Es sabido, desde los más remotos tiempos del Cristianismo, que los designios del Señor son inescrutables. También podemos utilizar otras citas al respecto, como esa que dice que los caminos al infierno están empedrados, eso era antes, ahora sería asfaltados, de buenas intenciones. Unas buenas intenciones que en el caso que nos ocupa, y que nos preocupa gravemente, tienen que ver con la manera de cortar los contagios del coronavirus.
Ya los tiempos no son aquellos de antes cuando la culpa de las pestes y las fiebres se les echaba a las influencias astrales (de ahí que en algunos países a la gripe de llame ‘influenza’) o a maldiciones de furiosos dioses cabreados.
La ciencia ha avanzado una barbaridad y se ha logrado incluso fotografiar virus con sofisticados microscopios, y, poco a poco, desarrollar una serie de medidas farmacológicas y no farmacológicas (las barreras de interposición) para detener su progresión, aminorar sus efectos o sencillamente, con las vacunas, inmunizar a la población, aunque aparecen mutaciones, nuevas cepas, y se desarrolla entre el virus y los virólogos algo parecido al juego del gato y el ratón.
Pero lo sencillo se vuelve complicado sobre todo cuando intervienen dos factores externos ajenos a los técnicos: la política y los jueces. En ambos casos el interés general parece, en algunas ocasiones, pasar a un segundo plano, sustituido por intereses ajenos, sea el interés partidista, esa estrategia de desgastar al adversario bajo el principio de que el fin justifica los medios, o el preciosismo y tiquismiqueo judicial.
No es normal, no lo es al menos en la comparación con la Europa civilizada, que sobre un mismo asunto, el cierre o reducción de aforo de la restauración en el interior de locales, o los llamados ‘toques de queda’, la prohibición de salir de casa en determinado tramo horario, excepto de aquellas actividades ‘esenciales’ que lo requieran, un Tribunal Superior de Justicia (TSJ) autonómico esté de acuerdo y otro en desacuerdo. Ojo: siendo idénticos no solo los temas sino las circunstancias, perfectamente graduadas en función del porcentaje de contagios, la hospitalización y las camas de UCI ocupadas.
Desde el principio de la pandemia se ha ido llegando a un consenso mundial liderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El ‘estado de la ciencia’ está, pues, recogido en sus directivas y en sus orientaciones. Lo que hay es lo que dice la OMS y lo que reflejan las grandes publicaciones científicas como ‘Science’ y ‘Nature’. Y no hay más cera que la que arde.
Entonces, las sentencias, desde el punto de vista de lo que se sabe o se va sabiendo, se dividen en dos: las que son atinadas, responsables y anteponen el interés general, y las que por el contrario no son atinadas, no son responsables en este combate a vida o muerte y no anteponen el interés general. Así de claro, aunque, como dice el refrán, la mona se vista de seda y se emplee la más sofisticada esgrima retórica.
Los técnicos de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, elaboraron una completa documentación como recurso contra la prohibición por la Sala II del TSJC de las severas medidas ante la ‘quinta ola’ adoptadas por el Gobierno regional en los locales de restauración. Treinta folios de exposición más otros muchos de documentación complementaria mediante la indicación de ‘pinche aquí’ o equivalente.
Todo estaba tan claro que sus autores no tenían dudas. Las medidas iban a pasar el filtro judicial. Pero no fue así. Al contrario, el magistrado ponente de la Sala II de lo Contencioso Administrativo del TSJC en su sede de Santa Cruz de Tenerife, incluso se permitió algo muy parecido a un altivo chuleo con un contraejemplo que lo que demostraba era precisamente que no se había leído el informe, ni seguramente las noticias de prensa.
Frente a la solicitud de endurecer las medidas restrictivas en el interior de restaurantes, cafeterías y bares ante la enorme progresión de contagios, el ponente y además presidente de la Sala, Juan Ignacio Moreno-Luque Casariego adujo “como piedra de toque y a título de mero ejemplo por supuesto, baste pasarse por Leroy Merlin, por Ikea, por el (sic) Corte Inglés, y tantos grandes comercios y superficies a rebosar los fines de semana y con miles de visitas a diario, cuya actividad económica en interiores no es paralizada drásticamente. ¿Será porque el informe de Salud nos asegura que allí no se produce ningún contagio? (nada se dice) O ¿será por la importancia de la actividad económica, que en este caso sí es atendible, entendemos que con toda lógica, por la Administración canaria?”.
Es decir, esta Señoría ve normal, y siembra dudas conspiranoicas, que la Administración prevarique, beneficiando a unos y perjudicando a sabiendas a otros, y demuestra a mayores que no se ha enterado de nada.
Vamos a ver: en las grandes superficies clientes y empleados llevan mascarillas; en los bares y restaurantes cuando los comensales se sientan en la mesa ya la ponen en el lado de las servilletas; y la personas en los centros comerciales no permanecen en contacto entre sí más allá de cinco minutos. Diez como máximo. Mientras que en el restaurante los clientes permanecen sentados y charlando más allá de dos horas, que es lo que en ciencia se llama ‘tiempo de exposición’. Más de quince minutos es alto riesgo.
Un dato clave: quizás este juez y sus dos pares no sabe que el virus no está en el aire, no se pasea por Ikea ni por Carrefour. Está en las personas. ¿Con tanto buscar la Sábana Santa y los intríngulis de la decisión de Pilatos acaso a este conferenciante estrella que en marzo de 2017 trató de estas apasionantes cuestiones en la Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna se le ha olvidado leer la documentación aportada?
Ya puestos, una ayudita del Altísimo sería de mucha utilidad para la salud de los tinerfeños y de los canarios en general, porque el virus viaja de polizón en barco y en avión.
