Estamos en un momento extraordinariamente preocupante de la extensión de la pandemia en Canarias y, especialmente, en Tenerife y Gran Canaria. Más de 700 personas contagiadas en las últimas 24 horas, unas 400 en municipios tinerfeños.
Continúa el goteo de fallecimientos. La edad media de los infectados y atendidos en unidades de atención primaria sigue bajando. Y un dato singularmente preocupante: en las UCI de los hospitales de Tenerife el 20% de las plazas ya están ocupadas por enfermos graves de covid. Con toda la limitación que puede tener una observación personal, yo soy incapaz de detectar un cambio de actitud en la gente, y cuando más jóvenes, peor, por supuesto. Contra lo que apostaba todo el mundo, el Gobierno autonómico rechazó subir a nivel 4 en Tenerife, y no lo hizo porque las presiones empresariales –y los insistentes ruegos de Pedro Martín y de varios alcaldes socialistas– han sido muy intensas. La modesta recuperación económica de los últimos meses se iría al traste con un nivel 4: el turismo extranjero está perdido y solo cabe aferrarse al turismo peninsular y local para no cerrar de nuevo los hoteles. Lo de pedir un certificado de vacunación para entrar en un bareto o un restaurante parece un chiste de Marianico el Corto. No se presentan la mitad de los ciudadanos a los que se quiere someter a un cribado y la gente va a presentar un certificado para mandarse una tapa de pulpo. Por otra parte, ¿de dónde se saca el dichoso certificado? Lo he intentado obtener por vía telemática varias veces y es imposible gestionarlo por irresueltos problemas informáticos. Para el presidente Ángel Víctor Torres la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de negarse a avalar jurídicamente el toque de queda ha sido un tremendo varapalo. Porque los instrumentos legales y normativos de los que puede disponer el Ejecutivo regional ya no dan más de sí. Ahora mismo, y ya sin posibilidad de mantener un nivel 3 reforzado por un toque de queda para minimizar el impacto en las empresas y el consumo, el nivel 4 deviene imprescindible y con toda seguridad será decretado la próxima semana: cuanto más tarde en imponerse más largo deberá ser para contener primero y disminuir después los contagios. Tres semanas como mínimo.
El empeoramiento de la situación se extiende a varias comunidades autonómicas y el principal factor explicativo es la progresiva hegemonía de la variante Delta, que aleja el objetivo de la inmunidad de grupo. No saldremos progresiva y equilibradamente de la pandemia; se van a producir algo más que ligeras oscilaciones de mejora o empeoramiento, con una clara simetría social y generacional. Y este modificación del modelo de superación de la pandemia que se había previsto debería conducir a una adaptación de las políticas económicas, sociales y asistenciales a unas circunstancias que prolongarán la pandemia hasta el otoño o quizás principios del invierno, especialmente, en comunidades como Canarias altamente dependientes del turismo y los servicios. No se trata únicamente de mantener los ERE y distribuir lo más rápida y eficazmente posible los 1.400 millones de ayudas directas a pymes y autónomos, entre los que empieza a cundir una nerviosa impaciencia. Se trata necesariamente, mientras se acelera la campaña de vacunación y se consigue un poco más de rigor informativo en la misma, de poner en marcha nuevos programas que sustituyan o complemente el fiasco del ingreso mínimo vital –negado a la gran mayoría de los solicitantes de Canarias, la región con mayor desempleo cronificado en España – y un impulso a la tramitación de la prestación canaria de insersión, con el respaldo financiero debido. ¿De veras que la comunidad autónoma no puede transferir si es necesario 300 técnicos y administrativos para conseguirlo? ¿De qué nos sirve esta onerosa administración pública si no puede actuar en estas circunstancias críticas? ¿Qué ocurre con el personal de los cabildos? Nos espera un otoño duro. Muy duro.
