Finalmente ni la supresión de la reforma laboral de Fátima Báñez, ni el republicanismo abrasivo ni la subida del salario mínimo interprofesional ni los abusos del oligopolio eléctrico: lo que enfrentará críticamente a Unidas Podemos con el PSOE es el caso del ya exdiputado Alberto Rodríguez, condenado por el Tribunal Supremo por agredir a un agente de Policía. La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, solicitó un informe a los servicios jurídicos de la Cámara y después una aclaración se sentencia a la sala de lo Penal del Supremo, que no dejó dudas sobre la inhabilitación del parlamentario tinerfeño. Batet decidió hacer lo que estaba obligado a hacer: cumplir con una sentencia judicial firme. Pero todo esto supera la cantidad de realidad que Podemos puede tragar y metabolizar. Su reacción ha sido, por tanto, anunciar que interpone una querella criminal contra Batet. Obviamente el aforamiento de la presidenta llevará la causa a la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, cuyos magistrados fueron los que dictaron la sentencia condenatoria de Rodríguez.
Unidas Podemos, socio minoritario del Gobierno español, acusa a la tercera autoridad del Estado, la presidenta de las Cortes, de cometer un delito de prevaricación. Hoy sábado han llamado fervorosamente a una concentración en el aeropuerto de Los Rodeos, donde llegará Nelson Mandela en olor de multitudes para explicar lo que ha ocurrido: una atrocidad jurídica como la que no se veía en Europa desde las leyes raciales de Nuremberg.
Tiene uno escrito que, desde su abisal ignorancia jurídica, no entendía bien las razones técnico-jurídicas por las que Rodríguez debería perder su escaño. Pero el presidente de la Sala de lo Penal, Marchena, lo ha aclarado en su segundo oficio a la Mesa del Congreso: “la pena de prisión es el desenlace punitivo asociado a la conducta que se considera probada, sin prejuicio de que a efectos de su ejecución –y solo a estos exclusivos efectos –se haya acordado su sustitución por una pena de multa”. Solo a esos exclusivos efectos, es decir, a los de su ejecución, lo que significa que la inhabilitación sigue vigente como pena accesoria implícita. Por supuesto que a UP esto nada le ha importado y lo que es más grave, ha empezado a acumular idioteces, mentiras e insensateces que exhalan una hedionda irresponsabilidad.
a)Contraponer la sentencia del Supremo con el informe de los servicios jurídicos de la Cámara Baja como dos ámbitos comparables. Prendas: el primero es un tribunal, lo segundo, no; b) intensificar una campaña contra un TS descrito como una ciénaga de fascistas, canallas, estafadores y corruptos que en una operación orquestada por Marchena ha intentado acabar con un diputado como escarmiento de rojos para tranquilizar al establishment, que cada vez que observa en lontananza a Rodríguez tiembla de pánico; c) repetir como descerebrados una y otra vez que “la sentencia no habla de retirar el acta a un diputado electo”, cuando existe jurisprudencia de la Junta Electoral Central y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo que establece que cuando un cargo electo es condenado en firme a una pena de prisión o de inhabilitación especial hay que aplicar una inelegibilidad “sobrevenida”, algo que recoge una sentencia del propio TS de enero de 2019; y d) afirmar que más de 60.000 votantes se quedan sin representación, cuando lo que ocurrirá es que una vez Rodríguez pierde su escaño, lo sustituye el siguiente compañero de la lista electoral que presentó UP en esta provincia en 2019.
Esto es Podemos. La deslegitimación democrática de las instituciones del Estado de derecho desde las propias instituciones del Estado. Una especie de entrismo a lo bestia. Políticamente acusar de prevariación a Batet es un patadón en el estómago del Gobierno de Sánchez y del propio sistema democrático.
