Las escuelas e institutos tienen ya al doblar la esquina el inicio del tercer curso bajo la amenaza de la pandemia. El primero, con una estampida que de un día para otro envió a profesores y alumnos a sus casas, les obligó a reinventar la docencia, creando sobre la marcha un modelo de educación no presencial. El esfuerzo fue meritorio, el aprendizaje ofreció valiosas lecciones y se salvó la escolarización en pleno confinamiento. Pero se mostraron los límites de este formato, y eso llevó a recuperar los valores de la socialización en las aulas.
En el segundo curso se tomó una decisión valiente. Excepto en la universidad, y parcialmente en la secundaria obligatoria, la escuela abrió sus puertas. Otros países fueron mucho más reticentes a hacerlo, y las dudas estuvieron presentes, pero la experiencia fue un éxito. La estrategia de los grupos burbuja, con una relación casi normalizada en su interior y toda la distancia posible con las otras burbujas de la misma escuela, la ventilación de los espacios y la rutina de confinamiento de grupos y cribaje cada vez que aparecía un contagio funcionaron. No solo fue posible superar el curso con suficiencia, sino que la escuela se convirtió en un lugar más seguro que otros ámbitos de convivencia e incluso actuó en gran parte como mecanismo de rastreo, de detección y aislamiento de casos.
La escuela no fue un lugar de contagio sino todo lo contrario. Todo ello fue posible gracias al esfuerzo de los profesores, convertidos en una extensión más del sistema de salud pública, y a un grado de responsabilidad por parte de alumnos y familias por el que muchos no hubiesen apostado a priori. Y gracias también al despliegue de hasta 40.000 profesores adicionales en el conjunto del país, unos 2.500 de ellos en Canarias, para facilitar la reorganización de los centros.
Canarias arranca el curso 2021/2022 el próximo jueves 9 de septiembre, prácticamente con las mismas normas de seguridad sanitarias que el anterior. Los recurrentes repuntes de los contagios en las Islas y el resto del país obligan a mantener las precauciones en las aulas, que, el pasado año académico, fueron un ejemplo en el cumplimiento de las medidas. El compromiso de la comunidad escolar en todos los niveles educativos favoreció que en el Archipiélago los grupos confinados no pasaran del 0,4%, pese a la apuesta decidida por la presencialidad. Ahora, mientras las Islas parecen salir de la quinta ola, las autoridades han diseñado un protocolo de prevención y organización que mantenga al virus lejos de los colegios y los institutos. Así, las mascarillas obligatorias y los grupos burbuja siguen siendo la base de la estrategia; sin embargo, se han introducido algunas modificaciones. Por un lado, se prevé la reducción de la distancia de seguridad entre los estudiantes en la Enseñanza Secundario Obligatoria (ESO) y en Bachillerato. El curso pasado era de 1,50 metros y ahora será de 1,20 metros. Además, hay cambios en las ratios. En Bachillerato pasan de 35 a 30 alumnos por aula; de 30 a 27 en Secundaria; de 15 a 12 en Formación Profesional Básica; y de 23 a 20 en Primaria.
Los sindicatos y las asociaciones de padres han reclamado que el número de alumnos por clase siga bajando, ya que consideran que, más allá de los buenos resultados obtenidos para frenar al coronavirus, ha quedado demostrado que es el camino para mejorar la calidad educativa. Para que eso sea posible y con la obligatoriedad de la distancia de seguridad, se hace necesario contratar, un año más, a profesores de refuerzo. La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias prevé la incorporación de unos 2.400 docentes para este curso, de los que aproximadamente 700 son para cubrir plazas fijas y otras 1.700 son para la ejecución del protocolo de prevención ante el virus en los centros educativos, unas 800 menos que en el año escolar 2020-21, todo hay que decirlo.
En cualquier caso, los mimbres no son los mismos que al principio. El 95% del personal de los centros está vacunado, tanto en el cuerpo de profesores como entre la plantilla de administración y servicios. Además, la inmunización se extiende a seis de cada diez jóvenes de entre 12 y 19 años. El objetivo es lograr, una vez más, un entorno seguro y saludable para la comunidad escolar, que ha dado la talla durante toda la pandemia, aún en condiciones más desfavorables.
Está claro que ni parece prudente levantar las precauciones que dieron buen resultado en el curso pasado, ni tampoco dejar a los centros educativos sin los recursos adicionales que les permitieron adaptarse. Y las familias deben seguir acelerando la vacunación de los adolescentes, que ha avanzado a un ritmo importante durante el verano. Pero, aquí sí, también, cuanto más, mejor.
Es cierto que gran parte de los escolares de secundaria estarán vacunados. Pero ni un número suficiente dispondrá de la pauta completa a tiempo, por lo menos durante el primer trimestre, ni los alumnos de primaria tienen aún la posibilidad de vacunarse. Eso basta para, por simple prudencia, mantener los recursos, precauciones y organización del curso anterior. Por lo menos. A un lado de la balanza está la extensión de la población vacunada, que inclina al optimismo. Al otro, la mayor capacidad de contagio de la variante delta, ante la cual aún no se ha comprobado si los protocolos anteriores en los centros escolares son suficientes, su mayor impacto en los menores y el hecho de que gran parte de la población escolar viene de un verano en que se ha relajado notablemente y con una incidencia del virus que solo ahora, en franco descenso, comienza a asemejarse a la del final de curso pasado. La escuela debe estar preparada para esta prueba.
