Quizás recuerde el generoso lector que el incumplimiento del REF en materia de diferencial fiscal a favor de las producciones audiovisuales rodadas en Canarias terminó derivando, gracias a las titánicas gestiones de Ángel Víctor Torres y Román Rodríguez, en que la ministra de Hacienda dicen que dijo que se corregirá antes de fin de año. Y ambos dos se vinieron muy contentos de Madrid después de hacerse la foto con María Jesús Montoro. La próxima semana el Parlamento de Canarias celebrará un pleno extraordinario para decidir, finalmente, si se interpone un recurso de inconstitucionalidad por la decisión incluida en un decreto ley posteriormente convalidado por el Congreso de los Diputados y, por lo tanto, plenamente en vigor. Hace no mucho tiempo la diputada de Nueva Canarias, María Esther González, afirmó, un tanto torticeramente, que en este asunto quien podría y debía actuar era la Cámara y que el Ejecutivo muy poco más podría hacer. Uno sospecha que no es así, que el Gobierno podría hacer mucho más que sacarse una foto y mostrar un grado de servilismo que linda con lo patético. Pero es que además el presidente y el vicepresidente del Gobierno son secretario general y presidente del PSC-PSOE y de Nueva Canarias respectivamente, y por tanto, alguna influencia tendrán en la decisión que tomen al respecto sus grupos parlamentarios la próxima semana.
Me cuesta trabajo entender los motivos por los que socialistas y rodriguistas pueden estar satisfechos como Gobierno con la burlona respuesta de Montero y simultáneamente impulsar un recurso de inconstitucionalidad como diputados por la burlona respuesta de Montero (y todas sus actuaciones previas). Si se tiene la convicción de que el Gobierno central ha vulnerado la Constitución al incumplir el REF, instrumento normativo anclado en el Estatuto de Autonomía, ¿cómo puede mostrarse ninguna satisfacción con respuestas tan vaporosas como la de la ministra de Hacienda? Cabe sospechar que Torres ha comunicado a sus superiores jerárquicos que recurrir al Tribunal Constitucional no debe ser visto como un gesto agresivo, sino como un acto para no dejar la defensa del REF en manos de los nacionalistas coalicioneros. Porque, hablando en plata, ¿cuánto tiempo demorará el Constitucional en pronunciarse? ¿Tres, cuatro, cinco años? ¿Alguien recordará este enojoso asunto en 2025? Pero si todavía el Ministerio de Hacienda no ha abonado los 405 millones de euros adeudados por el convenio de carreteras según sentencia del año 2018 del Tribunal Supremo…
Debe tenerse en cuenta, en todo caso, que un recurso ante el TC (a veces) lo carga el diablo. El Parlamento de Baleares aprobó presentar un recurso de inconstitucionalidad porque en los presupuestos generales del Estado no se incluyó el «factor de insularidad», que está recogido en el Régimen Especial de Baleares (REB) y en su propio Estatuto de Autonomía. En sus alegaciones la Abogacía del Estado ha sido fulminante: no hay nada de inconstitucional aquí, no sea desleal y circule. Según la asimetría política del sanchismo se puede y hasta se debe negociar con fuerzas nacionalistas que intentaron un golpe de Estado en Cataluña, pero se debe y sobre todo se puede incumplir el Estatuto de Autonomía de una comunidad, especialmente, si dicha comunidad está presidida por el PSOE, es decir, por disciplinados subalternos. Quien debería extraer conclusiones de esta situación no es el PSOE canario, sino las fuerzas nacionalistas y regionalistas, sin excluir a Nueva Canarias, que paga un precio extraordinario por mantener en sus poltronas a Román Rodríguez y a Antonio Morales. Más contundencia, más reivindicación, más claridad y exigencia programática, más diálogo con los sectores económicos, más alianzas con una sociedad civil mejor articulada, más canarismo político, institucional y cultural. Y no menos.
