Para degradar, corromper y finalmente enterrar un sistema democrático es imprescindible la activa participación de las fuerzas democráticas. Como han precisado, entre otros muchos, Steven Levitscky y Daniel Ziblatt en Cómo mueren las democracias, ahora los principios democráticos y las libertades civiles no fenecen desangradas por la espada de gorilas uniformados. La mejor fórmula para estrangular una imperfecto pero vivo sistema democrático es democráticamente. Y eso es lo que lleva ocurriendo desde hace décadas en el seno marchito de las democracias representativas, en las que los partidos políticos ya no funcionan, si lo hicieron alguna vez, como gatekeepers de tentaciones involucionistas o líderes autoritarios, sino como aparatos altamente profesionalizados cuya principal interés estratégico es una reproducción indefinida de su ecosistema, para lo cual entienden el Estado como un botín político-electoral. Una democracia se transmuta de praxis cotidiana a máscara carnavalera cuando esta partidización alcanza a las instituciones contramayoritarias cuya función consiste, precisamente, en controlar al poder político, sus abusos y el desvío de las normas jurídicas. Y eso es lo que ha ocurrido cada vez más sórdida y descaradamente con el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas, como ocurrirá próximamente con el Consejo General del Poder Judicial, hasta llegar a la situación actual, en la que las camarillas de tres partidos, el PSOE, el PP y Podemos se han repartido los cromos con un descaro miserable, pisoteando a la Constitución misma, cuyas disposiciones buscan tanto desligar los nombramientos de los consejeros de cuentas como el de los magistrados del Tribunal Constitucional de los ciclos electorales, es decir, evitar que las mayorías parlamentarias se duplicasen, como un espejo, en las instituciones de contrapeso y control del poder ejecutivo. La perversión partidocrática del sistema ya ha alcanzado todos sus objetivos, con el concurso ahora de una fuerza política –Podemos– que agitó en su muy reciente mocedad la bandera de la regeneración política contra una casta privilegiada que se valía de la democracia para salvaguardar intereses espúreos, cuando no criminales. Es admirable la velocidad con la que Podemos ha madurado y se ha podrido democráticamente. Ahora hoza en el charco de todas sus miserias, contradicciones e incompetencias.
El Tribunal Constitucional, ya felizmente renovado, podrá seguir sesteando alegremente, dictando sentencias que por su dilación en el tiempo devienen ya inaplicables, como la que establece que un estado de alarma de seis meses, como el decidido por el Congreso de los Diputados a iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez, está fuera de la norma constitucional. «El Congreso se desapoderó de su exclusiva responsabilidad constitucional», reza la sentencia del TS, «que no es otra que el control de los actos del poder ejecutivo». Bien pero, ¿qué más da? Si la sentencia hubiera llegado a los tres meses de la prórroga, el Gobierno debería haber suspendido el estado de alarma y afrontado responsabilidades en los tribunales. Los muy comprensivos magistrados decidieron no darse muchas prisas, no empujar, no provocar disgustos innecesariamente a nadie. Y ahora el presidente Sánchez se pavonea y grita que lo volvería a hacer ante el aplauso jacarandoso de sus compañeros y simpatizantes. Ese entusiasmo describe perfectamente el respeto del señor Sánchez y sus conmilitones por el Tribunal Constitucional y, muy probablemente, por la Constitución misma.
Lleva uno ya un par de años escuchando los temores que produce Vox en las más bellas almas. Vox, un partido inequívocamente ultraderechista, reaccionario y xenófobo, nunca ha dañado tanto al sistema democrático como han hecho el PSOE, el PP y Podemos con su sucio apaño en el Constitucional y el Tribunal de Cuentas.
