Ayer se anunció que el Gobierno autonómico aprobará en una reunión extraordinaria, el próximo lunes, un decreto ley que regulará las medidas y acciones que pueda tomar para impedir o moderar el crecimiento de la pandemia. La cadena de televisión que peor lo explica, obviamente, en la TVC: «De esta manera», ronronea una locutora con la seguridad en sí misma que solo puede tener una jabonera, «se superarán las distintas interpretaciones de la ley realizada por varios tribunales». Esto comienza a dar vergüencita ajena. Un puñetero decreto ley es tan recurrible como cualquier otra normativa, y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias puede dejarlo sin efecto, dentro o fuera de un marco de medidas cautelarísimas. El Gobierno de Canarias no puede atribuirse la potestad legislativa para vulnerar derechos constitucionales. El Gobierno de Canarias debería exigir que las Cortes aprobaran una ley orgánica para combatir la pandemia en el marco de una legalidad ampliamente consensuada. Pero el Ejecutivo regional prefiere armar el paripé de un decreto que no servirá para nada. Lo hace así para seguir cultivando el peligroso relato de un gobierno alerta, progresista y diligente cuyas buenas y acertadas acciones frustran tribunales botarates e insensibles.
Y hace así también porque, en el fondo, al presidente y sus compañeros les encanta esta excepcionalidad de la era covid. A través de decretazos ha modificado una docena de leyes (desde la ley del Suelo a la de la Radio Televisión Canaria) y han tomado cinco medidas de orden económico y fiscal. Para Ángel Víctor Torres el decreto es un instrumento que acorta plazos, que desplaza el latoso debate democrático y deja a la oposición sin voz, que lo resguarda ante posibles desacuerdos (pequeños o grandes) con sus socios de gobierno. Se decreta, se aplica la mayoría del pacto en la Cámara regional y a otra cosa, que no hay quien le tosa. Torres ha aprendido a adorar el decreto ley y quizás tanto gustirrinín ha acabado por confundirle. Lo cierto es que hemos llegado a un curioso punto de no retorno en el desarrollo de la pandemia. Aunque las cifras de presión asistencial son peligrosamente elevadas, en especial en Tenerife, dudo que ningún gobierno, dotado o no con el instrumental jurídico necesario y legítimo, endureciera las medidas. Estamos en fase cuatro y los restaurantes y bares están llenos, el transporte público va petado y el teletrabajo ya queda atrás. El isleño medio vacunado piensa que quizás enferme, pero que de esta no va a morir. La suprema creencia en nuestra propia inmortalidad apenas se ha erosionado durante la plaga, entre otras cosas, porque no hemos visto casi nunca uno solo de los 100.000 fallecidos en España.
Torres y su gabinete quieren ese preciso decreto ley bien enjaezado el lunes para intentar, si los datos han mejorado ligeramente, llevar a Gran Canaria y Tenerife de nuevo a nivel 3. Porque este es un Gobierno extraño, no por organizar sus opciones y decisiones en clave propagandística, sino porque tal cosa no lo decide e impulsa su muy inactivo aparato de comunicación, sino los propios dirigentes políticos que integran el Ejecutivo. A finales del año o principio del siguiente Ángel Víctor Torres, ya reelegido secretario general del PSC-PSOE, anunciará la buena nueva de fin de la pandemia y comenzará a recuperarse realmente la actividad turística. Un año y medio de cierta recuperación económica, moderada creación de empleo barato y mucha pasta en la calle y la victoria electoral en mayo de 2023 estará servida. Para Torres –y su partido– no es otro el objetivo estratégico: ganar los comicios y presidir el Gobierno. Sea con los actuales socios o sea con Coalición Canaria. Lo importante es conservar el poder, no el pacto, que resulta meramente accidental, aunque se exalte como un hito histórico. Román Rodríguez lo sabe. Noemí Santana no. Y Casimiro Curbelo lo aprovechará.
