En tiempos inmemoriales (es decir, en julio de 2019) las cuatro fuerzas políticas que integraron el llamado “pacto de las flores”, una cursilería que se atribuye al socialista José Vicente González Bethencourt, firmaron un documento llamado Acuerdo para un Gobierno de Progreso y Cambio en Canarias. No era un programa, sino un planteamiento estratégico básicamente cargado de buenas intenciones y con escasísimas cifras y medidas concretas, argumentadas o insertas en un cronograma. El texto establecía ocho ejes de actuación que se colmataban con palabrería acuñada con la mejor voluntad. Prácticamente todos los firmantes (Ángel Víctor Torres, Román Rodríguez, Noemí Santana y el Casimiro Curbelo recuperado para la izquierda y la transparencia en la gestión papacito) indicaron que se trababa de un documento marco del que se desarrollaría el programa de gobierno propiamente dicho. Pero ese programa nunca llegó. El discurso de investidura de Torres fue básicamente una nadería con adherencias sentimentales que huía de lo concreto –cabe decir: de los compromisos específicos-- como de la peste. Más tarde, a principios de otoño, una diputada de CC, Socorro Beato, solicitó al reluciente Gobierno su calendario legislativo para su primer año. No le contestaron jamás. Este Gobierno nunca ha dispuesto de un programa articulado, periodificado y coherente, lo que fue perfectamente perceptible en los primeros meses del mandato de Torres. Luego llegó el coronavirus con su sombra de muertes, enfermedad y ruina, pero la pandemia no interrumpió el desarrollo un programa de gobierno, sino una gestión titubeante en la que, por ejemplo, se insistía en la potenciación de las políticas sociales – y así se incrementaron los recursos en el presupuesto de la Comunidad para 2020 -- pero sin que pudiera detectarse la señal más modesta de una estrategia de política económica para aumentar la crecimiento y la productividad y aumentar así los ingresos fiscales a fin de redistribuir la riqueza.
En el Acuerdo para un Gobierno de Progreso apenas se dedicaba un folio sobre políticas sociales y se nucleaban alrededor de dos objetivos que siguen sin cumplirse: la instauración de la renta ciudadana, cumpliendo el precepto correspondiente del nuevo Estatuto de Autonomía, y el desarrollo del catálogo de servicios y prestaciones de la Ley de Servicios Sociales de Canarias de 2019. Incluso si uno revisa el tratamiento de la dependencia en el programa electoral de Sí Podemos Canarias solo podrá encontrar una mención “aumentaremos sustancialmente el personal dedicado a la tramitación de los expedientes de reconocimiento de la situación de dependencia”. Vaya. Con que sustancialmente. Qué cosas. Lo cierto es que Noemí Santana y su equipo (ese sí rápidamente nombrado, incluyendo dos viceconsejerías con funciones básicamente delegadas y no ejecutivas) no presentaron ni pelearon para los primeros presupuestos de la legislatura la convocatoria de 500 plazas –por ejemplo – de técnicos y administrativos para acelerar la gestión de la dependencia en Canarias. Si lo hubieran hecho entonces la situación de la Consejería de Derechos Sociales sería muy distinta, por no hablar de la de los administrados. Y eso, y no otra cosa, es gobernar: analizar problemas, habilitar recursos y técnicas para superarlos, ponerlos en práctica con la máxima eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Santana ha sido incapaz durante dos años de despojarse de los ademanes y jergas del activista opositor y para entender que la gestión diligente y satisfactoria no depende del voluntarismo y la simpatía ideológica. Porque ideológico fue su análisis inicial, voluntarista ha sido su innegable esfuerzo, arrogante su actitud habitual ante las críticas sindicales, periodísticas o parlamentarias. Ahora siente cómo se le agota el tiempo.
