Con alguna frecuencia participo en un conversatorio (léase tertulia) en la estación panameña Plenitud radio. Soy deudor de muchos amigos que he ido dejando por este mundo globalizado, entre ponencias y congresos, cuando se podía viajar sin riesgos sanitarios. En un momento del intercambio de opiniones, el conductor del programa se refiere a una anécdota que estuvo entreteniendo a los mentideros políticos locales durante las últimas semanas. Les cuento.
Durante el debate del proyecto de presupuestos, una diputada interroga al representante del Gobierno por las inversiones que se prevén ejecutar en su circunscripción electoral. Quien le debe contestar no sabe que ha dejado el micrófono abierto y espeta a su asistente: «¿Qué hay pa ella?». El revuelo que se forma ante las posibles malas interpretaciones llega a todos los medios de comunicación. Puede que esta expresión no refleje nada inconfesable y sencillamente tenga que ver con el reparto regional del gasto público o eso que los economistas llamamos territorializar las balanzas fiscales.
Es el juego de las negociaciones presupuestarias y del precio de los apoyos políticos. Recordemos que la ciudad de Washington se convirtió hace más de doscientos años en la capital de Estados Unidos como precio en una negociación creativa. Thomas Jefferson consiguió los votos del Congreso para el proyecto de ley promovido por su gran rival Hamilton y creó el Banco Federal norteamericano, lo que permitió asumir todas las deudas de sus Estados. Lo logró invitando a los principales líderes políticos del momento a cenar en su casa y aceptando meter en el acuerdo la ubicación del actual centro del poder mundial.
En España sabemos bastante de estos asuntos. Nuestra transición política fue un modelo inteligente y noble de esta práctica de malabarismo jurídico de mantel, que concluyó en nuestra Constitución de 1978. Entonces la izquierda aceptó la monarquía parlamentaria y la derecha un Estado Social, así como nuestro modelo autonómico, que los nacionalistas, por su parte, admitieron ante la ambigüedad de su redacción, cuyo desarrollo se dejaba para el futuro. Una historia que aun es objeto de elogios en todo el mundo civilizado.
Hoy, las negociaciones políticas han cambiado, como lo ha hecho nuestra case política. Hemos conocido gobiernos sin suficiente respaldo parlamentario que buscaron apoyos no siempre ofreciendo inversiones. Los grupos nacionalistas consiguen constantemente concesiones legislativas de todo orden. Desde hablar catalán en la intimidad hasta presidir sus puertos («del Estado») designados obligatoriamente desde finales de los años 90 por la respectiva Comunidad Autónoma. Algún malévolo llegó a apuntar que no merecía la pena ir a la cárcel por una utópica independencia cuando se puede comprar a plazos algo bastante parecido.
Pues bien, lo último del mercadeo de votos han sido los funcionarios de carácter nacional al servicio de la Administración Local. Solemne y resumido nombre con que designamos a los secretarios, interventores y tesoreros como función pública obligatoria de nuestros Ayuntamientos y Diputaciones. Un cuerpo centenario cuyo colegio profesional (Cosital) denuncia que el Gobierno vasco asumirá las competencias estatales en esa materia, como premio por el «apoyo» a los planes económicos del Gobierno (de la Nación). Se modifica así una norma básica mediante la Ley de presupuestos (a ver qué dice nuestro Tribunal Constitucional) transfiriendo a una institución funcionarial a la que se exige gran suficiencia técnica, así como una independencia profesional y una objetividad política con la que todos estamos en deuda.
No es un tema corporativo sino un asunto bastante más delicado. Entre otras cosas estamos hablando de contabilidad, tesorería, recaudación y fiscalización de los fondos públicos o del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera. Se trata del asesoramiento legal preceptivo o de la fe pública en nuestras corporaciones locales. En el fondo participamos en un juego de poder pues estos empleados públicos mantienen con el Ministerio de Hacienda y con el Tribunal de Cuentas de España una estrecha vinculación jurídica y emocional. Si pudieran hablar, ambas instituciones dirían: «Uno de los nuestros».
Ahora, se incorpora un procedimiento foral y distinto para el ingreso y promoción de esa carrera profesional de habilitado «nacional». Se traspasa al Gobierno vasco la selección y formación de estos funcionarios. Ya ocurrió entre 2007 y 2012, durante la anterior debilidad parlamentaria. La cercanía a los poderes no es buena, condiciona la independencia y rompe un escalón intermedio en la cadena de valor de la información financiera y su revisión.
La Asamblea General extraordinaria y urgente del Colegio Profesional de los secretarios, tesoreros e interventores locales, celebrada el 18 de diciembre pasado, aprobó por unanimidad pedir la supresión del proyecto de norma y emitió una dura nota para anticiparnos que, tras su aprobación, en el País Vasco sólo se convocarán plazas con un sistema selectivo y de promoción interna propio que no ha de respetar el general, y que no garantizará el acceso de profesionales del resto de España a las vacantes de ese territorio, «máxime teniendo en cuenta la consideración del conocimiento del idioma como requisito y no como mérito», afirman.
Ha empezado eso que el gran pensador Francisco Sosa Wagner, con su característica clarividencia ha denominado «la demolición de la habilitación nacional» que pronto continuará en los demás territorios españoles. Un verdadero peaje por el apoyo político en una votación parlamentaria. No supone ningún desembolso inmediato y el ciudadano medio tardará en percibir las consecuencias de una nueva concesión sobre un modelo de excelencia que funcionaba y ahora se devalúa.
No debemos olvidar las palabras de Miguel de Unamuno ante las Cortes de la República: «He oído decir: ‘Hay que darles todo lo que piden’. No; a nadie hay que darle lo que pide, porque ese es un mal sistema. Hay que darles lo que les convenga y lo que nos convenga a todos».
