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José María Asencio Mellado

Vuelva usted mañana

José María Asencio Mellado

Poder judicial. Un conflicto permanente e irresponsable

El daño hecho al Poder Judicial por PP y PSOE es ya irremediable. Y la fuente de la lesión a la imagen y la autoridad moral de aquel Poder no es otra que la intromisión de los partidos en el órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial que, como advirtió el Tribunal Constitucional en 1986, siendo acorde con la Ley Fundamental su nombramiento parlamentario, significaba un riesgo cierto para la independencia en el ejercicio de sus funciones. Y así lo ha acreditado la realidad, que ha superado todas las previsiones ante unos partidos que carecen de límites claros entre las convicciones y los fines inmediatos.

Es tal el interés demostrado por los partidos en la composición y el control de dicho órgano que la idea de que tras ello existe la pretensión de evitar sentencias adversas triunfa en la sociedad, idea ésta que algunos políticos, ignorantes o de mala fe, propagan con escasa prudencia y menor sensibilidad hacia el sistema constitucional. No hay otra solución, en este marco de conflicto, que dar un paso adelante y cambiar la ley de 1985 y volver a la inicial de 1980, más cercana a la letra y el espíritu de la Constitución y que confería a los propios jueces la elección de doce de los veinte integrantes del CGPJ. Otros ocho siempre fueron nombrados por Las Cortes.

No es más democrático que el Poder Legislativo designe al órgano de gobierno del Poder Judicial. Y no lo es porque, en nuestro sistema, este Poder no se legitima por elección popular, sino por su sumisión a la ley que emana del Legislativo. Ni los jueces se eligen por los ciudadanos, ni su órgano de gobierno debe serlo. La legitimación de la actividad judicial, como sostenía GIMENO, no emana de la voluntad popular, sino de su sometimiento a la ley, esa sí, dictada por el Poder Legislativo. La independencia es y tiene como objetivo aplicar la ley sin interferencias u obstáculos y la intervención partidista tiene la pretensión de eludir esa sumisión anteponiendo otros intereses u objetivos. El control del Poder Judicial por los partidos no lo legitima, sino exactamente lo contrario. No basta la independencia de cada juez, sino que debe poseerla también el poder como tal en tanto, indirectamente, puede interferir en la independencia individual.

Así las cosas, cabe enfrentarse a la realidad de dos formas distintas; confrontando o concertando. Claro es que el PP ha incumplido la ley al no someterse a su deber de renovación. Pero, hoy por hoy y visto el órdago lanzado, es evidente que este partido se ha obligado a reformar la ley una vez llegue al gobierno. El CGPJ elegido parlamentariamente, pues, tiene los días contados. Podrá suceder inmediatamente si el PP gobierna en 2023 o esperar algún año más. Pero llegará. Y el PSOE debería saberlo y contar con este dato elemental. Ignorarlo es negar la evidencia.

Por eso, que el PSOE se enroque sabiendo que el sistema que estableció en 1985, para forzar mayorías cercanas, porque la pretensión nunca negada fue esa, tiene fecha de caducidad, es un absurdo. Y que el PP mantenga la negativa a someterse a la ley, otro error que no puede mantenerse hasta fechas tan inciertas, como indeterminadas. Minar el CGPJ más carece absolutamente de justificación.

Ni el PSOE debería negarse a una reforma inevitable, ni el PP mantener un veto permanentemente si el PSOE tampoco cede a la realidad. Bajo ningún concepto y por responsabilidad, puede prorrogarse un CGPJ caducado ni un día más. Por respeto al Poder Judicial, que es quien pierde en esta lucha de titanes. Insistir en mantener indefinidamente un CGPJ caducado y nombrado por el mismo sistema que se rechaza solo se puede explicar en el hecho de gozar de la mayoría en la institución. Una contradicción que debería explicarse. Lo que no se renueva es deudor de los mismos defectos que se denuncian. La postura del PP carece de base cuando se sostiene en un órgano que, conforme a sus críticas, atenta a la independencia tanto como el que se renovara.

Pero el PSOE actúa, paralelamente, anteponiendo un conflicto y unas posiciones teóricas desmentidas por la realidad, tozuda, que deslegitima los discursos de apariencia democrática. Y, en esta deriva de confrontación sin disimulo, opta por no avanzar en lo inevitable.

La renovación inmediata es obligada, con o sin el apoyo del PSOE a la reforma inmediata de un sistema que no necesitará de este partido para prosperar cuando cambie el gobierno, Allá el PSOE si se empeña en un discurso que ante la sociedad aparece como la causa de muchos males de la Justicia.

El Poder Judicial debe gobernarse sin interferencias partidarias, sin dudas sobre sus actuaciones y dependencias, sin más criterios que los méritos y capacidad. Un juez conservador o progresista no es muy diferente cuando de aplicar la ley se trata. Incurrir en el error de creer que la ideología judicial funciona de modo similar a la política es ignorar lo que es un juez, su independencia e imparcialidad, su ética.

La reforma de 1985 está muerta y cuanto antes la enterremos mejor será para todos y, especialmente, para el Poder Judicial. Y luego, sin intereses políticos inmediatos, dar el paso adelante y fortalecer la primacía de la ley frente a la creación judicial del derecho, tan extendida, como contraria a la división de poderes y a la misma idea de independencia judicial. La independencia es incompatible con la invasión de espacios propios de la política. Aunque de eso no toca hoy hablar.

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