Escribir un artículo en un diario exige un esfuerzo de responsabilidad, pues son miles de personas las que lo leen. Cuando quien lo hace es un jurista opinando sobre normas y tribunales, ese esfuerzo requiere una dosis de imparcialidad superior, pues tiene el deber de respetar las bases del Estado de Derecho y la posición que en el mismo ocupa el Poder Judicial. Cuando en un jurista que opina se confunden intereses partidistas y, a la vez el ánimo de menospreciar a alguien, a cuyo efecto le resulta indiferente la verdad, el resultado no puede ser otro que un desahogo, que una cierta tendencia a afirmaciones que, leídas con la prudencia exigible a un jurista, resultan incomprensibles o peligrosas.
A nadie se le oculta que el tratamiento judicial de las medidas para afrontar la pandemia adolece de homogeneidad, que cada tribunal dicta las que estima adecuadas y que el resultado de este actuar afecta negativamente al papel que debe ejecutar el Poder Judicial. Esta realidad innegable puede ser abordada desde dos perspectivas diferentes según la posición más o menos independiente del jurista que las analiza: una, la de propagar la existencia de una suerte de dictadura judicial, arbitraria, que se quiere imponer al Poder Ejecutivo al que se reconoce una superioridad de apariencia democrática, pero típica de los sistemas dictatoriales; otra, la de meditar acerca de las razones que están en la base de esta situación indeseable.
Para los primeros, sin tomar conciencia de la gravedad de sus afirmaciones escasamente democráticas, pero deudoras de filias partidistas inmediatas, la culpa es del Poder Judicial que, se llega a decir, no puede aplicar la Constitución, sus principios, si estos no confirman o coadyuvan a las decisiones o su falta del Poder Ejecutivo. Peligroso es afirmar que aplicar la Constitución, democrática y garantista, es la causa de la gravedad de la enfermedad y peligroso porque esa Constitución nos previene de atentados de los sucesivos gobiernos frente a los ciudadanos. Abrir esa puerta es asumir un riesgo que mañana puede ser utilizado para minar un poco más los derechos humanos. Y nadie debe dudar y es opinión compartida y generalizada, que, al margen de la bondad o acierto de las medidas antipandemia, la tendencia a la disminución del ámbito de libertad individual es una evidencia.
Para los segundos, desde la prudencia que es inherente a la condición de jurista, al margen de una cegadora obsecuencia a las siglas de una formación política y sin silenciar nada, asumiendo la obligación de exponer la totalidad de los motivos que han conducido a la situación presente, incluso, por qué no, criticando cuando sea necesario la actividad judicial, el deber de lealtad constitucional les lleva a analizar la totalidad de los hechos, sin sucumbir al fanatismo partidista y abandonando las inquinas personales o las malas experiencias que se hayan podido tener.
Hay algo evidente o presupuestos cuya omisión descalifica ciertas opiniones. Los tribunales son independientes y están sometidos a la ley. La ley es competencia del Poder Judicial, normalmente dictada a instancias del Poder Ejecutivo. Si no hay ley específica para el caso los tribunales aplican los principios constitucionales, que no son disponibles o no deben serlo como ha demostrado el Tribunal Constitucional en la sentencia sobre el estado de alarma que, se acepte o no, es la que goza de legitimidad e imperio para interpretar la Constitución.
Pues bien, la pandemia de covid, no prevista por el constituyente, obviamente, ni por el legislador de los años ochenta, exigía una ley urgente que sustituyera no a la Constitución, a la que imputan ciertos juristas adeptos a siglas determinadas el problema, sino a la Ley de Sanidad de 1986 que el mismo Tribunal Supremo ha afirmado que es insuficiente para afrontar la crisis que padecemos. Y esa ley no se ha elaborado, ni modificado porque la mayoría parlamentara no lo ha querido al imponerse el criterio de la territorialidad sobre el de la necesidad de una norma estatal, el nacionalismo, sobre el Estado en razones que exigen unidad. El TS se ha equivocado y no por lo que argumentan los juristas oficialistas, pues, reconociendo la insuficiencia de la ley de 1986, en lugar de declarar la ilegalidad de todas las medidas restrictivas de derechos por carecer de cobertura legal, en un ejercicio de responsabilidad, ha permitido su aplicación bajo los principios constitucionales que legitiman la restricción de derechos. Una ley hubiera bastado para unificar el tratamiento de la pandemia y una ley que la mayoría no ha querido.
Esta es la realidad. Pedir que la pasividad del Gobierno sea subsanada por los tribunales revela una forma de entender la Justicia poco adecuada al Estado de Derecho. Y peligrosa de futuro.
En todo caso, siempre apoyaré al Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo. Seguramente es porque no milito en formación alguna, ni tengo especiales cuitas con nadie.
Comprendo, que quede claro, que la situación ha sido compleja para todos, incluido un gobierno cuyos apoyos no eran los más oportunos para afrontar una crisis tan grave. Tal vez esa ley no se podía dictar porque no hubiera habido un consenso necesario. Los aliados van a lo suyo y la oposición es poco propicia a ayudar en lo que era y es obligado hacer. Nadie, de ningún lugar, lo ha tenido fácil. Ha habido y habrá errores que ningún gobierno hubiera evitado. Mi comprensión hacia todos los que han asumido responsabilidades es absoluta. El rechazo a quienes ven solo el mal en los adversarios, casi irracional por pura lógica.
Por eso es necesario no sucumbir ante las lealtades de siglas y guardar bajo llave las miserias de cada cual. No interesan a nadie y conviene ocultarlas por dignidad. Sobre todo si se falta a la verdad y se hace sin ironía. La ironía subsana o disimula lo que debe ser disimulado por ser tan explícito.
