Una de las reformas políticas y sociales más urgentes y que apenas se menciona, por supuesto, es la reforma de la Universidad española. Por supuesto que se han propuesto un montón de mentecateces y varios cambios normativos, en su mayoría impuestos en nuestra condición de socios de la UE, pero el debate sobre reformas del modelo universitario de docencia e investigación científica es eterno, es decir, nunca empieza realmente y jamás acaba de verdad. Nuestro supercalifragilísticoespialidoso gobierno autónomo, que tantas cosas quiere cambiar para hacernos más felices y tanto sabroso maná anuncia diariamente, es curioso, con las universidades no quiere tener mucho que ver. Las universidades, que en España y en Canarias son una de las pocas herramientas para desarrollar investigación científica y tecnológica –el gasto de I+D+i de las empresas privadas es casi insignificante– y representan una fuerza de modernización social especialmente relevante, no figuran, sin embargo, ni en el discurso ni en la agenda del presidente Ángel Víctor Torres y su equipo.
Tanto la universidad de La Laguna como la de Las Palmas de Gran Canaria, al presentar sus presupuestos para 2022, han denunciado de nuevo la infrafinanciación a la que las somete el Gobierno canario. De los 159 millones de euros que crecerá la Consejería de Educación el próximo año, solo 4 revertirán en los centros superiores. La ULPGC ha diseñado un presupuesto de 162,4 millones y la ULL uno de 167 millones, incluyendo remanentes de tesorería que ahora pueden utilizar por la relajación de las reglas fiscales. En 2023 no será posible y las cosas se pueden poner realmente cuesta arriba. Lo que demandan los responsables universitarios es un Contrato Programa de Financiación Plurianual que incluya –prioritariamente– una fuerte inversión en infraestructuras físicas y dotaciones tecnológicas. El Gobierno dizque progresista lleva dos años y medio toreando a rectores y vicerrectores con reiteradas promesas y aplazamientos. Tiene pasta. Tiene que contar con las universidades para la reorientación de la estrategia de crecimiento económico y cohesión social de Canarias. Tiene a consejeros y directores generales –incluso a un presidente– que fueron alumnos, profesores o investigadores universitarios. Lo que no tienen en el Gobierno de Torres es voluntad política.
El dinero solo es una parte del problema estructural de las universidades canarias. La otra es un modelo académico, investigador y de gestión administrativa caduco e ineficaz, endogámico y pancista, hiperburocratizado y decididamente alérgico a la excelencia, a la competencia y a la valoración del esfuerzo. Es un modelo periclitado y covachuelista que funciona como una camisa de fuerza que impide el desenvolvimiento de la productividad científica y de la creatividad intelectual. Me viene a la memoria un profesor titular –que además es diputado– que aparte de la tesis doctoral solo ha publicado cuatro artículos (4) en revistas universitarias volanderas durante los últimos veinte años. Con los complementos y los trienios cobra más de 4.000 euros netos mensuales. No es, en absoluto, una excepción. Por eso la bucrocracia castradora debe ser sustituida por los incentivos a la calidad y los grotescos derechos de antigüedad por el reconocimiento al talento y la competitividad entre los profesores y entre los departamentos universitarios.
Debieran ser las propias universidades quienes abanderaran su reforma y el Gobierno autonómico quien las escuchase y proyectara sus demandas. Pero ninguna de las partes, sinceramente, parece demasiado interesada. El próximo capítulo de los duelos y quebrantos para dentro de un par de años frente a un Gobierno mirando hacia otro lado gracias a una tortícolis vocacional.
