Dada la sospecha de falta de transparencia prístina de las encuestas como instrumento de investigación social procede, en primer término, preguntarse por su eficacia.
Llevo desde hace varios meses intentando acabar una del INE, pero imposible. Cada vez que me llaman surge un contratiempo y se queda a medias. Al reintentarlo, ya he variado mi escala de valores y contesto como un radical. Hasta me enfrento con la persona que me hace las preguntas, como si fuese culpable de las calamidades que ruedan sobre nuestras cabezas. Así y todo, el tándem Ángel Víctor-Román quiere hurgar en el estado de depreciación social formateado por la pandemia, y saca a concurso cuatro oleadas de encuestas por 100.000 euros. El objetivo de estos sondeos es la preocupación por encontrar respuestas satisfactorias frente a las necesidades creadas por la Covid-19: la llamada política social, o por lo menos estar en ella, aunque sólo sea haciendo encuestas, que en su versión más porno ofrecen titulares flambeados y luego se meten en un cajón junto a una grapadora en desuso, unos sobres de azúcar y una caja de palillos de dientes con diseño del 68. La penalidad peor es que la mayoría de las encuestas las encarga el poder político, que trata así de reconfirmar la validez de sus iniciativas, anteproyectos, proyectos, decretos y chuflas de todos los tamaños. Hace años que en el territorio español la investigación social independiente dejó de formar parte del paisaje, con relevantes bajas en los departamentos de estudio de entidades financieras cuyos informes hacían pupa a los gobiernos. La moda de crear estos gabinetes cuajó en Canarias -en la agonía del franquismo- con el CIES de la Caja Insular de Ahorro de Canarias, del que resultaron expulsados (1972) Óscar Bergasa Perdomo y Antonio González Viéitez por chocar fuertemente contra el añejo orden sociopolítico. Solo queda esperar por los resultados de estos sondeos, con los que uno tiene un sueño, una quimera, que le den un susto al gobierno. Pero entonces no los encargaría.
