La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) suspendió esta semana de forma cautelar la medida estrella del Gobierno de Canarias para hacer frente a la quinta ola de la pandemia de coronavirus que exigía el certificado digital de vacunación covid o una prueba diagnóstica a los ciudadanos que quieran acceder a los establecimientos de hostelería y restauración, recintos culturales o gimnasios. El Alto tribunal canario acordó además suspender el cierre total entre las 00:00 y las 6:00 horas de los establecimientos de hostelería, como pretendía el Ejecutivo de Torres.

El varapalo judicial a las pretensiones del Gobierno de Canarias se viene a sumar a otros recibidos en la últimas semanas y meses desde que la suspensión del estado de alarma -declarado luego ilegal por el Tribunal Constitucional, que considera que debió haberse aplicado el estado de excepción, que conlleva un mayor control parlamentario de las medidas que se toman bajo su paraguas legal- dejara a las autonomías con poca o ninguna cobertura jurídica para adoptar restricciones de derechos ciudadanos con las que hacer frente al coronavirus.

Ninguna de las medidas con las que la Comunidad Autónoma logró sofocar las cuatro olas anteriores se pueden utilizar en este momento: toque de queda para limitar la movilidad nocturna; cierre perimetral de las islas con más contagios de modo que no se podía entrar o salir con altos niveles de contagios o la prohibición de consumir en el interior de bares, restaurantes o cafeterías.

Por si fuera poco, los planes anunciados por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, para forzar la vacunación de aquellos empleados públicos que prestan servicios esenciales o cara al público se han topado con la advertencia de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, de que legalmente la iniciativa resulta complicada de llevar a cabo. La vacunación, avisa Darias, no es obligatoria en España. El Ejecutivo canario, sabedor de que no se puede obligar a vacunar a nadie, tendrá que hilar fino para encontrar la manera de poner en marcha esa medida. Y el precedente de las restricciones que se ha tratado de articular parece claro: rechazo de los tribunales.

Da la impresión de que el desánimo cunde. ¿Cómo atajar entonces esta potentísima quinta ola que poco a poco eleva la presión sobre hospitales y centros de salud? El Gobierno de Canarias se dispone a presentar ahora alegaciones para defender el certificado Covid como herramienta para combatir el virus e impulsar la vacunación. Es preciso encontrar argumentos de suficiente solvencia jurídica como para que los jueces puedan encajar legalmente la medida.

La polémica del pasaporte Covid llevaba semanas sobre la mesa no solo en Canarias, ni en España. También en otros países de Europa, como Francia, Italia y Reino Unido. O Estados Unidos. Donde unos ven, desde el pragmatismo sanitario, un método eficaz para contener el virus, otros atisban una puerta abierta al recorte de libertades, de difícil marcha atrás. La decisión de algunos países de exigir este certificado –concebido inicialmente para viajar– para poder entrar en lugares públicos como bares y museos añade unas variables que merecen especial observación.

La concepción del pasaporte Covid (voluntario y gratuito) fue una iniciativa de la Unión Europea para, en principio, dinamizar el turismo y para poder abrir mercados con garantías sanitarias. El certificado había de servir para facilitar la libre circulación de personas, pero no tiene que entenderse como un documento que de vía libre a sus portadores. Se mezclaban entonces, en el momento de su creación, la necesidad de dotarse de un mecanismo que acelerara la recuperación económica y la conciencia de que no se trataba de una traba social ni de un salvoconducto. Cabe recordar que el documento incorpora información delicada y que contempla tres opciones: haber recibido la pauta completa de vacunación, haber superado la enfermedad con anticuerpos o disponer de un PCR negativo en las últimas 48 horas.

Su implantación en julio ha venido acompañada de encendidos debates, en especial por la peculiar adaptación del pasaporte a la realidad de cada país. Se han recrudecido las discusiones que ya se tuvieron en el momento de su aprobación generalizada, en el sentido que se plantea como una confrontación entre las exigencias sanitarias y la salvaguarda de los derechos individuales. Los casos más notorios se dan en Francia e Italia. En su aparición solemne del 12 de julio, el presidente Emmanuel Macron anunció que el pase sanitario sería obligatorio en espacios cerrados de ocio, cultura y deporte y que, a partir de agosto, también se exigiría en restaurantes, bares, grandes centros comerciales, residencias de mayores y transportes de largo recorrido. En Italia, algo parecido, a partir de agosto, con la salvedad de los transportes, pero con reclamación del pasaporte en oposiciones administrativas. En España, todavía no se ha abordado la posibilidad de reclamarlo y el intento de Canarias podría dar al traste con la iniciativa y la de las regiones que también la aplican, caso de Galicia, o la estudian, Andalucía y Baleares.

La estrategia confesada de los países defensores del pasaporte Covid, con altas tasas de ciudadanos reticentes a la vacuna, es utilizar el certificado de vacunación como un mecanismo para inducir a la población a inocularse. Algunos lo califican casi como un chantaje legal que establece diferentes categorías de ciudadanos. De aquí la polémica que se ha levantado, también en el Reino Unido, por cuanto la exigencia del certificado es percibida como un atentado a las libertades individuales.

Sin embargo, tener la seguridad de que en lugares cerrados y concurridos solo acceden personas sin riesgo de expandir el virus es uno de los métodos más eficaces en la lucha contra la pandemia, por lo que, desde el punto de vista sanitario, la defensa del pasaporte en bares, restaurantes y otros sitios públicos está justificada. Ayudaría a normalizar la actividad social sin temor a nuevas olas. Partiendo de la premisa de esta utilidad, habrá que regular con claridad las condiciones y casos en que puede exigirse, para evitar posibles abusos, y establecer un equilibrio entre la defensa de quienes están en su posesión y la no penalización de quienes no disponen de él. Encontrar las herramientas legales para hacer todo esto posible es el reto al que se enfrenta estos días el Gobierno de Canarias.