Los contagios alcanzan un nuevo record en Canarias, aumenta significativamente la presión asistencial en Atención Primaria y en las unidades de respiración asistida del Hospital Nuestra Señora de Candelaria ya se atienden más enfermos de covid que de otras patologías, pero de momento el Gobierno autonómico no hace nada, ayudado por la estúpida sentencia del Tribunal Superior de Justicia sobre el toque de queda. Esto podía ocurrir y ha terminado ocurriendo, porque el Gobierno central, el PSOE y sus socios parlamentarios en las Cortes, en lugar de desarrollar consensuadamente una legislación con valor operativo para el control de la pandemia en los espacios públicos, se limitaron a traspasar toda la responsabilidad a las comunidades autónomas y tonto el último. Por un lado el presidente Ángel Víctor Torres y su equipo esperan el resultado del recurso de casación que se ha interpuesto en el Supremo, entendido como una flauta que puede sonar y por otro titubean sobre decretar el nivel 4 en Santa Cruz de Tenerife, y no dice uno que su resquemor no esté justificado, porque la decisión significaría un nuevo mazazo para la economía tinerfeña y una evidencia más de que la recuperación turística va para largo, para muy largo, para el penúltimo día del fin del mundo. Tristes aullidos corporativos y quejumbroso crujir de dientes empresariales no dejan de desembocar en Presidencia del Gobierno, Antonio, pero Antonio, si tú sabes que nosotros no matamos a nadie, Antonio, párales las patas, Antonio. Pero no se puede esperar razonablemente mucho más. La vacunación ha reducido las muertes y los casos de gran gravedad, pero los centros hospitalarios se pueden ver saturados en muy pocas semanas por enfermos de covid que necesitan ser atendidos médicamente. En abril del pasado año la mortalidad tampoco fue alta y los hospitales estuvieron muy cerca de colapsarse. Quizás no se explica lo suficientemente que la covid, incluso cuando la mitad de la población diana ya está vacunada, puede desbaratar el sistema hospitalario y afectar a la salud de miles de personas que padecen patologías graves y cuyos diagnósticos e intervenciones quirúrgicas sufrirán retrasos si no se corrige la situación.
Francamente el Ejecutivo regional trasmite una imagen entre penosa y fantasmagórica. Le asalta a uno algo parecido (solo parecido) a la compasión. El angustioso ridículo al que han quedado expuestos Torres y su vicepresidente, Román Rodríguez, en el Congreso de los Diputados, por ejemplo. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, insistió en que el Gobierno central no había vulnerado ni el REF ni el RAF. Lo hizo a la hora de defender el decreto que en su disposición final tercera modifica explícitamente el Régimen Económico y Fiscal: para ahogarse de risa. Ribera tampoco recordó que el Parlamento había informado negativamente y por unanimidad contra la eliminación del diferencial fiscal de las producciones audiovisuales rodadas en las islas que conculca obviamente el REF. «Sabemos que algunos actores clave han mostrado su disconformidad…» ¿Algunos actores clave? ¿El Parlamento de Canarias es un actor clave, como Santiago Segura en Blade 2? Por supuesto, Ribera no hizo puñetera referencia a la reunión de la ministra de Hacienda con Pim y Pon esta misma semana. Y Pedro Quevedo fue tan tonto que lo evidenció: «Pero cómo esta señora no ha dicho nada de la reunión que mantuvimos con María Jesús Montero». Pues porque no fue una reunión política, señoría, sino un posado fotográfico.
Cierran negocios. Siguen creciendo las colas hambrientas. Los ERTE son onerosas chinchetas que sostienen lo que caerá a plomo. Pero todavía está abierto el plazo para solicitar ayudas del fondo de 1.440 millones de ayudas directas. Hasta la semana que viene. Y después un mes para resolver. Y otros quince días para pagar. Pero podrá usted averiguar en qué se puede gastar 3.000 euros un muerto.
