Año y medio. Lo que hay que hacer es mantener el discurso año y medio. El discurso, por ejemplo, de la recuperación. La recuperación será poco más o menos volver al nivel de actividad económica y paro de 2019 –entre un 18% y un 19% de desempleo– y un nivel de pobreza y exclusión social similar. Sinceramente se equivocan, y mucho, los que creen que nadie va a castigar a nadie en las urnas. Uno sospecha que se aproxima otro ciclo de abstencionismo rampante mientras los partidos insisten en la polarización como bálsamo electoral milagroso. Los parados de larga duración, los que han caído o ya están instalados en la exclusión social o las víctimas de la pobreza severa no suelen votar. Los que votan fielmente son los jubilados, los funcionarios y algunos segmentos profesionales liberales. Son los que existen, los que se reflejan en los espejos, los que se permiten el lujo de militar en sus obsesiones ideológicas. Los que ustedes pueden ver en la terrazas, en los centro comerciales, en los restaurantes. Siempre los mismos. Santa Cruz de Tenerife –donde vive un servidor– es una de las ciudades más segregadas socialmente de toda España. Los habitantes de los barrios populares comen hamburguesas y papas fritas ensalsadas, van al cine (poco, porque es carísimo) y visitan Primark. Y se acabó. No, no suelen votar, y contra la opinión generalizada, según la cual son víctimas de una patológica enajenación, son sujetos de una lucidez hastiada y paralizante.
Hay suficientes razones para que los agentes sociales –las patronales, los sindicatos, las universidades– exijan más y mejor claridad y calidad en la gestión desde el Gobierno y las corporaciones insulares y locales. Porque están fallando demasiadas cosas, porque se está fiando todo a un asistencialismo que tiene fecha de caducidad presupuestaria, porque una propaganda cada vez más asfixiante sustituye a la planificación, porque los grandes proyectos de inversión de impacto estructurante que crearían dinámicas empresariales y puestos de trabajo aún no se vislumbran, porque las políticas sociales no funcionan operativamente, porque desde el Gobierno central no se guarda reparo en vulnerar el REF y, ahora mismo, se susurra en borradores preocupantes que el régimen económico y fiscal volvería a anclarse a la cuota de Canarias en la reforma del sistema de financiación autonómica. ¿Para qué durante años se trabaja, se consensúa, se negocia y aprueba un REF reformado y ampliado y un nuevo Estatuto de Autonomía si hay que protestar incluso ante un puñetero borrador? ¿Cuándo cuestiona el Gobierno de Pedro Sánchez el cupo vasco o las transferencias competenciales a Cataluña y por qué, en cambio, en casi dos años y medio ni siquiera se han podido traspasar a la Comunidad canaria las competencias en costas, bajo la pretensión de querer reservarse la potestad sancionadora?
La vigente crisis no es simplemente el doloroso resultado de una pandemia universal. Es una crisis que viene a agravar y a veces a reproducir los destrozos de la crisis de 2008, que duró más de un lustro, y que tuvo una recuperación llena de matices, retrocesos e insuficiencias. La crisis 2008-2013 abrió un impacto terrible en nuestro tejido productivo y en las políticas y los servicios sociales por la restricción del gasto público que impusieron entonces Bruselas y Madrid. Miles de isleños no han conseguido recuperar un puesto de trabajo estable desde entonces. Toda una generación de jóvenes ha visto sus expectativas profesionales pisoteadas en la última década y en sus ojos no hay futuro, sino un hartazgo asqueado y rencoroso. Cuando en una situación como esta se regatean medios económicos, se trampean acuerdos, se conculcan leyes, se vomita propaganda y se niega cualquier colaboración con la oposición aunque se le exijan adhesiones inquebrantables Canarias tiene un problema.
