La agenda política canaria y los debates en el espacio público insular presentan ausencias, sombras y solapamientos sorprendentes. A ver si hago un listado rápido, porque vale la pena. Por ejemplo, en Canarias nadie –ni Gobierno, ni partidos, ni patronales, ni sindicatos ni universidades– está interesado en la posición geopolítica de las Islas en un entorno decididamente cambiante ni en asuntos de defensa militar. Nada de eso existe porque nada de eso se apalabra en ningún lugar. Más sorprendentemente todavía, las fuerzas políticas isleñas no han sacado ninguna conclusión de la aterradora crisis económica que sacudió al país entre 2008 y 2015. Es más: nadie la recuerda, y menos que nadie, los partidos que apoyan parlamentariamente al Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres, que han decidido incorporarse a un sorprendente adanismo que no puede llevar a nada bueno.
En un lugar más o menos civilizado socialdemócratas, conservadores, nacionalistas y liberales –al menos– hubieran consensuado un diagnóstico básico de la situación socioeconómica por la que atravesó Canarias en esos años terribles y que todavía muestra secuelas, porque si bien la recesión acabó en 2014, la verdadera recuperación económica no comenzó hasta el segundo tercio del mandato de Fernando Clavijo y se frenó en seco en marzo de 2020. Cuatro años escasos de crecimiento sostenido, pero que solo en 2017 superó el 3% del Producto Interior Bruto (en 2009 el PIB llegó a caer un 4,8%). La remontada fue meritoria, pero es que el golpe había sido brutal. En 2019 se llegó al mejor PIB per cápita de la década: 21.244 euros. Y aun así una cifra muy parecida al del último año precrisis: 21.050 euros en 2017.
La prolongada crisis de 2008, que supuestamente nadie ignora pero que no es asumida como elemento para explicar el trasfondo de la evolución reciente de la economía canaria, tuvo un origen financiero pero terminó por infectar a una economía muy financierizada. La UE entendió que la austeridad en la inversión y el gasto público era la fórmula para evitar un hundimiento sistémico y así la impuso draconianamente a sus socios. Los recortes en los sistemas públicos de sanidad y educación fueron despiadados. La contracción del gasto público puso en un riesgo real el modesto Estado de Bienestar canario, empobreció a las universidades y arruinó programas de investigación, arrasó negocios y paralizó procesos de modernización empresarial, arrojó al desempleo a decenas de miles de personas que no han vuelto a tener un trabajo digno y estable, llevó al éxodo a varios miles de estudiantes y emprendedores isleños, paralizó la obra civil y, por supuesto, dejó sin fondos las políticas sociales y asistenciales. Una economía deprimida hundió la recaudación fiscal. En este periodo –en el que gobernaron en la Comunidad autónoma los tres grandes partidos: CC, PSOE y PP, compartiendo las responsabilidades en la respuesta de los poderes públicos a este tsunami– simplemente no había un duro no sacrificable. Pero aunque no entusiasme a nadie, ni Paulino Rivero, ni José Manuel Soria, ni José Miguel Pérez podían hacer otra cosa. El Gobierno regional carecía de margen de maniobra. El gasto social y cultural fue el gran sacrificado.
Por eso es grotesco y pura tartufería demagógica escandalizarse por el «bajo nivel de gasto social» de los gobiernos canarios entre 2008 y 2016, como si no hubiera ocurrido nada o casi nada en ese periodo. Cuando Podemos, ahora frente la Consejería de Derechos Sociales, afirma haber aumentado partidas presupuestarias para la PCI o para acoger a menores migrantes, solo se me ocurre decirles «bueno fuera». En su caso es peor: han dispuesto de recursos presupuestarios y la torpeza de su dirección política, sus errores de diagnóstico administrativo, su chulesco paternalismo les ha conducido a un fracaso estrepitoso que los ciudadanos no van a olvidar.
