He leído la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo, el informe de los letrados del Congreso de los Diputados –que cumplen un mandato de la Mesa de la Cámara – y las declaraciones de abogados y catedráticos y desde mi amplia ignorancia jurídica creo que Alberto Rodríguez no debería perder su escaño, pero no por los argumentos estúpidos y sentimentales de Pablo Echenique y otros ilustres podemitas, sino simplemente por razones técnico-jurídicas. La inhabilitación para ejercer sufragio pasivo no activa ninguna inelegibilidad sobrevenida, porque Rodríguez no ha sido condenado por rebelión, terrorismo o delitos contra la administración pública, sino por perturbar el orden público, es decir, por agredir a un agente de policía. Asombrosamente la presidenta del Congreso parece inclinarse por retirarle el acta al ex secretario de Organización de Podemos, se comenta que “para evitar un choque institucional con el Supremo”. Pero su responsabilidad no es esa, sino salvaguardar escrupulosamente los derechos de los diputados y diputadas, sean del partido que sea, como una de las garantías de la división de poderes que caracteriza a un Estado democrático. Para el común de los mortales resulta bastante extraño que por causar una herida leve a un policía te expulsen del Congreso de los Diputados pero que patear a un agente del orden público aquejado de artritis reumatoide no te impida ser alcalde y un campeón de la democracia municipal y del mundo mundial.
El Estado democrático y de derecho puede, en efecto, ser muy decepcionante. Hace algunas horas el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, informó (digámoslo así) que los presupuestos generales de la Comunidad autónoma llevarán un “anexo” con los gastos, transferencias e inversiones extraordinarias que se dedicarán para atender a la catástrofe de La Palma, que no ha acabado, es decir, que sigue siendo una emergencia, como lo han sentido en sus propias casas y angustias los vecinos de Tazacorte. ¿De veras? ¿Esa es la técnica presupuestaria más adecuada en estos momentos? Dentro de la estructura gubernamental, ¿quiénes están evaluando datos, sistematizando información que se articule en un horizonte general, diseñando modelos (aun rudimentarios, aproximados) para una estrategia de recuperación económica de La Palma a medio y largo plazo? ¿Qué saben de esto el consejero de Hacienda, Román Rodríguez, y la consejera de Economía, Elena Máñez? Está muy bien hablar. Hablar con todos los sectores económicos organizados es imprescindible. Pero la pachorra administrativa comienza a ser preocupante. Y la exclusión de los pequeños empresarios y autónomos palmeros de cualquier ayuda extraordinaria, intolerable. ¿Dónde están las viviendas públicas prometidas hace semanas a los damnificados? ¿El Gobierno canario ha movido algo en Bruselas, teniendo como tiene un responsable de Asuntos Europeos que es, casualmente, el vicepresidente y consejero de Hacienda? ¿Qué hace Rodríguez ronroneando sobre su solidaridad con los palmeros cuando, salvo cuatro tonterías tributarias, no ha hecho absolutamente nada? ¿De verdad creen que en una situación como esta saldrán ustedes políticamente indemnes con titulares lacrimógenos, caritas compungidas, tres líneas de subvenciones y algunos millones mejor o peor sancochados? ¿Qué esa llamada a la unidad salvífica debe excluir el análisis crítico y la exigencia en tiempo y forma de atender a miles de ciudadanos arruinados, temerosos, exhaustos? No. No la va a excluir. La unidad no puede ni debe ser un detergente blanqueador de la lentitud o torpeza del Ejecutivo. Más les vale que espabilen rápidamente. Los volcanes y las coladas de lava pueden llevarse por delante casas, fincas, establecimientos comerciales, colegios, farmacias, consultas médicas, gasolineras, parques, jardines. Y también Gobiernos.
