Los demócratas que sufrimos la dictadura franquista sentimos un profundo temor a la intervención del Estado en la conformación de las ideas. La dictadura franquista pretendió modelar el pensamiento de los ciudadanos a través de numerosos medios: la ausencia de una prensa libre, la educación dirigida, el control mediante la censura de todas las manifestaciones de la creación científica y artística, y la privación de los que en las democracias occidentales eran unos de sus pilares básicos: los derechos fundamentales y las libertades públicas.
Para los golpistas, la guerra civil española fue una cruzada contra los enemigos de España que practicaban una degenerada democracia. No había matices, los llamados nacionales creyeron ser adalides de los valores más excelsos del ser humano y consideraron que España era «la reserva espiritual de Occidente», frente a sociedades que se movían en el fango de ideas democráticas. No es posible blanquear la dictadura franquista, pero tampoco las atrocidades que se cometieron en nombre de la República por quienes nada tenían ni de republicanos ni de demócratas.
El franquismo, el fascismo, el nazismo, el comunismo y otros tantos ismos fueron en el siglo XX enemigos de la libertad y en especial de pensar y de plasmar los pensamientos en la palabra escrita o en el arte en todas sus manifestaciones. Ante esos sistemas totalitarios, de derechas o de izquierdas, los demócratas siempre profesamos la máxima atribuida apócrifamente a Voltaire: «Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo».
En España, en plena democracia, en los años noventa, surgió un movimiento un tanto difuso que fue acuñado como democracia militante. Fue el primer intento, tras la promulgación de la Constitución, de liquidar uno de los pilares básicos de la democracia, el pluralismo, la libertad de pensamiento y de creencias. Porque este movimiento pretendía monopolizar la versión auténtica de la democracia penalizando a todas las demás y postulaba incluso la persecución mediante el Código Penal de los que se desviaran de la ortodoxia democrática dictada por unos pocos. Afortunadamente este movimiento, que sin duda nació con buenos propósitos, parecía ya descartado por sus promotores a principios de este siglo XXI, pero sorpresivamente ha vuelto con otros vestidos que se parecen a antecedentes no tan remotos, como fue la Inquisición que llega hasta el siglo XIX y que vemos con horror reproducida en el extremismo musulmán y en los brotes de la extrema derecha y de la extrema izquierda en Occidente.
El Gobierno central, tras algunos titubeos, persiste en intervenir en la memoria de los ciudadanos. Parecería que quiere que haya una sola versión de la historia de la Segunda República, del golpe de estado que condujo a la Guerra Civil y de la dictadura franquista. Eso es lo que parece deducirse del proyecto de Ley de Memoria Democrática, que aproximaría peligrosamente a nuestro Gobierno a los gobiernos totalitarios, pues si algo distingue a las democracias es el pluralismo ideológico y la retirada del Estado del control de las ideas. El intento de que prevalezca una única visión de la historia utilizando la ley es reprobable, ya sea protagonizada por la derecha, por el centro o por la izquierda.
En 2019, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que, aunque no tenga fuerza de obligar a los Estados miembros, tiene una fuerza moral considerable habida cuenta de que fue apoyada por representantes de todos los ciudadanos europeos. Dicha resolución rechazó el nazismo, el comunismo y los demás totalitarismos que han sido las plagas ideológicas que han traído las mayores desgracias a los ciudadanos europeos en el siglo XX. Se trata de una advertencia dirigida a todos los gobiernos de la Unión Europea y muy en particular a Estados como el polaco, el checo o el húngaro. Y no nos gustaría que el Gobierno de España entrara en la lista de Estados europeos con tendencias totalitarias.
Los derechos fundamentales y las libertades públicas tienen límites, pero no pueden ser custodiados por ningún gobierno o administración, tienen que ser fruto de un gran consenso político, estar establecidos en el Código Penal y solo deben ser controlados por jueces y tribunales independientes que deben verificar si las limitaciones legales son compatibles con los valores, principios y normas constitucionales, y en caso contrario acudir al Tribunal Constitucional. Para muchos, la tolerancia, que está implícita en nuestro sistema político, es apreciada como decadencia. La tolerancia, la libertad, es el gran patrimonio de las democracias occidentales y debemos luchar por ellas en España y fuera de ella. En otro caso, tendríamos que admirar a los talibanes que desprecian la tolerancia, que asesinan sin piedad a los que no aceptan sus ideas o que subyugan a las mujeres.
Angela Merkel formulaba hace unos días la pregunta de cuál era la causa de que los occidentales no hayamos sido capaces de implantar la democracia en Afganistán después de veinte años de ocupación. Y creemos que la respuesta es bien clara: no es suficiente ocupar militarmente un país, era y sigue siendo necesario luchar en el campo de las ideas y no lo hemos hecho. En 1958, el estadista Gamal Abdel Nasser, en un discurso que ha circulado por las redes soiales recientemente, se reía y hacía que los que le escuchaban se rieran de la pretensión de los integristas musulmanes de que se exigiera que las mujeres egipcias llevaran el velo islámico. El asunto no merecía solo la risa, sino la confrontación con esas ideas represoras. Ya lo dijo un sabio chino, Sun Tzu, hace siglos: las mejores armas no son las que causan la muerte de los enemigos, la mejores armas son las ideas.
Baruch Spinoza, filósofo neerlandés de origen sefardí hispano-portugués, escribió en el siglo XVII que «en un Estado libre es posible que cada uno piense lo que quiera y diga lo que piensa». Y una inmensa mayoría de españoles queremos que España siga siendo un Estado como el que concibió Spinoza. Ese es el mensaje que contiene nuestra Constitución en donde resulta imposible encontrar trazas que permitan que el Estado intervenga en la conformación de las ideas.
