Manuel Castells, uno de los ministros de cuota de Pedro Sánchez, abandonó el Gobierno; hay quienes dicen que por recomendación de su médico, el motivo alegado, y quienes sostienen que por la incapacidad demostrada para sacar adelante la reforma universitaria que en algún momento soñó llevar a cabo y que permanece encallada. Podrían coincidir las dos hipótesis. En cualquier caso los españoles lo recordarán por su irrelevante desidia; Castells, sociólogo propuesto por los Comunes de Ada Colau, estuvo largo tiempo sin aparecer y cuando lo hizo fue para intentar alumbrar una controvertida ley de Universidad que ha quedado a medias y a merced de las críticas de rectores, estudiantes y sindicatos. Es cierto que no es el primero que se marcha sin consumar, otros nueve titulares con cartera le precedieron en estos dos años largándose y dejando la faena legislativa emprendida a medio hacer. A tenor de los resultados, no se puede hablar de fuga de talentos.
A Castells lo sustituirá en el cargo Joan Subirats, exconcejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Barcelona, que también entra en el Gobierno como resultado del reparto de las cuotas entre los socios. Con la renuncia de Castells se reabre el debate sobre el disparatado número de ministerios, las carteras que son prescindibles o merecerían estar agrupadas con otras para evitar gastos superfluos. Universidades, precisamente, es una de ellas.
En Alemania, con una población de 82 millones, los tres partidos del llamado gobierno semáforo de Berlín se reparten 16 ministerios, mientras que en España, con 47 millones de almas, los dos que capitalizan el Gobierno, socialistas y podemistas, tienen a su disposición 22 carteras. ¿Para qué?, se pregunta la mayor parte de los ciudadanos. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, un Ministerio de Consumo en manos de un piernas que menosprecia el turismo como sector económico, ataca a la ganadería y a los chuletones, y pretende aleccionar a los padres sobre los juguetes que deben comprar a sus hijos?.
