Dentro de los acuerdos que trenzaron el pacto de gobierno de junio de 2019 en Canarias existe una cláusula implícita que reza, aproximadamente, que los partidos que apoyan al mismo podrán criticar las políticas o la falta de políticas de su propio Gobierno y, desde luego, del Gobierno central.
En estos dos años y medio ha sido Unidas Podemos quien más ha usado y abusado de dicha disposición hasta hartarse de inconsecuencias. Lo hacen con una perfecta paz de espíritu, una actitud naif y una desvergüenza ilimitada, incidiendo sobre todo en asuntos laborales, ecológicos y migratorios. En las ínsulas baratarias la coordinadora general de Podemos, Laura Fuentes, ha gastado muchas horas y cientos de tuits denunciando a los gobiernos español y canario – su organización forma parte de ambos – por situaciones que le indignan mucho. Ahora es Nueva Canarias quien reclama «una política canaria sobre migración para poder influir» en el Estado y la Unión Europea. Es desternillante. ¿NC descubre en 2022 que Canarias está afectada por la migración procedente de África, que las islas están pasivamente integradas en la geopolítica de las migraciones? ¿No lo sabía en 2019? Es vergonzoso que NC quiera encubrir su obvia responsabilidad con la hoja de parra de un comunicado de prensa. En lugar para reclamar esa política canaria de migración es el propio Gobierno, como socio del mismo, y el Parlamento. Cuando Luis Campos le exija a Ángel Víctor Torres el diseño y defensa de una política migratoria en la tribuna parlamentaria NC será creíble, se mostrará coherente y merecerá respeto. Mientras tanto es preferible que se estén callados y no sigan regurgitando excusas, necedades y postureos. Competencialmente está en manos del líder de NC, Román Rodríguez, las relaciones con la Unión Europea, que debería ser el instrumento básico y consensual para gestionar los flujos migratorios y evitar la pérdida de miles de vidas anuales, y Rodríguez, por supuesto, no ha gastado ni cinco minutos sobre estos asuntos en Bruselas. En realidad para el vicepresidente del Gobierno Bruselas ha sido en esta legislatura un lugar más lejano y misterioso que San Borondón.
El nuevo Pacto sobre Migración y Asilo supone un retroceso respecto a la situación anterior a 2020 y en la práctica, además, está ya parcialmente inutilizado La UE parece dirigirse a un limbo jurídico bajo el generoso principio de sálvese quien pueda, sobre todo, en el Sur del continente. Se han tomado opciones fundamentalmente punitivas, excluyentes e indecentes. Se está financiando a los estados de procedencia –como Marruecos o Mauritania -- o aquellos que deben cruzar los migrantes –como Turquía – para que sirvan de tapón legal o de despiadada policía de fronteras. Bruselas seduce a regímenes criminales o paga a matones. En Canarias el Gobierno central ha tomado una decisión clara: las islas son trinchera contra la migración africana y espacio logístico para la concentración de los desheredados y su devolución a países de origen. El objetivo es que ningún migrante pise la Península. Esta repugnante utilización de Canarias se ha normalizado casi plenamente, con la pleitesía debida del PSOE local y del propio presidente Ángel Víctor Torres, de cuyos cansinos discursos al respecto, empapados en lágrimas de cocodrilo, cabe deducir que cree enfrentarse a una catástrofe cosmológica y no a una crisis humanitaria con caracteres sociales y económicos propios y una raíz política evidente. Mientras tanto siguen ahogándose en el mar cientos de hombres, mujeres y niños tratando de llegar a nuestras costas. Una tumba inmensa y silenciosa. Al menos el océano no emite comunicados obscenos. Acoge, respira y calla.
