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Alfonso González Jerez

Retiro lo escrito

Alfonso González Jerez

Fantasías y sentencias

He encontrado este discurso avalado por doctoras en Filosofía, ingenieros de caminos, maestras o enfermeros: así, con el franquismo desatado que se enseñorea en el Tribunal Superior de Justicia en el Tribunal Supremo o en el Tribunal Constitucional (táchese lo que no proceda) no se puede gobernar. Son instancias oscuras y malignas donde se agitan cláusulas y latines con una voluntad fascista para boicotear la acción de un probo Gobierno de izquierdas. Los más constructivos claman por una renovación del tribunal en cuestión para colocar magistrados que compartan el sano sentido común de la gente. Los demás se ríen de la separación de poderes y otras vetusteces y llaman a un cambio de fondo que permita construir un futuro para todos y etcétera. Esta marejada de basurilla ha sido alimentada por Podemos antes y después de su acceso al poder, y ha terminado por gustarle al PSOE, que guarda mejor las formas, pero que le hace cada vez más guiños al despropósito. En el fondo es una versión progre de la teoría conspiranoica del Estado Profundo de Trump. ¿Por qué Trump no levantó en muro en la frontera mexicana, por qué no reabrió todas las minas de carbón, por qué no devolvió al territorio norteamericano todas las empresas deslocalizadas, por qué, en última instancia, perdió las elecciones del pasado noviembre? Porque en los aparatos se seguridad del Estado y en la administración de justicia una conspiración entre multimillonarios, demócratas, comunistas y pedófilos impidieron el cumplimiento en sus más nobles objetivos. Aquí es el franquismo, aunque Franco lleve muerto cerca de medio siglo.

Como ha apuntado un brillante politólogo y profesor de Derecho Constitucional, Carlos Fernández Esquer, el uso y gestión del estado de alarma para el combate contra el covid, y en particular la cuestión de si el mismo permitía al Gobierno imponer un confinamiento como el de la primavera de 2020, «es un tema gris y complejo». Pueden y quizás deben leerse artículos de constitucionalistas y administrativistas que llegan a conclusiones distintas y a veces opuestas. La misma sentencia del TC se decidió por una apretada mayoría. No es necesario, ni siquiera entretenido y muchos menos prudente, encontrar togas fascistoides en todo esto. El Gobierno eligió el estado de alarma (comparto este parecer bastante extendido) porque es el que le proporcionaba una máxima discrecionalidad con un mínimo control del Congreso de los Diputados, que únicamente podía autorizar prórrogas: en los últimos meses se extendió una megaprórroga para no molestar más a Su Sanchidad. En el estado de excepción, en cambio, una medida como el confinamiento –que se prolongó durante dos meses y medio – deber ser aprobada directamente por las Cortes. Fue una jugada meditada y calculada por el Ejecutivo y su líder en un momento crítico, desde la convicción de que en el peor de los casos en Constitucional tardaría al menos un año en pronunciarse, y así ha sido. La sentencia queda sin efecto alguno, pero obviamente crea jurisprudencia.

Mucho peor que el original fue ese basuriento decreto del 25 de octubre, que parece redactado por el Chapulín Colorado, y la muy taimada y a la par estúpida decisión de delegar en las comunidades autonómicas facultades restrictivas de los derechos fundamentales para las que los Gobiernos regionales no tienen competencias. Porque, en efecto, las comunidades autonómicas no pueden siquiera imponer un toque de queda, como dejó sentado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en su pronunciamiento de esta semana respondiendo al permisito que quería sacarles, por caridad se los pido, el presidente Ángel Víctor Torres. Es el principal error cometido en el terreno normativo por Pedro Sánchez y su equipo en esta pandemia atroz y agotadora, y como todo los demás errores graves, lo decidieron por razones de interés político, partidista e incluso personal.

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