El Ministerio de Hacienda acaba de poner sobre la mesa el primer esbozo de reforma del sistema de financiación autonómica y ya en ese primer paso ha sembrado inquietud y preocupación en el Gobierno regional y en los sectores políticos y económicos de las Islas. En un primer momento esa inquietud estaba más basada en sospechas y temores, quizá por la desconfianza que durante sus más de tres años al frente de ese ministerio se ha labrado en Canarias su titular, María Jesús Montero, por sus posiciones cicateras respecto a variadas reclamaciones desde el Archipiélago y por su esquinada mirada hacia el REF, pues el documento no aclara nada sobre el aspecto fundamental que determina cómo quedará Canarias en el nuevo modelo para cubrir el coste de los servicios públicos que prestan las comunidades autónomas, es decir, si los recursos del REF quedarán excluidos del conjunto de fondos que conforman el sistema de financiación.

Sin embargo, muy pronto aparecieron ya los primeros datos sobre los efectos de esa propuesta en la financiación canaria, y una vez más las noticias que salen del departamento de Montero no son positivas para los intereses isleños. Si en el documento ya se establece de manera explícita que el peso de la insularidad como factor corrector del criterio principal de reparto, la población ajustada, no se va a actualizar respecto al modelo actual, un estudio de la la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) conocido el jueves confirmaba además que esa variable pierde incidencia respecto a otras incorporadas, como la despoblación o el coste fijo de los servicios.

La consecuencia práctica es que Canarias pierde casi tres puntos de financiación relativa respecto al modelo actual y sería la comunidad que peor parada sale de la reforma. A la espera de comprobar de manera fehaciente que el REF no computará en la suma de fondos que forman parte del sistema de financiación la pérdida de peso de la insularidad –sin que, por otro lado, se incorporen adecuadamente otro factores que beneficiarían a las Islas como las tasas de paro y pobreza o la menor renta per cápita de los canarios, como reclama el Gobierno regional– resulta inquietante e inaceptable para la ciudadanía de las Islas.

Canarias ha sido una de las comunidades pero financiadas durante el actual modelo, vigente desde el 2009, que tendría que haberse reformado en el 2014. Al Archipiélago se le imputaban como fondos para su financiación los recursos que el fuero isleño contempla únicamente para compensar la lejanía y la insularidad, lo que ocasionaba un déficit de unos 700 millones anuales en la cobertura de los costes de la sanidad, la educación y los servicios sociales. Eso se corrigió en los presupuestos estatales de 2017 tras un acuerdo político entre los partidos nacionalistas en el Congreso (CC y NC) y el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) a través del cual se consiguió que las Islas accedieran al Fondo de Competitividad, que se mantiene hasta la fecha pero que no está recogido como normativa específica en el marco de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), que es la que se tiene que modificar para dar paso al nuevo modelo.

El hecho de que en la propuesta de Hacienda no se aclare esa cuestión, por mucha consideración de ‘borrador’ que se dé al documento que la contiene, ya es bastante preocupante e inquietante, tal como reconocen Ángel Víctor Torres y Román Rodríguez, presidente y vicepresidente de Canarias, respectivamente. Sobre todo si se tiene en cuenta que Román Rodríguez ejerce como consejero de Hacienda, principal negociador de este proceso en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) junto al resto de representantes de las comunidades autónomas del régimen común y el Estado. El anclaje de esta consideración en las reformas del propio REF y del Estatuto de Autonomía de 2018 debería dar seguridad a este respecto, pero lo cierto es que el temor y las dudas siguen sin despejarse, entre otras razones por la mencionada desconfianza hacia la ministra. No sería la primera vez que desde el Estado se incumple un Estatuto o el propio fuero canario.

La propuesta de Montero se refiere fundamentalmente al sistema de reparto de fondos, que sigue sostenido sobre el criterio de población ajustada, como hasta ahora, pero modificando algunos factores de corrección demográficos y geográficos para tratar de homologar el coste efectivo en todos los territorios y que todos los españoles tengamos un nivel similar de cobertura. La novedad de la propuesta, que no entra de momento en cuantificar con qué nuevos recursos contará, es que eleva el peso del gasto en educación y de la sanidad, beneficiando con ello, en general, a las comunidades que quieren una financiación lo más ajustada posible al padrón, mientras que el peso de las variables geográficas intentan compensar a las regiones de la llamada España vaciada por el envejecimiento y la pérdida de población.

Canarias se queda en este marco en un terreno de nadie donde ningún criterio pensado para otras comunidades le beneficia especialmente, mientras que sí parece que le perjudica, según el estudio de Fedea, el mero hecho de que se incorporen variables nuevas. Parece claro a partir de los datos conocidos y objetivables hasta ahora que el relato de la España vaciada ha logrado calar en una parte importante del discurso político estatal y en los ámbitos de la Administración del Estado, y se impone al de la España insular y alejada, que sigue encontrando dificultades para hacerse notar, algo llamativo en este caso porque la propuesta para una nueva financiación se pone sobre la mesa en un contexto de mayor incidencia económica y social de la pandemia en el Archipiélago, que es la región con mayores dificultades para encauzar la recuperación.

Por todo ello son fundamentales los dos elementos que atañen específicamente a Canarias: la insularidad como factor geográfico que encarece los servicios públicos y la exclusión de los recursos del REF a efectos del cálculo de los fondos del sistema de financiación. A las dudas sobre si se van a tener en cuenta los fondos de compensación a la lejanía y la insularidad, es decir, el REF, como recursos que inciden en la financiación autonómica, se suma el cicatero tratamiento que hace el Estado sobre el coste de la insularidad en la prestación de los servicios públicos.

El análisis que hace el Comité de Expertos en el que se basa la propuesta de reforma sostiene que «las primas de necesidades de gasto ligadas a la insularidad que se les reconocen a las dos comunidades insulares parecen en principio más que adecuadas, al menos a falta de evidencia directa en otro sentido», y cifra en 748,5 millones ese coste con un cálculo realizado en 2004 con datos del 2001, hace 20 años.

Ante esa supuesta falta de estudios para valorar el coste de la insularidad, lo que hacen los expertos no es encargar alguno que ofrezca luz al respecto, sino mantener el mismo peso de la variable, con el efecto práctico de perderlo al incluirse otras. No se han tenido en cuenta, pese a ello, otros informes que actualizan esos costes y que, aunque no ofrecen datos sobre la incidencia en el sector público, lo cifran en 5.228 millones para el sector privado. A partir de aquí, el Gobierno de Canarias debe mostrase firme en exigir en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y los representantes canarios en el debate parlamentario paralelo para reformar la ley en las Cortes, para que el nuevo modelo no castigue nuevamente a las Islas y ofrezca una valoración justa y ponderada del coste de los servicios esenciales en un marco geográfico de doble insularidad y lejanía, y en un contexto económico y social de emergencia tras dos años de pandemia sanitaria y de crisis turística, la principal industria del Archipiélago.