La proliferación de delitos de odio contra la orientación o identidad sexual (aunque durante el confinamiento, enquistados más en las redes sociales que en las calles) ha disparado todas las alarmas y ha provocado la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento para la actualización del Plan de Acción contra los Delitos de Odio, que la semana pasada presidió el jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Aunque algunos se aferren a un oscuro episodio convertido luego en denuncia falsa para desmentir la gravedad de la situación, no se puede ignorar que se han ido sucediendo episodios inquietantes desde el brutal ataque protagonizado por una jauría humana en La Coruña, a primeros de julio, que acabó con la vida de Samuel Luiz Muñiz, hasta las últimas agresiones en País Vasco, Valencia o Cataluña. Y en estas páginas contamos el que sufrió un canario en Madrid en el año 2016 perseguido por un grupo de energúmenos al grito de “¡A por el puto maricón de mierda!”, golpeado hasta la extenuación y marcado psicológicamente durante días, semanas, meses… y así hasta varios años.
Aunque Canarias sea una de las regiones con menor incidencia de los delitos de odio, con una tasa de 2,2 por cada 100.000 habitantes, solo por encima de La Rioja (1,3), Andalucía (1,8) y Aragón (1,9) e igual que la de Extremadura, y distante de País Vasco (10), Navarra (7,7) o Melilla (11,48), según los datos del Ministerio del Interior de 2020, es lógico que los colectivos señalados por los violentos se sientan inseguros, vulnerables e indignados. Como se debería sentir cualquier ciudadano por la violación de cualquier parámetro democrático básico, desde el respeto a la diversidad y la libre elección de la opción sexual hasta el de sentirse, simplemente, seguro en la calle.
Aunque las últimas cifras recopiladas se refieran a 2020 y con unos datos de disminución de las acciones de violencia física que no las hacen representativas de la situación posterior al confinamiento, a estas alturas del año ya se han registrado un número de agresiones similar al de la totalidad del pasado ejercicio. El número de delitos de odio relacionados con la orientación sexual o la identidad de género se ha incrementado en el conjunto del territorio español a lo largo de los últimos cinco años. Entre 2015 y 2019, la cifra ha aumentado un 64,4%, según datos por el Ministerio del Interior. Esta realidad no es diferente en Canarias. En el informe de 2019 se recogen 14 agresiones de este tipo en las Islas, mientras que el año anterior solo se computó una. En 2017 se registró la cifra más alta del último quinquenio, con 17 ataques de ‘lgtbifobia’, después de que en los ejercicios anteriores se registraran dos y seis agresiones.
No obstante, estos datos son solo los oficiales, ya que, como asegura la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales, un 55% de los delitos cometidos contra el colectivo no llegan a denunciarse. Este tipo de acciones responden a dos tipologías: la agresión inmediata, sin más justificación que una exacerbada y primitiva intolerancia, y la premeditada actuación en grupo.
Es inexcusable atajar cualquier conducta violenta, tanto si es explícita y trágica como si se trata de insultos, bromas o malas praxis en cualquier circunstancia cotidiana. El mensaje de que hay que acabar con esta situación debe calar en el conjunto de la ciudadanía para que no permita actitudes hostiles ni burlas hacia ningún colectivo, ya que eso la convierte en cómplice. Para ello, deben activarse recursos a largo plazo (con la educación en la diversidad al frente) pero también respuestas policiales y judiciales inmediatas. Y también debe denunciarse, con la intensidad adecuada, la instalación de corrientes de opinión homófobas y contra los derechos civiles promovidas por organizaciones ultras.
Algunos ministros, como el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, han afirmado que «hay discursos que están al límite de lo que es procedente» y que «el respeto a la diversidad» no forma parte del ideario de la extrema derecha, y otros, de Unidas Podemos, han señalado directamente a Vox como generadora «de discursos de odio». Mientras tanto, el PP defiende que no existe tal relación y el partido de Santiago Abascal amenaza con los tribunales a quien les relaciones con la violencia.
Es temerario vincular de forma directa con la comisión de delitos gravísimos a una determinada formación política sin que exista un vínculo causal evidente. Pero también es necesario insistir en que el menosprecio al diferente, el recurso al amedrentamiento y las llamadas a reconquistar la hegemonía perdida por un modelo agresivo y caducado de masculinidad acaban conformando un caldo colectivo de intolerancia. Alimentar un discurso de odio acaba teniendo consecuencias. Y deben combatirse tanto el primero como las segundas.
