La Provincia - Diario de Las Palmas

La Provincia - Diario de Las Palmas

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Crisis volcánica | Aportaciones para la reconstrucción

Medidas justas para los damnificados del volcán

Los parámetros manejados hasta la fecha por todos, incluidos los legisladores, para afrontar catástrofes son insuficientes para los estragos ocasionados por esta erupción

Medidas justas para los damnificados del volcán

Con todos nosotros se cumplió la profecía, o sentencia, del filósofo español George Santayana porque, pese a caminar sobre ellos, «no creímos en los volcanes, hasta que nos sobrecogió su furia»; en este caso, en la sobremesa de un tranquilo domingo de septiembre. Desde ese día 19 señalado, con la provisionalidad previsible en las catástrofes, contamos los terribles efectos de la lava: 1.042 hectáreas afectadas, 2.623 edificaciones destruidas, la mitad viviendas, y miles de damnificados a determinar.

Tanto el Código civil, como la legislación existente, fueron desbordados por la violencia del séptimo de los volcanes históricos de La Palma, surgido en el lugar llamado Cabeza de Vaca, término municipal de El Paso, en la dorsal de Cumbre Vieja. La magnitud del suceso confirmó que es hora de nuevas políticas y normativas. Los parámetros manejados hasta la fecha por todos, incluidos los legisladores, para afrontar catástrofes son insuficientes para los estragos ocasionados por esta erupción y por los que tristemente aún podrían añadirse.

Después de un incendio, una inundación, un terremoto o, incluso, un bombardeo, es identificable el inmueble y/o espacio incendiado o inundado o las ruinas y son susceptibles de reparación. Por el contrario, las fincas cubiertas por la lava volcánica, de facto, han desaparecido; son ilocalizables, en una nueva panorámica desoladora e irreconocible, ocultas bajo un nuevo suelo y topografía. Así, donde existía un barranco ahora no lo hay; donde había un llano encontramos una montaña; lo que ayer era terreno transitable hoy es impracticable e inaccesible.

El antiguo suelo con sus plantaciones y edificaciones está sepultado bajo un grueso manto de roca fundida, a veces de más de cuarenta metros de espesor, con una extraña superficie por la que no se puede caminar. La nueva realidad hace totalmente inviable en la práctica, por arduo, complejo e inútil, deslindar las parcelas en el malpaís, en un desierto pétreo y áspero, en un paisaje que, en nada, recuerda al anterior y al que no se puede llegar. Para estas propiedades la máxima de Accursio – «cuius est solum eius est usque ad coelum et ad ínferos» (el que es dueño del suelo, lo es de lo de encima hasta el cielo y de lo de abajo hasta el infierno) – se ha convertido en un triste sarcasmo.

Esta realidad física del terreno imposiblilita su gestión, recuperación y desarrollo individual por cada propietario, lo que además tampoco sería aconsejable, ya que eran diferentes los fines y usos de cada propiedad o inmueble; y también lo son los intereses y expectativas de cada afectado, como antes lo eran su trabajo, economías, o lo son sus edades y/o sus situaciones personales o familiares.

Por ello solo es factible una dirección unificada, en la que estén representadas las administraciones estatal, autonómica y locales, que deberá determinar qué zonas cubiertas por la lava son susceptibles de ser cultivadas y de uso habitacional, las que se destinarán al posible aprovechamiento turístico, a la investigación vulcanológica y cuáles deben ser protegidas. Esta parcelación, que debe hacerse con realismo, sensatez y visión de futuro, permitirá ofrecer preferentemente a los afectados la posibilidad de adquirir aquellas parcelas que sean susceptibles de usos privados.

No sería justo, ni presentable, ni admitido por una sociedad con valores, que esta desgracia recayera sólo o principalmente en las espaldas de las víctimas directas del suceso. Han perdido su vivienda, la de sus padres, hermanos, amigos, conocidos; su medio de vida, los ahorros de varias generaciones; sus recuerdos, sus ilusiones y sus raíces. Se quedaron literalmente sin nada. Solo mantienen la esperanza en la respuesta solidaria de todos y ésta, en ningún caso, debe ser defraudada. La naturaleza del daño demanda, sin duda, su socialización y solidaridad, pues, por su alcance y cuantía, la necesaria aportación económica ha de ir más allá de la isla o la Comunidad Autónoma, necesita del Estado. Este ha asumir y presupuestar las ayudas y adquisición, expropiando los terrenos, y abonando a los afectados el valor real de sus inmuebles en el momento previo a la erupción. Cualquier otra respuesta sería insuficiente e injusta.

Estas medidas deben complementarse con otras, como la reordenación del suelo en la isla, para facilitar parcelas a los afectados en las que rehagan su vida, con la fijación de suelo cultivable y edificable de forma ordenada, pero con la máxima celeridad, lo que no debe confundirse con la precipitación. Y, además, de modo sostenible, cuidando las tipologías y el paisaje urbano, rústico y natural, pues el acierto o error en estas decisiones condicionará el futuro de La Palma y el de las próximas generaciones de palmeros, que no debemos ni podemos olvidar. Hay que evitar, a toda costa y por todos los medios, la tentación del desorden urbanístico, que tanto daño ha hecho a la más destacada riqueza común de todos los canarios: nuestro paisaje.

La efectividad de las anteriores medidas exige y presupone que los afectados tengan liquidez. Es decir, disponibilidad económica para rehacer sus vidas rotas. El valor real de sus inmuebles que, por justiprecios y ayudas, recibirían en dinero los afectados, contribuirá a ello, garantizará la liquidez y facilitará la recuperación y reactivación económica insular.

Es imprescindible en interés general, y por tanto justo, además establecer medidas fiscales para evitar que se graven las reinversiones que hagan, o puedan hacer los afectados en la propia isla. Y también hay que fomentar esta permanencia en La Palma mediante tratamientos fiscales favorables a sus habitantes durante algunos años.

El acierto con estas medidas marcará un punto de inflexión para el impulso, desarrollo y mejora de La Palma. Si fracasa el empeño, la consecuencia será su depresión, como ocurrió en su día con la Villa de Garachico y con la Iila de Lanzarote, que tardaron más de dos siglos en recuperarse de los daños de sus respectivas erupciones.

Es responsabilidad de todos –Estado, Comunidad Autónoma, Cabildo, ayuntamientos y sociedad civil– estar a la altura de las circunstancias, actuar con la unidad responsable y patriótica a un desafío común y no regatear esfuerzos en la labor, porque si se actúa con generosidad y visión de futuro, sentaremos un antecedente y un ejemplo mundial de resiliencia e imaginación.

Compartir el artículo

stats