Las universidades públicas españolas tienen una confusión de origen: la autonomía que les reconoce la Constitución Española de 1978 (en adelante CE78) no es irrestricta ni en constante expansión como el universo y la idiotez según Albert Einstein. El artículo 27.10 reconoce la “autonomía de las universidades”, con un pero en forma de una ‘maldita’ coma (,) “en los términos que establezca la ley”. La primera, la Ley Orgánica que define la gobernanza universitaria, sus objetivos, deberes y obligaciones.
Hay varias sentencias del Tribunal Constitucional que tocan este asunto, pues no hay rector que acepte la existencia de un ‘consejo de vigilancia’, llamado oficialmente Consejo Social, que representa los intereses de la sociedad, en suma, los accionistas mayoritarios, los que pagan la actividad, y que deben buscar la mayor eficiencia en el uso del dinero público. Y en esta materia, la eficiencia en todos sus aspectos, las dos universidades públicas canarias están en el furgón de cola de España. Esto no lo dice el enemigo: lo reflejan informes de la Dirección General de Universidades del Gobierno de Canarias, del Ministerio y de variados estudios y clasificaciones (rankings).
Hay dos STC, la 131 y la 134 de 2013, que a propósito de las Normas de Progreso y Permanencia (NPP) asignadas a los Consejos Sociales, justifica esta necesidad de establecer unas condiciones de aprovechamiento en los estudios, puesta en duda consuetudinariamente, o sea, tercamente, por la parte académica encaramada al soberanismo. Dice el tribunal, presidido por Pascual Sala, que no se puede perder de vista que “dicha permanencia (de los alumnos) implica la utilización de recursos públicos, que son, por su propia naturaleza, limitados”. Pero frente a las distintas llamadas a la responsabilidad, la prudencia y la inteligencia en inversiones y gasto, prevalece el “¡hala, a vivir que son dos días!”.
Las universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria es cierto que padecen una crónica insuficiencia de recursos financieros, sobre todo para investigación, tanto públicos, a cargo de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma como de dotaciones singularizadas de Cabildos y algunos Ayuntamientos, como privadas, generalmente por empresas y benefactores… Los fondos propios están dejados de la mano de Dios y de los rectores que no quieren líos.
Habitualmente las universidades públicas optan por lo más fácil: quitarse trabajo de encima, e incluso descuidar la calidad y eficiencia, y tener asegurada la teta (financiación) pública. Este nicho empresarial y de particulares lo están aprovechando las universidades privadas. Hay una fuga constante de recursos de la sociedad hacia las universidades privadas serias y competitivas.
La Fernando Pessoa, en Gran Canaria, está a punto de sobrepasar el millar de matriculados y ya tiene proyectada una ambiciosa ampliación de su sede, a la vez que ha convertido a Hospitales San Roque en Hospitales Universitarios San Roque.
La pérdida constante de alumnos de la ULL y la ULPGC tiene varios motivos: pero el principal es el poco prestigio y los escasos índices de empleabilidad. El traslado de matrícula a centros peninsulares y europeos ronda los cuatro mil en los últimos años.
En vez de hacer una apuesta por la calidad, y además, un ‘kilómetro 0’ del personal docente, para comprobar si toda la plantilla o su mayor parte rinde al máximo y mantiene un perfil docente e investigador adecuado, hay en toda España un empeño suicida en dilatar una de las exigencias clave del Tribunal de Cuentas: poner en marcha una contabilidad analítica para obtener una radiografía real de las auténticas necesidades. Pero esto no le interesa a la CRUE, como demuestra el hecho de que en ¡veinte años! no se ha conseguido.
En estos momentos la ULL cree haber encontrado la varita mágica: como es normal, más dinero incondicional de la CA, y nuevas titulaciones… pero como no todo el mundo está preparado para pensar – ya decía Ayn Rand que “no puede entrar en razón quien piensa de forma automática”- la idea es clonar la facultad de ciencias del deporte de la ULPGC… que tiene menos de 100 alumnos. La iniciativa es tan disparatada – e insularista, movimiento reflejo del viejo pleito periclitado- como si la ULPGC planteara crear las facultades de Bellas Artes, Psicología, Física o Matemáticas, que ya están en La Laguna. Hay otras vías que son habituales en el mundo exterior. En la buena dirección, en cambio, están las atinadas reflexiones de Jesús de León, presidente del Consejo Social de la ULPGC.
Deben andarse con ojo los desnortados exploradores de las fuentes del Nilo, a donde ya no hace falta ir porque se buscan en san Google bendito.
Porque lo que se está produciendo en Europa es una concentración universitaria de gran calado para que las sinergias permitan estar con los tiempos, mirando al futuro y no a los ombligos. Un estudio tripartito de la Cámara de Comercio de España, la Fundación CyD, y la Conferencia de Consejos Sociales da la voz de alerta: “otro aspecto de la reconfiguración del sistema universitario europeo es a través de fusiones o alianzas”. En Finlandia el número de universidades se ha reducido de 20 a 14. Etc.
O sea, que frivolidades las justas. En vez de duplicar y desperdiciar masa crítica lo que hay que hacer es trabajar en una mayor colaboración entre las dos universidades públicas isleñas. Y quien tiene el dinero, que es la Comunidad Autónoma, tiene el poder y la obligación de imponer la estrategia que demanda el interés general. Los tiempos de disparar sin ton ni son con la pólvora del Rey, se acabaron.
