Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Ángel Tristán Pimienta

Apuntes

Ángel Tristán Pimienta

Periodista

Acabar ya con el maltrato a los mayores

Ahora es el momento. Hay que aprovecharlo. Suele ocurrir en la vida cotidiana. Cada vez que surge un asunto importante, en el que hay que estar al hecho y al contexto, algunos sienten la tentación de actualizar el viejo proverbio oriental que duce que «cuando el sabio señala la Luna, el necio mita el dedo».

Esto ha ocurrido, aunque fugazmente, porque el presidente Ángel Víctor Torres enseguida paró la pelota en seco con el anuncio de un amplio plan de acción de contratación de personal dotado financieramente, que ya se había trabajado con anterioridad, con el devastador informe de la Diputación del Común sobre el estado de las residencias de mayores.

Tiene este documento el mérito de que fue iniciado antes de que la pandemia pusiera en evidencia las flaquezas de eso que en sentido amplio podríamos llamar leyes de la dependencia, muy progresistas en la letra y en las intenciones pero un desastre en su día a día, mes a mes, año a año y en realidad década a década.

El problema tiene varios ángulos: la insuficiencia de medios personales y materiales, y la casuística propia de cada centro. Esto es común a toda España, salvo algunas poquísimas excepciones. También está ampliamente generalizado el fenómeno de que ante la insuficiencia de la infraestructura pública el vacío ha sido ocupado por una iniciativa privada a veces más extractiva y oportunista que profesional. Sin ambages: parecen mayoría los establecimientos en manos de gente con pocos escrúpulos que ven la ocasión para hacer caja, tratando criminalmente a los ancianos, como si fueran yogures caducados.

Hace años, no es una cosa de ahora, que el desastre era vox populi. Incluso en centros públicos se echaba en falta el respeto debido a unos usuarios absolutamente dependientes. Que en un acto en navidades (sobre 2015, o por ahí) en un salón con grandes potencialidades para la socialización de los internos, pero poco uso (ganduleando se vive mejor) con asistencia de los pacientes y de sus familias, el director citara en primer lugar a «mis trabajadores» ya indicaba cuáles eran sus prioridades. Ya no está.

El informe entregado en 2020 a la Cámara por María Milagros Fuentes recuerda las tenebrosidades de Dickens. Ratas, cucarachas, olor a orines, chinches, desatención, cocinas sucias, alimentación en entredicho… Puede resumirse como un cuadro claro de maltrato. Con una preocupante desidia de los encargados a pie de obra o en los despachos de la vigilancia y control.

La cortina de humo es enredarse en si son galgos o podencos. Lo mismo da. Los unos y los otros son muy parecidos. También ver intenciones espurias. O tratar de aliviar la gravedad con argumentos que circunvalan la realidad sin entrar en ella: que si el documento no es suficientemente representativo, porque han sido pocas las inspecciones in situ en relación con el número de centros… También parece una fórmula de distracción desviar la atención hacia la demora en la tramitación parlamentaria como si esto fuera lo más importante y no un factor contaminado y lastrado por la pandemia.

Tampoco todas las partes implicadas son iguales en sus acciones y omisiones. Unos ayuntamientos tienen centros de mayores y los atienden como es debido, y otros no tanto; lo mismo ocurre con los Cabildos: cada uno es un mundo-isla. Y la Comunidad Autónoma padece una enfermedad crónica: en los últimos veinte años no solo no ha atendido sus obligaciones sino que ha desplegado un detestable desinterés hacia este sector. Y, encima, ha ido socavando con premeditada idiotez la estructura de salud pública, una de las causas de la impotencia inicial ante los estragos de la covid.

Claro que el problema de la cantidad y la calidad asistencial no es todo. La incapacidad para atender la burocracia (a veces auténtica burrocracia) ha sido clamorosa. Se suma la falta de medios, económicos y de personal, con una estructura laberíntica, con intereses sindicales y profesionales que van a lo suyo a veces en detrimento del servicio público, con una adecuada organización del trabajo y protocolos actualizados.

Los problemas de la vejez hoy día son distintos a los de hace cincuenta años. Entre otras razones porque, por poner un ejemplo, en la primera legislatura de Felipe González unas 800.000 mujeres entraron en el mercado de trabajo. Por lo tanto el cuidado de los mayores que no pueden valerse por sí mismos empezó a ser imposible en la casa familiar. A su vez, muchos edificios, sobre todo en los barrios, no cuentan con ascensores. Fue a finales de los años 80 y principios de los 90 cuando la demanda se multiplicó, estancándose, salvo excepciones localizadas, la oferta pública asequible.

La próxima contratación por la Comunidad Autónoma de 227 empleados adscritos a la Consejería de Derechos Sociales es una medida estratégica clave, aunque también es prioritario multiplicar la plantilla de inspectores médicos del SCS. Pero quizás asimismo sea necesario y urgente, para no seguir desaprovechando esfuerzos y sinergias, una mejor coordinación y colaboración con la Consejería de Sanidad. A su vez el Cabildo Insular de Gran Canaria está llevando a cabo, con la consejera Isabel Mena, un ambicioso programa de nuevas instalaciones, que entre otras muchas iniciativas tiene el proyecto de rehabilitación y transformación del antiguo Psiquiátrico ( el manicomio) en El Sabinal… Etc.

Hay asuntos que no pueden esperar una vez que aparecen los síntomas. Muchos pacientes han muerto necrosados por el cáncer antes de que les toque la cita para el TAC. Pues bien: igual que se hizo en Las Palmas de Gran Canaria cuando entró como alcalde Juan Rodríguez Doreste, hay que hacer un PAI (Plan de Actuación Inmediata) pero en la actividad sociosanitaria regional, y sobre la marcha: una inspección en profundidad de todas las residencias. Si hace falta con órdenes judiciales, que hay muchos listillos sueltos. Un informe de la cola. De los papeles amontonados sobre las mesas de nadie. Igual que se encontraron rastreadores de contagiados por el coronavirus se pueden encontrar inspectores. También habría que activar un teléfono especial y gratuito para canalizar las denuncias.

Puede hacerse; ergo, hay que hacerlo.

Compartir el artículo

stats