El Consejo de Gobierno extraordinario celebrado en La Palma tomó (acertadamente) las medidas que podían tomar. Una cantidad inicial y moderada para los damnificados (seis millones de euros) y para las empresas afectadas (siete millones de euros), el inicio del trámite para solicitar al Gobierno central la declaración de zona catastrófica y, por supuesto, el impulso a la distribución de los evacuados a espacios más cómodos y estables, porque vivir durante meses en un polideportivo no resulta viable, y existen posibilidades de utilizar alojamientos turísticos (Fernando Clavijo apuntó a esa fórmula el lunes pasado y fue convenientemente lapidados en las redes sociales). Y salvo a referencias a compras y construcciones futuras de viviendas no mucho más, no porque el Gobierno no quiera hacer más, sino porque la crisis volcánica continúa adelante con temblores, explosiones y dos nuevas bocas vomitando lava y ceniza, y lo que sigue siendo imperativo es el mantenimiento estricto de los protocolos de seguridad y emergencia, la evacuación cuando deviene inexcusable, el traslado de los damnificados en las máximas condiciones de seguridad y comodidad. La gestión política y administrativa solo podrá definir objetivos y elegir mecanismos cuando la actividad eruptiva haya finalizado o sea muy modesta y se pueda hacer –concienzuda y sistemáticamente– una evaluación global de las pérdidas económicas y daños paisajísticos. Por primera vez el presidente Ángel Víctor Torres pronunció una palabra que los dirigentes políticos detestan. La evolución vulcanológica es (dijo) «imprevisible». Y es cierto. Los vulcanólogos manejan varios modelos de desarrollo de la crisis, pero obviamente no pueden anticipar si se abrirán nuevas bocas o descenderá la actividad sísmica en los próximos días. Un simple dato: la superficie cubierta de lava creció un 50% en apenas doce horas anteayer y ya sobrepasa las 165 hectáreas. Pasado mañana pueden ser 300. En 2019 ardieron 10.000 hectáreas de pino y monte bajo en Gran Canaria pero cabe una observación: la superficie calcinada de un incendio forestal puede regenerarse en cinco años. Con las coladas de lava no ocurre lo mismo.
Mientras tanto no corresponde otra cosa que mantener la cabeza fría y sepultar de una maldita vez los garbeos apocalípticos de los dirigentes políticos o el vicio de ganar un titular –como hizo el vicepresidente Román Rodríguez– al anunciar la compra de viviendas de la que pretendía informar el propio Torres. El consejero de Hacienda se adelantó a la torpeza y lentitud del aparato de Comunicación de Presidencia y consiguió medio minuto de atención. El Consejo de Gobierno decidió abrir una oficina de información para los afectados en Los Llanos de Aridane. Tal vez no sería mala idea, para superar los hábitos y estilos campamentales, organizar una oficina de emergencia vulcanológica dependiente de Presidencia del Gobierno o de la Consejería de Administraciones Públicas cuyo corazón sea, por supuesto, el mando operativo del equipo de seguridad y emergencia, pero que también se ocupe del control y unificación de la información y de la atención administrativa de los damnificados con la oficina de Los Llanos como principal instrumento de trabajo. Porque, como ya se ha advertido hasta la saciedad, esto se va a prolongar inevitablemente durante meses, y sin duda exigirá, a medio y largo plazo, una revisión de la estrategia de desarrollo de La Palma, que es un territorio in-sular altamente subvencionado y que necesitará más recursos y atención. Y en ese futuro, no tan lejano, emprender una reflexión sobre su crecimiento económico, sus opciones económicas y su lugar en la Canarias de siglo XXI.
