y bodas, pero las autoridades han insisto tercamente en ordenar lo mismo, exactamente lo mismo que hace más de un año, cuando el virus y su propagación era mucho menos conocido, y la información disponible sobre las condiciones de infección mucho menor. Con todos los datos recabados a lo largo de estos meses se aplican las mismas medidas, seguramente porque es más sencillo tapiar los restaurantes que perseguir las fiestas y las reuniones familiares multitudinarias, aunque sea a un coste económico y empresarial disparatado. Desde la pasado primavera he visto más comportamientos incívicos, peligrosos o inadecuados en las terrazas que en el interior de los establecimientos.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife (y su equipo de gobierno) tendrá su cuota de responsabilidad en la alta expansión de las infecciones de las semanas pasadas, como lo tendrá el de La Laguna, que muestra unas cifras tan preocupantes como las de la capital tinerfeña. Pero las decisiones normativas que regulan las relaciones económicas y sociales frente a la pandemia las toma el Gobierno autonómico. Las toman Ángel Víctor Torres, Román Rodríguez, Blas Trujillo y el resto de los miembros del Consejo de Gobierno como órgano colegiado. Y discrepar de tales decisiones, manteniendo el cumplimiento de la legalidad, es perfectamente legítimo, aunque los argumentos que sostienen esa discrepancia puedan ser válidos o erróneos. Isabel Díaz Ayuso no era ni es ni diputada ni alcaldesa de Madrid, sino la presidenta de la Comunidad autónoma –le dio una somanta al PSOE el pasado mayo– y por eso mismo pudo firmar órdenes que contradecían a veces y se superponían otras a las del Ministerio de Sanidad. Aquí el único que podría ayusarse –por su capacidad competencial– es el presidente Torres, quien, por cierto, no termina de entender que cualquier empresa tiene unos límites financieros de supervivencia que no pueden estirarse indefinidamente. Es pueril demonizar a los que discrepan de una disposición gubernamental en materia sanitaria y exigen un análisis científico y técnico más riguroso de la situación de la pandemia en Tenerife y con respuestas más precisas. Muy pueril pero también muy descansado.
