La situación se ha seminstitucionalizado. Tal y como algunos anticipamos la evidente zafia y torpe improvisación de las autoridades del Estado en 2020 frente a la mayor presión migratoria –perfectamente previsible – no ha excluido en absoluto que Canarias se haya consagrado desde el Gobierno central como cortafuego para la migración de origen africano y los campamentos “temporales” de acogida se prolongarán indefinidamente.
Ya no sorprende el cuajo del delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, cuando afirma que los 1.700 migrantes que actualmente se encuentran en régimen de acogida en las islas “superan con mucho los 7.000 que como máximo se habían calculado en la peor hipótesis”. Se ha decidido simplemente que Canarias sea el punto de repatriación de los migrantes para no molestar a nadie más, salvo a los propios migrantes, como es obvio. Son cifras, por otra parte, imposibles de ratificar, porque la opacidad de la Delegación del Gobierno es tan palmaria como su gusto pueril por la manipulación, porque Pestana no cuenta los 2.600 menores, extranjeros no acompañados, que han llegado en cayucos y pateras en el último año y medio. Todo esto se ha decidido al margen del juicio y la voluntad del Ejecutivo autonómico, aunque el PSC-PSOE y, en particular, su secretario general y presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, quien visitó a toda velocidad los centros como un suspiro de empatía, proclame que todo va bien y que irá mejor.
Gracias a la sucesión relampagueante de la actualidad han conseguido que nos olvidemos de lo que apenas hace medio año reinaba en las portadas de toda la prensa de las islas y que de las barrabasadas en el muelle de Arguineguín jamás se encontró un responsable. La pasada semana desembarcaron 400 migrantes. Supongo que ahora, en total, superarán los 2.000, aunque Pestana es perfectamente capaz de argumentar que al estar tan deshidratados casi no ocupan espacio. Otros cientos han muerto en el mar. Al menos 2.000 según se puede deducir de los escasos datos disponibles, según la asociación Caminando Fronteras. Hace apenas cinco días se encontraba a unos 250 kilómetros de Gran Canaria una lacha neumática volcada y semihundida con una única superviviente que se había agarrado a la quilla. En la salida la acompañaban unas cuarenta personas. Todas habían muerto.
Nada ha cambiado sustancialmente respecto a lo que ocurría en el verano del pasado año. Si les parece exagerado solo deben consultar las medidas que, en sus conclusiones, proponía en su informa el Defensor del Pueblo. Por ejemplo, que se implementase las dotaciones de personal y medios materiales, con plantillas policiales experimentadas en las tomas de datos, letrados especializados en cuestiones de extranjería, intérpretes en marroquí dialectal, wolof y bamabara y los sanitarios precisos para las primeras asistencias y para realizar las pruebas de control sobre el covid 19. Por ejemplo, una oficina de atención a los familiares, un acuerdo de coordinación con las comunidades autonómicas, una ampliación o renovación de acuerdos bilaterales de España con los países de origen de los principales flujos migratorios que afectan a Canarias y a Andalucía. Pero, sobre todo, el Gobierno español debería liderar una política de migración alternativa en la Unión Europea que combine la cooperación internacional con la entrada reglada de cupos de migrantes procedentes de África.
Todas estas perentorias necesidades deberían formar parte de la agenda política del Gobierno autonómico, porque Canarias no puede ni debe adoptar un papel pasivo en materia de migración irregular, un fenómeno que no se detendrá en las próximas décadas. Escucho a Pedro Sánchez garantizar que España acogerá a afganos exiliados y lo puede hacer impunemente porque hasta sus oídos no llegan los gritos y lamentos del patio trasero.
