Canarias lleva varios años encadenando situaciones de emergencia que suponen una prueba de fuego para sus sistemas de sostenibilidad económica y de cohesión social y que someten a la ciudadanía a un intenso y sostenido test de paciencia y madurez. Más allá de la evidente repercusión que la pandemia por la Covid-19 está teniendo en todo el país tanto en el ámbito sanitario, como económico y social, Canarias se ha visto afectada de manera especial por ser el territorio donde las restricciones a la movilidad en todo el mundo han incidido más sobre su economía e ingresos, con casi dos años de parón turístico que ha hundido el empleo e incrementado notablemente la pobreza y la exclusión social en todo el Archipiélago.

Las medidas de las administraciones no han estado siempre a la altura de las necesidades y, en particular, se ha echado de menos un auténtico plan de ayuda al sector turístico por parte del Estado que recomponga la actividad y garantice el mantenimiento de la principal industria de las Islas, del que depende el 35 % de la riqueza regional.

A los efectos de la crisis económica y social derivada de la pandemia se unió desde el pasado mes de septiembre otra emergencia que está obligando también a remover todo el sistema de ayudas públicas para con los afectados. La entrada en erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma ha dejado, tras tres meses de actividad sin que por el momento se pueda prever su duración, una larga y dramática lista de afectados. De momento se están poniendo los primeros parches a través de las medidas de urgencia aprobadas por el Gobierno central y el Ejecutivo regional, pero las ayudas tardan en llegar y las familias y empresas afectadas siguen esperando respuestas concretas, directas e inmediatas proporcionales a la urgencia de su propia situación. Además, la incertidumbre sobre la duración de la crisis volcánica, con el temor de que se mantenga durante muchos meses más sin que decaiga su capacidad de destrucción, obliga a las administraciones a prever sistemas de ayuda de más largo alcance y a simplificar su gestión para que realmente sean efectivas.

En este marco de doble emergencia, se está demostrando que la principal herramienta con la que cuenta Canarias para tener las mismas condiciones de desarrollo y bienestar social que el resto del territorio nacional, nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF), está siendo prácticamente irrelevante para hacerle frente, y que los mecanismos con los que cuenta o no llegan, o lo hacen a destiempo, para paliar los efectos de las crisis que está encadenando el Archipiélago. Es lo que acaban de advertir un grupo de profesionales del ámbito académico, empresarial y de asesorías fiscales a través de un manifiesto que, bajo el descriptivo título de “La adaptación del REF sigue confinada”, claman por una adecuación del fuero a las necesidades reales del momento para que se busque un sistema de aplicación de sus instrumentos con la suficiente flexibilidad como para que alcancen a responder a emergencias como las actuales.

Es el segundo manifiesto de estas características difundido por este colectivo en el que se incide en la necesidad de que los presupuestos del Estado de 2022 y otras disposiciones legales incorporen medidas para que los instrumentos del régimen fiscal de las Islas se aclaren y se adapten a las actuales circunstancias con el fin de incentivar la inversión privada, la liquidez empresarial y la generación y mantenimiento de empleo.

Es un hecho contrastado durante los últimos años que el Ministerio de Hacienda está siendo extraordinariamente esquivo a las muchas reclamaciones que se plantean desde las Islas en relación con el REF y que la actual titular del departamento, María Jesús Montero, actúa en direcciones contrapuestas en un doble sentido: a veces reforma el REF de forma unilateral y sin el aval previo de Canarias, como ocurrió con la fiscalidad a las producciones cinematográficas rodadas en las Islas, y otras rechaza cambiar o adaptar aspectos del fuero a las circunstancias o situaciones que se le indican desde el ámbito regional.

Este alejamiento entre la aplicación del REF en sus estrictos términos normativos y las necesidades de Canarias para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, agravadas ahora por la situación en La Palma, se ha puesto de manifiesto en la presentación de numerosas enmiendas por parte de algunos grupos parlamentarios a los presupuestos estatales del próximo año, especialmente por parte de CC y NC, en las que reclamaban reformas en este sentido sin que el Ministerio de Hacienda haya sido sensibles a la mayoría de ellas, como la prórroga de los plazos de la Reserva para Inversiones (RIC) y la Zona Especial (ZEC) que vencen el próximo 31 de diciembre, para evitar «inseguridad jurídica» e «incertidumbres» y un retraimiento de la inversión privada al tratarse de aspectos clave de la parte fiscal del REF.

Los profesionales y los empresarios reclaman eliminar obstáculos que dificultan su aprovechamiento en el actual escenario, flexibilizar ciertos requisitos de forma temporal, en especial aquellos referidos al mantenimiento y materialización de inversiones, e incentivar la creación y conservación de empleo, así como elevar los límites de las ayudas de Estado regionales y fomentar la movilización de los recursos que tienen dotados las empresas en la RIC.

Se trata de medidas más que razonables que el Gobierno regional debe asumir para su agenda propia y sobre las que el Ejecutivo central debe abrir ya una negociación inmediata, porque está resultando una sangrante evidencia que el REF no se está adaptando a la realidad de la situación de los últimos años en el Archipiélago, y porque el sistema de aplicación de los instrumentos fiscales se distancia cada vez más de la dinámica de un mundo actual que va a velocidad de vértigo. Es necesaria, por tanto, una revisión del REF en cuanto a su modelo de aplicación se refiere y adoptar mecanismos de flexibilidad y de respuestas inmediatas porque situaciones como la actual no pueden esperar meses o años para ser atendidas sin que ello provoque enormes perjuicios a los mecanismos de compensación de la lejanía y la insularidad.