Con la presentación un año más del proyecto de Presupuestos Generales del Estado se abre de nuevo un gran debate político en Canarias sobre el tratamiento de la principal herramienta de actuación económica del Gobierno central sobre la realidad de la Comunidad Autónoma. Las cuentas estatales para 2022, presentadas el miércoles en el Congreso, vuelven a poner en evidencia la imprecisa y errática aplicación del REF por parte del Gobierno de turno en Madrid, y la miopía con la que se suele mirar a las Islas y a su condición de región ultraperiférica, ahora agravada además por las consecuencias económicas y sociales de la pandemia que todo el país está tratando de superar.

El proyecto presupuestario en cuestión vuelve a caer en errores y deficiencias del pasado, pero al menos expresa una clara intención de afrontar algunas de las urgencias a las que se enfrenta el Archipiélago para buscar la senda de la recuperación. Es un Presupuesto que tiene sus luces y sus sombras y cuya eficacia dependerá de cómo se interpreten y se gestionen algunas de sus partidas y de varios de los conceptos que contiene. La posibilidad de que el proyecto acabe siendo útil o no a los objetivos de la sociedad canaria estará muy condicionada por la capacidad del Gobierno de Canarias de convencer y forzar al Ejecutivo de Pedro Sánchez de que tan importante como las cifras y los números es su aplicación práctica, así como la gestión política de muchos de los elementos que condicionan la ejecución presupuestaria si lo que ahora es un proyecto acaba convirtiéndose en ley tras lograr el consiguiente apoyo parlamentario en las Cortes.

Todo ello pasa por trasladar al debate que ahora se abre una serie de ideas claras sobre esas luces y sombras de las cuentas en lo que se refiere a las partidas canarias e intentar mejorarlas durante la tramitación parlamentaria. Pero ese debate en las Islas no puede convertirse en un diálogo de sordos entre las fuerzas políticas y en una pelea inútil sobre interpretaciones sujetas a lecturas sectarias, haciéndose todo el mundo trampas al solitario. Canarias merece un debate crítico sobre los nuevos Presupuestos estatales, pero también serio y ecuánime, alejado de prejuicios partidistas y de lecturas exageradas en uno u otro sentido, y poniendo el énfasis en los aspectos a mejorar. Las críticas deben ser constructivas partiendo del hecho de que el proyecto es un punto de partida válido, pero flaco favor se le haría a la sociedad canaria convirtiendo ese proceso en una versión isleña del “España nos roba” del independentismo catalán o asimilando ese lema que el populismo neocentralista y trumpista cultiva últimamente ante una supuesta “madrileñofobia” del Gobierno de Sánchez.

Partamos del hecho de que si este es el Presupuesto más expansivo de la historia con una cifra récord de gasto, de casi 200.000 millones, con 27.000 millones de aportación de fondos comunitarios aplicables al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que, por cierto, necesita de una mayor clarificación sobre su traslación territorial, Canarias tendrá que verse beneficiada en una proporción equiparable a su peso poblacional y al que tiene derecho además, de manera complementaria, en compensación por los costes derivados de la lejanía y la insularidad.

El aumento de algunas partidas para las Islas en cada uno de estos conceptos, no en las inversiones directas del Estado (capítulo 6 del proyecto presupuestario), pero sí en las de las transferencias de capital para ser gestionadas por la Comunidad Autónoma y las correspondientes a la aplicación del REF (capítulos 7 y 4) podría resultar más que razonable en condiciones normales. Pero seguramente se queda corto teniendo en cuenta el contexto económico y social de las Islas tras casi dos años de crisis del sector turístico como su principal generador de riqueza y empleo.

Y es aquí donde surgen algunos de los debates más enconados que se repiten año a año con absoluta incapacidad por parte de las fuerzas políticas canarias de encontrar un código común de lectura sobre el verdadero contenido de los Presupuestos estatales, siempre condicionado al color político de cada uno de los Gobiernos en Madrid y en el Archipiélago, y a los pactos que en cada caso se hayan establecido entre los partidos canarios con representación en las Cortes.

Una vez más, la inversión estatal directa en Canarias queda claramente por debajo de la media estatal (166,9 euros por habitante en las Islas frente a los 274 en el conjunto del Estado) pero si se le suman los fondos del capítulo 7, esa comparación sale a favor de las Islas. No cabe sin embargo pretender, como parece que hace el Gobierno de Canarias, sumar todas las ayudas del REF de ese capítulo presupuestario porque sería tanto como invalidar la compensación a la lejanía y a la insularidad reconocida en la Constitución, el Estatuto de Autonomía y en el propio fuero económico y fiscal isleño.

El proyecto presupuestario incluye algunas partidas que pueden asimilarse a la inversión estatal en el resto del Estado como es la dotación anual del nuevo convenio de carreteras (210 millones), pero para equilibrar la balanza de la equiparación territorial tendrían que permanecer partidas importantes que han desaparecido en los últimos ejercicios como los convenios de obras hidráulicas y de costas, el de infraestructuras turísticas (ahora asimilado al MRR –Mecanismos de Recuperación y Resiliencia- con una dotación de 50 millones que también recibe Baleares y que no puede computar para compararlo a la media estatal) o el de infraestructuras educativas.

Tampoco puede sumarse como aportación inversora estatal el nuevo pago de los 200 millones de la deuda en carreteras en aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo, porque obviamente son recursos que el Estado devuelve a la Comunidad Autónoma por el adelanto con fondos propios de la financiación del anterior convenio ante el incumplimiento del mismo entre 2012 y 2017 por parte del Gobierno central, entonces en manos del PP.

De otra parte, el proyecto elaborado por el Ministerio de Hacienda sigue sin dotar varios de los nuevos preceptos incorporados al REF y al Estatuto de Autonomía con consignación presupuestaria obligatoria tras sus respectivas reformas en 2018, como el tratamiento de residuos sólidos, ayudas a profesores y estudiantes en la Universidad, implantación de banda ancha digital o la lucha contra las emisiones de efecto invernadero, que aunque no suponen cantidades importantes, sí son de obligado cumplimiento para el Estado. Un ejemplo más de la displicencia con que se acostumbra a mirar el REF desde Madrid.

Como nuevo elemento importante del proyecto, al que también le falta sin duda alguna señalización para la reconstrucción de La Palma tras los efectos devastadores de la crisis volcánica, caben destacar los 50 millones de atención a migrantes, que palía en parte el coste que le supone a las Islas la crisis migratoria de los dos últimos años y en especial la atención a menores no acompañados. Pero el propio presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ya ha advertido de forma muy oportuna que no es cuestión de que se aporten unos fondos “que son insuficientes” en todo caso, sino que se establezca un sistema de “solidaridad obligatoria” entre todas las comunidades autónomas. En este punto y en tantos otros, la validez de los Presupuestos del Estado no estaría tanto en la aportación concreta de recursos a Canarias, sino en la actuación de los ministerios responsables en cada uno de los asuntos de su competencia.

Por todo ello, conviene que el Ejecutivo regional haga una lectura más cercana a la realidad de lo que suponen estas nuevas cuentas estatales, y de la necesidad de pactar una estrategia en el seno del propio Gobierno, tras escuchar al sector económico de las Islas, crítico con el proyecto, para defender la necesaria mejora en las Cortes.