Hay un libro en el que se encierra esa parte de la historia que es clave para comprender el desarrollo multipolar de las Islas Canarias desde la Conquista. Se llama, para simplificar, ‘Libro rojo de Gran Canaria’, nombre que toma del color de las tapas del legajo que fue localizando y ordenando el que fuera Archivero municipal, pero también erudito investigador y recordado profesor del ‘Viera y Clavijo’, Pedro Cullen del Castillo.
La denominación más exacta a su contenido es, sin embargo, ‘Gran libro de provisiones y cédulas reales’. La primera es la dada en Salamanca por los Reyes Católicos, don Fernando y doña Isabel el 20 de febrero de 1487. Tiene una cosa importante que la distingue de las demás dadas a otras partes del Reino: atiende “a las súplicas” de los vecinos y moradores de que los Reyes aseguraran por escrito que “ni agora ni en tiempo alguno ni por alguna manera dicha ysla no será enagenada ni apartada de nuestra corona real”, cosa que, en efecto, prometieron, y muy detalladamente.
Pero a los efectos actuales otros contenidos empiezan a definir lo que a lo largo de más de medio milenio serán los sucesivos eslabones de una singularidad económica y fiscal fundamentada en el factor distancia. Desde el otorgamiento el 20 de diciembre de 1494 del ‘Fuero y privilegio real’, sucesivas cédulas reales, tanto de los Reyes Católicos como de su hija la Reina Juana y de los descendientes de esta, se va estableciendo, por ejemplo, una extraordinaria flexibilidad fiscal que facilitaba tanto la importación como la exportación de aquellos que permitieran un mejor desarrollo de las islas.
La Reina Juana y su hijo Carlos dan el 30 de octubre de 1528 en Toledo el ‘Privilegio y franqueza de la Gran Canaria’ que viene a ser, quizás, un primer paso, muy detallado, de beneficios fiscales a los vecinos y moradores con casa establecida, que anunciaba ya que, con el paso del tiempo, y los sucesivos escalones de la cadena, llegaría la Ley de Puertos Francos de 1852.
En efecto, de aquellas islas recién incorporadas a la Corona de Castilla directamente desde la Edad de Piedra (o del Tenique) al Renacimiento, que cumplieron además un trascendental papel en el Descubrimiento y en la colonización del Nuevo Mundo, como obligada estación de escala y aprovisionamiento, no quedaba nada. Todo había cambado, y el traje ha mucho se había quedado estrecho y estallaban todas las costuras.
Fue entonces cuando un visionario ministro de Hacienda de Isabel II, Bravo Murillo, nacido en Fregenal de la Sierra (Badajoz) entendió y atendió las peticiones isleñas que le fueron planteadas por sus representantes. El archipiélago estaba asolado por las epidemias, cólera, fiebres, meningitis, en una absoluta pobreza, y la única solución era establecer unos puertos francos. Las razones están perfectamente descritas en el maravilloso preámbulo firmado por la Reina, que también, como el ‘Libro Rojo’, debería enseñarse en escuelas, institutos y universidades.
Pero la situación geográfica de Canarias hace que el tiempo pase muy rápidamente, y que las circunstancias cambien con velocidad acorde. Así que en los años 50 del siglo XX aquellos Puertos Francos, con la Guerra de España por medio, estaban muy mutilados. Una de las primeras voces en denunciarlo fue el entonces ‘gran cacique’ y presidente del Cabildo, Matías Vega Guerra, hombre del Movimiento, en el prólogo del libro ‘Gran Canaria y sus Obras Hidráulicas’ del ingeniero Simón Benítez Padilla en 1959.
Don Matías, después de alertar sobre “el inmoderado afán centralista de la uniformidad” añadía en pleno franquismo uniformador: “Otro anhelo vital- aún no logrado pese a la unanimidad del país (sic) que lo reclama- es el restablecimiento, de hecho y de derecho, del régimen de Puertos Francos, aspiración, también secular, pero aletargada intensamente en la realidad, pese a la subsistencia de la ley fundacional”. O sea, la ley estaba vigente, pero Hacienda y los gobiernos la tomaban por el pito del sereno. Los tiempos, al fin y al cabo, no cambian tanto como parecen...en algunas cosas, como ya veremos ‘mutatis mutandis’.
Más o menos diez años después, sobre 1969, la ‘avaricia’ de un ministro y el ‘inmoderado afán centralista de la uniformidad’ hacen estallar la ‘guerra del REF’, que en su discurrir hasta el año 1972 fue incorporando en el sentimiento ciudadano y en el político dos palabras claves: ‘estatuto’ y ‘autonomía’, como aportaciones al debate por parte de la izquierda clandestina, pero que aprovechó aquél cirio cívico para sacar la cabeza por la tapa de la alcantarilla.
Fui ‘Enviado Especial’ de ‘La Provincia’ a Madrid en junio de 1972 para cubrir las sesiones de la Comisión de Hacienda de las Cortes franquistas. Viví en primera fila lo que la prensa madrileña consideraba el primer ‘ensayo de regionalización’ con un bloque canario unido y dos bloques en la bancada peninsular: los aperturistas, ‘ma non tropo’, y los carcas.
Pulido Castro fue muy duro con el gallego, de Lugo, Pedrosa Latas, que creía que se iba a atentar contra la sagrada unidad de España. Fue cuando el presidente del cabildo grancanario le dijo aquello de que “Canarias no es una colonia”, y después que “esas actitudes lo que hacen es crear independentistas”, cuyos ecos retumbaron y llegaron al despacho del poderoso presidente del Gobierno Almirante Carrero Blanco. Pero Carrero resulta que respaldó a los procuradores canarios, y a las pocas horas Pedrosa Latas me pidió una entrevista para matizar sus palabras….180 grados: ‘Yo también soy regionalista’, aunque mantuvo sus críticas al artículo 4. La crónica del 28 de junio la titulé “El ‘estatuto’ de Canarias, primer paso hacia la regionalización”.
Hubo más, pero no cabe en este espacio, y el papel no es elástico.
La Ley 30/1972 de 22 de Julio además había facilitado en el Archipiélago un debate de enorme transcendencia política. El próximo objetivo programado era, sin más, un Estatuto de Autonomía. Los líderes de los partidos demócratas, habían aprovechado la ocasión para hacerse visibles.
Cuando llega la Transición, se inicia la preautonomía, y hay un conflicto que hace que el Rey y el Gobierno den prioridad a la canaria: Argelia, patrocinadora de Antonio Cubillo y el Mpaiac había solicitado a la OUA iniciar el trámite para la descolonización de Canarias, previo al de la ONU. Y atentos, porque esto puede repetirse en 2021 según defienden algunos sectores marroquíes para ‘responder’ a la crisis de Ceuta y Melilla.
1978 fue un año frenético, pero España logró desactivar toda aquella trama gracias, sobre todo, a la rotunda unidad de gobierno y oposición. Había menos irresponsables e ignorantes en cargos importantes.
Más adelante, la Constitución reconoce en su disposición adicional tercera las singularidades del REF: “La modificación del régimen económico y fiscal del archipiélago canario requerirá informe previo de la Comunidad Autónoma….”
Y resulta que por una estupidez – todas las guerras, de lo que sea, comienzan por una estupidez – el Gobierno Sánchez ha destapado la caja de Pandora. El REF es intocable. Hasta las comas tienen sentido. Modificar las bonificaciones fiscales a la industria del cine previstas en el REF, como pretende la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es reformar el REF sin atenerse a las reglas. Es el fuero, y además es el huevo. Las cosas son como son, y no como a uno o una se le ocurra en cada momento.
Esto no es nuevo, y los trucos para vaciar de contenido los ‘derechos canarios’ son viejos. Y siempre han acabado mal, porque se coge carrerilla y gusto al BOE en negro. Si se hace una vez…suele hacerse cien.
Y esto es peligroso en estos tiempos convulsos, donde “lo único seguro es que cualquiera sabe”.
