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Lucas López

Tribuna abierta

Lucas López

Promover el derecho a la educación de calidad

Desde que me incorporé a mi nueva misión en la oficina de la CPAL (jesuitas de América Latina y el Caribe), colaboro en un proyecto que quiere promover el Derecho Universal a Educación de Calidad en el marco del Pacto Educativo Global (PEG), impulsado por el papa Francisco. El esfuerzo se encamina a impactar en el conjunto de las sociedades latinoamericanas para implantar una educación apropiada y sin exclusiones. Es un empeño en el que previamente hay toda una inmensa red de actores públicos y privados, locales e internacionales. Sabemos que las presencias educativas, sociales, comunicativas, pastorales y universitarias de la Compañía de Jesús son pequeñas ante el desafío, pero tienen el peso específico suficiente para sumar significativamente con otras y otros.

Dejó dicho Mandela que la educación es la mejor arma para la transformación social. Sin embargo, ni llega a todas las gentes ni lo hace con recursos suficientes. Todavía dista de ser reconocida como derecho universal. Por eso, sumamos a la educación tres palabras de las que conviene hablar: derecho, universal y calidad.

La palabra «derecho» refiere a un aspecto de la vida humana del que nadie puede ser excluido. Todo derecho supone un deber personal y social, una responsabilidad ética para garantizar su ejercicio. La educación está en la declaración universal de derechos humanos de 1948 y es el principio rector de la Agenda Mundial de Educación 2030, figurando en el centro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. La educación nos permite crecer y gozar de la vida, nos da autonomía y nos responsabiliza como ciudadanía. A pesar de todo ello, en América Latina y el Caribe, como en otros lugares del mundo, es un derecho del que siguen privadas muchísimas niñas, niños y personas adultas. Por eso, la Compañía de Jesús en la región asume aliarse con quienes defienden el derecho a la educación.

Cuando los jesuitas usamos el adjetivo «universal», lo distinguimos de «global». En la globalización se da una fuerza uniformizadora que empobrece las culturas y condena muchos modos de vida. Muy cercano al término griego (según la totalidad), cuando se dice que un derecho es «universal» se afirma que llega a todas las personas de modo adecuado a su diversidad vital, social, económica y cultural. No se quiere una educación global que suprima las diferencias culturales o que prime en exclusiva la ética del mercado. La Compañía de Jesús, que aprendió de su fundador a mirar el mundo en su diversidad y a entender su misión como inculturación (inmersión acorde a cada cultura), promueve el derecho a la educación no como un derecho global (uniformante), sino universal.

La expresión «calidad educativa» parece secuestrada por quienes la entienden meramente como instrumento para preparar personas productivas para nuestra economía, poniendo toda la fuerza en la generación de «empleables». En educación, la calidad es un concepto con múltiples usos y referentes y nuestro esfuerzo por promover su derecho no puede ceñirse a una definición excluyente de calidad. Así, los modelos de calidad institucional estandarizados (ISO, EFQM), orientados a la mejora de las organizaciones, aunque sean herramientas útiles, no pueden monopolizar el juicio sobre si un proyecto educativo tiene o no «calidad». La expresión «calidad educativa» sufre por su pura identificación con los procesos industriales o empresariales de calidad. Los casi cinco siglos de experiencia educativa de la Compañía de Jesús nos permiten proponer un marco que no se casa con ninguna definición excluyente de calidad pero que señala que la educación será apropiada cuando se muestre en los objetivos planteados (virtudes, curriculum, aprendizajes, competencias…), en los medios elegidos y aplicados (personas, metodologías y equipamientos) y en los resultados obtenidos (la transformación de la sociedad y el perfil de la persona egresada).

A todo esto, el verbo «promover» supone la pretensión de sumar y de incidir, de aliarnos con quienes están en este empeño y de influir en quienes tienen en su mano la capacidad política y económica para tomar decisiones en este sentido. En 1966, Naciones Unidas adoptó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que nos señala una pista de lo que queremos proponer: una educación disponible (availability), accesible universalmente (accessibility), adecuada a las peculiaridades (adaptability) y relevante para las comunidades y personas que la viven (acceptability). En la actualidad, el esfuerzo de Unesco a través de su iniciativa «Futuros de la Educación» y la propuesta de Francisco para un Pacto Educativo Global parece que pueden servir de marco general al que sumarnos haciendo valer la experiencia de la red de presencias e instituciones jesuitas junto a principalmente tantas comunidades empobrecidas con las que caminamos aprendiendo cada día de ellas mismas a ayudar. Los desafíos son muchos. En esto estamos. Queremos sumar.

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