La prueba de que este Gobierno atolondrado y maltrecho por las alianzas indeseables, impotente ante la subida histórica de la factura de la luz, sigue volando de flor en flor está en su mensaje errabundo. Tan pronto promueve el enfrentamiento entre los poderes del Estado que lo aborta de inmediato para resguardarse, mostrando un supuesto respeto a la separación, para evitar responder a las críticas del presidente de CGPJ, sin que apenas pueda disimular su afán de injerencia. Para comprobar esto último están las palabras de la fiscal general del Estado que sigue la senda de Bolaños al recordar que estos poderes, en realidad, emanan del pueblo que es su verdadero titular. Se trata, como cualquier persona sensata sabe, de una falacia perpetuada desde la Revolución Francesa.
Las eternas preguntas que nos hacemos sobre la soberanía popular es cuándo realmente mandan los ciudadanos en el Estado, o qué hacemos con los que no votan o lo hacen por partidos que no cuentan con representación parlamentaria. ¿Toda la soberanía se reduce a cada cuatro años cuando se deposita la papeleta en las urnas? En algunos países son seis. ¿Esa es toda la soberanía que tenemos para que Dolores Delgado venga a recordar que el pueblo es el verdadero titular de este tenebroso tinglado?
No es que gestionen mal los asuntos que nos conciernen y sean incapaces de encontrar soluciones a nuestros problemas más acuciantes, lo peor es que nos consideren idiotas. ¿Por qué piensan Delgado o Bolaños que somos imbéciles cuando se escudan en la titularidad que solo nos corresponde en un texto constitucional? La teoría de la soberanía popular, como escribió Garcia Trevijano, es una ficción útil, necesaria, conveniente en el actual Estado de partidos y su vinculación genética con el capital financiero o especulativo. También sirve para que en estos casos y cuando conviene, la fiscal general de Estado la utilice como excusa de que la democracia solo se construye a partir de la representación que dictan las urnas.
