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Alfonso González Jerez

Retiro lo escrito

Alfonso González Jerez

Un sistema en peligro

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, sigue adelante con porfiada majadería en subir 0,6 puntos de las cotizaciones sociales, explicando ahora que el dinero que se sume con este incremento entre 2023 y 2032 llevará a que la mal llamada hucha de las pensiones alcanzará muy cerca de 50.000 millones de euros. Es una ayudita, sí, pero es absolutamente insuficiente para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones a medio plazo.

En el universo retórico de la izquierda patria y ahora multinacional lo de las pensiones en un asunto que depende, exclusivamente, de la voluntad política, admitiéndose, en cualquier caso, pequeños problemas y reajustes técnicos. Lo mismo ocurre con los salarios o con el resto de los elementos del Estado de Bienestar: la cosa es tener buen rollo y gobernar para la inmensa mayoría. Ese imaginario está profundamente instalado en la izquierda ágrafa, que gusta en fantasear que si los multimillonarios tributaran el triple, por ejemplo, nos podríamos jubilar todos a los sesenta años. Las opciones que ofrece la realidad, por supuesto, son mucho más duras a la hora de conseguir simultáneamente la suficiencia de las pensiones y la sostenibilidad financiera del sistema. No se trata solo de consensuar el sistema de pensiones públicas más deseables, sino de estudiar y admitir los límites de lo posible. Y el sistema actual colapsará antes de un cuarto de siglo si ambos extremos –lo deseable y lo posible –no alcanza un equilibrio que respalden las principales fuerzas políticas.

Desde ese punto de vista, tal vez indexar de nuevo las pensiones al incremento del IPC no fuera calamitoso hace un par de años, pero ahora mismo, a las puertas de un proceso inflacionario cada vez más evidente, quizás lo sea. Sobre la base de un escenario ligeramente optimista, para 2023 la factura de las pensiones crecerá más de 10.000 millones de euros. En total el próximo año el coste financiero las pensiones llegará a los 171.165 millones de euros. Obviamente no se cubre con las cotizaciones, por los que el Estado deberá inyectar casi 43.300 millones para que las pensiones se sigan percibiendo con puntualidad. Son cifras bastante espeluznantes pero que reciben mucho menos atención en el debate público que las estúpidas mascaradas entre el Gobierno español y el catalán, los retruécanos insignificantes de Yolanda Díaz o la sandez de la “descentralización del Estado” a través de desperdigar las sedes de varios organismos públicos a lo ancho de todo el país.

En Canarias el problema de las pensiones presenta las características propias de una comunidad con un alto desempleo cronificado, que desde 2007 no baja del 10% y que ha llegado a una tasa del 33% durante la crisis 2008-2014 y a los bajos salarios medios. Una situación que convierte e las islas en el territorio con mayor número de pensiones no contributivas en relación con sus habitantes: 43.000. Hay muchos miles de isleños que perdieron sus puestos de trabajo en la cincuentena y que no lo han recuperado jamás, chapuzas y milagros domésticos aparte. Tampoco se escucha esto demasiado a menudo en el Parlamento de Canarias. Cada uno es como es y a mí me repugna eso de la “paguilla extra”, 200 euretes, con motivo de las fiestas navideñas. Eso no es política social. Ni siquiera es política asistencial. Es simplemente limosneo institucionalizado y alrededor del cual se organiza un repugnante ejercicio de propaganda y autocomplacencia. Todo lo que sea con tal de no enfrentarse –en diálogo con la sociedad civil –con los problemas estructurales de Canarias.

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