Canarias se enfrenta de nuevo a un conflicto con el Estado por el incumplimiento de REF en una ley estatal, en este caso una proyecto de ley sobre la lucha contra el fraude fiscal en el que se incluye una disposición sobre las deducciones fiscales a las producciones audiovisuales en las Islas, recortándole el actual 80 % de diferencial en el Impuesto de Sociedades reconocido en nuestro fuero respecto a las del resto del país.

No es por tanto la primera vez que desde las instituciones, las formaciones políticas, o los sectores económicos del Archipiélago se lanza un aviso o advertencia sobre determinados aspectos del REF que no se recogen debidamente en la legislación aprobada en las Cortes, o en decretos del Consejo de Ministros. Ha ocurrido de forma continuada, con distinto grado de afectación y gravedad, a lo largo de los años, pero nunca como en este caso se ha tenido la sensación de que se trata de un incumplimiento premeditado y consciente, y sobre el que el Gobierno central ha rechazado rectificar pese a las advertencias y a las implicaciones políticas adversas que tiene para el propio partido gobernante en el Estado y en Canarias. No cabe, en realidad por tanto, hablar es este caso de incumplimiento del REF, sino de su vulneración, de un recorte puro y duro de los derechos consolidados en uno de los aspectos fundamental del fuero como son las deducciones fiscales a la actividad económica en el Archipiélago como instrumento para atraer inversión.

Tanto en el fondo del problema, el recorte fiscal, como en el procedimiento, su tramitación en las Cortes sin dar cuenta previa a la Comunidad Autónoma, el Gobierno de Pedro Sánchez está actuando de una forma altamente lesiva para los intereses de las Islas, y contra una institución jurídica identificada en el bloque de la constitucionalidad de Canarias.

Más allá del error, por despiste o desconocimiento, ambas causas en todo caso preocupantes, de que no se tocara el tope de las deducciones al cine en Canarias, establecido en 5,4 millones, cuando se elevó en un decreto estatal en mayo de 2020 a 10 millones para el resto del Estado y recortando así el diferencial del 80 % aplicable hasta entonces, lo que ahora mismo está en juego es el cumplimiento tácito y expreso de los derechos del REF, el respeto al propio acerbo económico y fiscal de las Islas, la posibilidad de que cualquier ley estatal en cualquier momento se lo lleve por delante.

Y todo eso lo ha puesto en cuestión de manera clara una ministra del Gobierno de España, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, con su negativa absurda a subir el tope de esas deducciones a los 18 millones con los que se respetaría ese diferencial fiscal para permitir que las grandes productoras y plataformas internacionales de cine y TV mantengan a Canarias como territorio en los que llevar a cabo sus proyectos y rodajes. Y para más inri, con la excusa de que aplicarlo en el ejercicio fiscal de 2020, que las productoras deben liquidar en el próximo mes de julio, tal incremento de esas deducciones produciría una reducción en la recaudación del Impuesto de Sociedades y un impacto en los Presupuestos estatales en vigor de la ridícula cantidad de 1,8 millones.

Se ha tratado a este respecto abrir un falso debate jurídico sobre si realmente la enmienda del PSOE al proyecto de ley utilizado para limitar a 12,4 millones las deducciones suponía un incumplimiento del REF aduciendo que, mientras el artículo 94.1 de la ley 20/1991 recoge el reconocimiento del 80% de diferencial fiscal y que obliga por tanto a elevarlo a 18 millones, en la Disposición Adicional Decimocuarta de la reforma de 1994 se menciona el tope de 5.4 millones, y que no estaba claro cuál de estos dos puntos prevalecía. El espíritu de la ley del REF es claro y en modo alguno se puede interpretar que una disposición pretende un objetivo contrario al fundamento mismo de la norma base, que es la compensación a la lejanía y a la insularidad a través de una fiscalidad menor que en el resto del Estado.

También cabe plantearse cómo es posible que todos estos fallos de control sobre el respeto al REF en los proyectos legislativos puedan sucederse sin que nadie los advierta en el ámbito parlamentario o del propio Gobierno regional. Junto a la que ahora se comenta, otras modificaciones del fuero, aunque menores, se han introducido en este proyecto de ley de lucha contra el fraude que sólo fueron descubiertos muy a última hora. Habrá que extremar el celo en el futuro, tanto en el Congreso y del Senado, como en el Gobierno de Canarias.

El proceder del Gobierno central en todo este debate ha sido opaco siempre, y errático por momentos, pero siempre cuestionando el espíritu del REF. Tras colar la modificación por la puerta de atrás y una vez constatado el rechazo general desde Canarias, intentó la mejora parcial aceptando en el Senado la retroactividad al año 2020 del nuevo tope, pero para evitar que la cámara pudiera votar una enmienda que devolvía el diferencial fiscal al 80 %, Moncloa vetó la propuesta aduciendo su afectación al Presupuesto actual.

El Consejo de Ministros aprobó finalmente el viernes la medida a través de un real decreto-ley que fue aplaudido por el PSOE, mientras que, de forma paralela y contradictora, el Consejo de Gobierno de Canarias daba luz verde al informe de la consejería de Hacienda contrario a la modificación llevada a cabo en las Cortes y cuya aprobación definitiva tendrá lugar en el pleno del Congreso esta semana, ya sin posibilidades de ningún retoque. El movimiento de última hora del Gobierno de Sánchez parece un intento claro de proteger al PSOE canario ante el rechazo general contra la vulneración del fuero, pero ya ha dejado bastante expuesto no sólo a los senadores y diputados canarios en Madrid, sino al propio presidente de Canarias y líder de los socialistas de la Islas, Ángel Víctor Torres, que ha tenido que dar marcha atrás y renegar de la propuesta del Ministerio de Hacienda y que a partir de ahora tendrá que liderar a partir la ofensiva abierta contra el Estado por esta cuestión.

Si el Parlamento de Canarias vota el lunes en sesión extraordinaria y monográfica un informe desfavorable al cambio del REF, con el apoyo de al menos las dos terceras partes de la cámara (47 diputados), se abre formalmente y por primera vez un conflicto institucional entre la Comunidad Autónoma y el Estado para tratar de alcanzar un acuerdo respecto a dicha reforma de la ley económica y fiscal. Si hasta ahora los desacuerdos o reparos desde las Islas hacia leyes estatales que afectaban al REF se limitaban al propio informe del Parlamento regional en los casos de modificación expresa, que siempre han sido favorables, o a la crítica política de turno cuando se interpretaba, por ejemplo, que los Presupuestos estatales no alcanzaban la inversión media estatal a la que mandata el fuero, ahora se trata de una confrontación jurídico-administrativa, además de política, que debe resolverse en la Comisión Bilateral Canarias-Estado.

El refuerzo de las cautelas en el procedimiento para la reforma del REF establecido en el artículo 167 del nuevo Estatuto de Autonomía ancla el propio fuero a una ley orgánica del bloque constitucional y otorga mayores garantías a su respeto y cumplimiento. Pero la batalla que ahora se avecina en el ámbito institucional es de órdago y puede tener importantes repercusiones políticas. Un escenario a todas luces incomprensible y absurdo a la vista de la causa que lo origina, una diferencia de menos de dos millones que el Ministerio de Hacienda se niega a aceptar en la aplicación de una medida fiscal para corregir un error previo del propio Gobierno central. ¿Se puede ser más cicatero y torpe de lo que lo está siendo el Ejecutivo de Sánchez?. Lo dudamos, pero son muchos los ejemplos de que en Madrid con frecuencia no se toman el REF en serio, Y a veces lo desprecian abiertamente. Canarias, sin embargo, nunca debe tolerar su vulneración. Ahora tampoco.