En días en que los envoltorios de papel y los restos de comida nos fagocitan resulta un tanto arriesgado ponerse a escribir de la nueva ley de residuos aprobada por el Congreso. La nueva legislación trata de armonizar con la normativa europea, especialmente establece obligaciones para el reciclado de basura frente a la opción tradicional del vertedero: nada menos que un 65% frente al 36 que logró el año pasado el país. Todo un reto descomunal para la gestión municipal y para la posición de España frente a la UE, poseedora de un merecido crespón negro a raíz de su retraso histórico en la política de tratamiento de los residuos. En el caso concreto de Las Palmas de Gran Canaria, sólo hay que atravesar el túnel de La Laja durante la madrugada para entender que el tufo ambiental que allí existe corresponde con un enorme basurero cuyo horizonte vital puede que se encuentra a punto de fenecer. Y el frenesí va a tener un coste: 40 euros por cada tonelada de desechos depositados.
La herramienta para mejorar la calidad de vida intenta adentrarse en la raíz del problema, creando gravámenes para las empresas que utilizan el plástico en sus procesos industriales, o prohibiendo -a no ser que se incluya una moratoria- las vajillas del mismo material. Vivimos en un entorno donde en general no hay límites a la hora de evitar que el consumo dañe el equilibrio medioambiental. Sólo hay que ver el estado de los contenedores, sometidos arteramente a un reboso de material que forma parte de la seña de identidad de la ciudad.
El hecho de que los servicios de limpieza procedan con puntualidad a su vaciado frena el caos: una urbe con montañas de basura acumulada, que de no recibir atención alguna acabaría por sepultar el asfalto e imposibilitar el desplazamiento de los peatones hacia sus domicilios. Y aparte de todo ello, las consecuencias imprevisibles para la salud pública con una proliferación de roedores y bacterias indeseables. Un mundo casi apocalíptico, pero no descartable, como ha ocurrido en Nápoles debido a huelgas indefinidas de sus basureros.
Lo previsible es que los ayuntamientos, a la vista del coste que le puede suponer para su arcas el vertido desordenado, dirijan sus esfuerzos en un control más exhaustivo del uso de los contenedores (vidrio, papel y plásticos), aparte de una actualización de sus puntos de recogida de desechos y de la tecnología para el reciclaje. De manera irremediable tendrá que incrementar el control policial sobre los ilegales, cuyo deporte nacional es tirar en zonas rurales los restos de las obras que realizan en sus domicilios, cuando no en medio de las calles, ya sean sanitarios o electrodomésticos averiados. Sin ir más lejos, esta capital tiene un problema mayúsculo con este tipo de actuaciones que rayan el gamberrismo.
La queja generalizada de la ciudadanía suele centrarse en la suciedad de sus calles debido a la falta de operarios, pero la imagen de las vías y aceras más o menos llenas de residuos en su más amplia gama no deja de ser el espejo del civismo de sus habitantes: a más basura mayor incivismo.
La norma recién salida del horno parlamentario también recoge un impuesto para los recipientes de plástico, con el objeto de penalizar los envases de un sólo uso. La medida recaudatoria afectará principalmente a los industriales de bebidas de fuerte consumo social, pero redundará en el equilibrio medioambiental al atacar de lleno a un material no reutilizable. La aprobación de la ley no es una garantía de que se ponga en vigor, dado que a partir de ahora se abrira un periodo de presiones destinadas a conseguir moratorias. El cambio es más que duro, pero ya tocaba ponerse al nivel de los estándares europeos, que nos llevan mucha venataja.
