La madurez democrática provoca una mayor conciencia de los derechos de cada uno, y como consecuencia de ello la búsqueda de amparo en las instancias correspondientes para defenderlos. La inviolabilidad del domicilio, la salud o el ruido como alteración del descanso han sido invocados por unos vecinos de Vegueta ante los tribunales, que han acabado dándoles la razón en su pleito contra el Carnaval de Día. El evento, incompatible con el modelo cívico, tendrá que ser trasladado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a otro punto del municipio que cumpla con los requisitos para no perturbar la paz de la ciudadanía.

La corporación municipal se encuentra por tanto ante un reto de dimensión extraordinaria por lo que representa la fiesta en el plano sociocultural, por su estímulo económico para el sector de la hostelería y restauración, y también como desafío para mejorar la calidad de vida y el bienestar de sus propios administrados.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo resulta elocuente como relato sobre la despreocupación con la que actúa una institución a la hora de someter a un barrio a una fiesta, que, en sus mejor momento, puede concentrar hasta 20.000 personas. El mismo fallo del juez lamenta la falta de una «verdadera y honesta generosidad» por parte de la institución, «lo que hubiera implicado sin duda que se hubiera cedido en aspectos de la celebración, que, aunque redujeran su dimensión y trascendencia, hubieran garantizado que se pudiera seguir celebrando en Vegueta si tan importante era para el Ayuntamiento».

A tenor de dicha exposición, cabe por parte de los responsables políticos la asunción de la autocrítica y la puesta en marcha de una estrategia para salvar el escollo, más allá de posiciones victimistas y de la «parestesia moral con la que se mueve la Corporación municipal», afirma el veredicto.

La celebración del Carnaval constituye un rito de raíz etnográfica y antropológica, con una implantación sin reparos en la sociedad capitalina. De hecho, se puede decir sin temor a equivocarnos que es la fiesta de carácter civil con mayor arraigo urbano, cuya evolución ha ido acorde con la transformación social de la capital de Isla, con incorporaciones como la Gala Drag Queen, evento de gran repercusión internacional. La fiesta carnavalera se ha convertido con el paso del tiempo en la pantalla más eficaz para publicitar Las Palmas de Gran Canaria, no sólo de su clima y atractivos, sino del carácter tolerante de sus ciudadanos, la convivencia entre diferentes y una llamativa fusión generacional donde mayores, pequeños, jóvenes, adolescentes, familias y hasta perros son protagonistas en la galas a lo largo de un programa de actos que confirma dicha diversidad.

No ha sido un camino fácil, ni mucho menos. En la intrahistoria más cercana está su salida de la clandestinidad nada más morir Franco, donde un incipiente movimiento vecinal y algunos empresarios de La Isleta deciden poner en marcha el Carnaval. El Ayuntamiento lo asume con posterioridad y lo dota económicamente, siendo su organización y realización un verdadero filtro para baremar la aceptación popular o no de un alcalde: un fracaso puede conllevar una crisis de gobierno y hasta la dimisión del responsable político de turno, como así ha sucedido. Su crecimiento imparable a lo largo y ancho del centro urbano de Las Palmas de Gran Canaria, junto con su afianzamiento como verdadero fenómeno de masas, ha provocado más de un quebradero de cabeza a los organizadores, con una reducción en número y horario de los famosos mogollones, regulación de los decibelios de la música, negociaciones con vecinos para afrontar o evitar denuncias, o desplazamientos sin éxito a zonas periféricas de los encuentros más intensos de la fiesta.

El Carnaval de Día, con su traslado al barrio de Vegueta, fue una consecuencia de estos movimientos tácticos dirigidos a conciliar el ocio con la convivencia ciudadana. A la vista está que la alternativa, lejos de ser una solución, ha supuesto una grave incidencia para el Ayuntamiento. La sentencia que deja en entredicho su celebración en el barrio es prolija en argumentos contrarios, desde el maltrato al que se ve sometido el patrimonio histórico-artístico a cuestionar que su reconocimiento como evento de interés turístico nacional sea una patente de corso frente a los vecinos. Corresponde a la corporación, como bien señala la sentencia, tejer los acuerdos y negociaciones necesarias para poner punto y final a incertidumbres puntuales del Carnaval, cuyo prestigio se podría ver afectado cuando no erosionado en el competitivo espacio de la captación de turistas.

La defensa de la fiesta debe ser una prioridad, sobre todo porque no corren tiempos para recortar aún más el ánimo de la ciudadanía, ni tampoco para arrinconar una fuente económica hasta su inanición. Al igual que ha ocurrido en el pasado, el Carnaval va a tener que adaptarse de manera irremediable a las exigencias sancionadas por un juez, aunque no sean coincidentes con las de la inmensa mayoría. Se espera también de los reclamantes la suficiente comprensión, que no sometimiento, para explorar medidas correctoras para su bienestar personal y para el respeto a sus derechos. De igual manera, cabe de la organización acabar de una vez por todas con situaciones tan indeseables como los macrobotellones que desvirtúan la fiesta, o con los establecimientos que alargan su apertura hasta altas horas de la madrugada.

Al margen de que el Ayuntamiento recurra el fallo que ordena el traslado del Carnaval de Día de Vegueta, sería un error agudizar el enfrentamiento entre las partes dando pábulo a rencores estériles o fomentando la discordia entre los que están a favor o en contra. El fallo judicial es taxativo en su referencia a la falta de empatía municipal para evitar la judicialización del expediente, o en la falta de diligencia técnica para subsanar las carencias, afrontadas de forma fragmentaria y no global. Una fiesta que recibe una inyección relevante proveniente de la recaudación de los impuestos no puede estar en el filo del trapecio, sino todo lo contrario: se impone el sentido de la seguridad y la estabilidad. El Ayuntamiento debe tomarse en serio el grave traspiés y reformular su estrategia para evitar que la pelota crezca.